Embarazo de niñas y adolescentes: una realidad que debe cambiar

En Costa Rica, el número de nacimientos en la población de entre 15 y 19 años alcanzó los 4.724 en el 2022, en tanto en el grupo de 14 años o menos hubo 211 (más de cuatro a la semana).

Estas cifras se aproximan al 9 % del total de los nacimientos en el país. Además, los cantones fronterizos y costeros superan, y casi duplican, el promedio nacional, particularmente en niñas y adolescentes indígenas, afrodescendientes y migrantes.

Los datos muestran una evolución notable y no casual. En el 2000 el número rondaba los 16.000, esto es, un 21,2 % del total anual.

La reducción se debe a una política multisectorial y sostenida en el tiempo, y debe motivar no dar por sentados los resultados acumulados ni y a considerar que la positiva tendencia será inercialmente constante o irreversible. Avanzar requiere esfuerzos de todos.

Los pilares institucionales y normativos que lideran este cambio social costarricense han tomado casi tres décadas, entre estos, la creación del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente (Ciama) mediante la Ley General de Protección a la Madre Adolescente.

Es la instancia que, a cargo del Ministerio de Salud, articula las instituciones del sector social (MEP, PANI, IMAS, INA, MTSS, CPJ) y sanitario (CCSS, CEN-Cinái), empresas privadas, agencias de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, entre las que se destaca Paniamor.

El Código de la Niñez y la Adolescencia, junto con los subsistemas de atención y la creación del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar, brinda protección, así como las redes interinstitucionales y comunales se constituyen en brazo operativo para la ejecución y seguimiento de las acciones.

También la Ley de Paternidad Responsable y la de relaciones impropias son un marco para exigir los derechos fundamentados en el interés superior del menor de edad y para la determinación de quiénes son los progenitores y sus obligaciones.

Los programas de estudio de afectividad y sexualidad integral del MEP han permitido a los jóvenes desarrollar el pensamiento crítico y reflexionar con vistas a tomar decisiones saludables basadas en evidencia.

Por otra parte, está el modelo nacional para el tratamiento integral de adolescente de la CCSS, legado de la Iniciativa Salud Mesoamérica, que ha desarrollado un conjunto de intervenciones, como por ejemplo consejería, apoyo de pares, acompañamiento interinstitucional y acceso a métodos anticonceptivos modernos y de larga duración.

En suma, la reducción anual de adolescentes madres alcanzaba un 10 % promedio en los últimos 10 años, mientras en los primeros 12 años del nuevo siglo el promedio se mantuvo en un 1 %.

Las campañas educativas y los esfuerzos complementarios son múltiples, entre estos, “Yo quiero educación sexual para mi hija, como el 93 % de la población lo quiere”, “Tus decisiones tienen consecuencias”, “Lagarteando”, “EnSEÑAndo sexualidad” (campaña en lesco) y “Prueba de amor-Podemos decir No”.

Aunado a lo anterior, contamos con un sistema estadístico sobre nacimientos del UNFPA-INEC, la publicación de la Caja de Herramientas para la Prevención del Embarazo en la Adolescencia y la Violencia contra las Mujeres y el material didáctico “Rescatando el equilibrio” para la prevención de las relaciones impropias en las poblaciones indígenas bribri y cabécar de Talamanca, entre muchos otros.

Este recuento tiene como fin reconocer el impacto acelerador del consenso social plasmado en políticas de Estado. La meta es llegar a cero lo antes posible. Para garantizarla se requiere más acción de la institucionalidad, más recursos y alianzas público-privadas, y más participación que acelere el cambio cultural.

El autor es jefe del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Costa Rica.