EscucharLa migración es utilizada cada cierto tiempo por los políticos de turno con diversos objetivos o intereses. Las corrientes políticas en Occidente tienen el péndulo en la derecha, y dentro de su repertorio está la migración como un supuesto problema y, por tanto, “deben resolverlo”, pero, en el fondo, subyace la búsqueda de un chivo expiatorio, una distracción mediante la alimentación de la xenofobia.
La oficina de la ONU en Costa Rica se muestra preocupada por el auge de discursos de odio contra los migrantes, por ejemplo, el llamamiento a una marcha antiinmigración, lo cual, por definición, pone en vilo los derechos humanos de estas personas.
Asimismo, el presidente, Rodrigo Chaves, se apunta a revivir el viejo paradigma de la seguridad para interpretar el fenómeno migratorio y aprobar políticas públicas. La simplificación y criminalización propias de este paradigma tiene efectos sociales, políticos y económicos que los gobernantes, de forma alevosa o no, dejan pasar, por lo cual es necesario puntualizarlos.
Partiendo de que el discurso político de quien encabeza el Poder Ejecutivo siempre va a ser muy escuchado, la forma como moldee los hechos influirá en cómo estos son recibidos por la ciudadanía, independientemente de si le cree o no.
Siendo así, el presidente Chaves simplifica el fenómeno migratorio y lo reduce a figuras inexistentes, como “refugiado político” o “refugiado económico”, términos inexactos, que se enfocan en una narrativa donde mezcla elementos estereotipados y añejos, y se distancia de la complejidad de la migración.
En su presentación, el mandatario establece una mezcla indistinta entre las figuras del refugiado y el migrante económico, los culpa por su búsqueda de trabajo en territorio costarricense y sugiere el cierre de puertas a quienes dejan sus países forzosamente o por motivos económicos.
Esto último es muy arriesgado para un país que depende del trabajo de migrantes, como muestran los constantemente estudios de organismos especializados, como la OIM y la Cepal; el argumento técnico está claro, la economía nacional no se sostiene sin migrantes para labores en construcción, agricultura o servicios de cuidado.
Por otra parte, la amenaza de cambiar los procedimientos a partir de los cuales se gestiona el estatus de refugiado ignora las competencias de otros órganos estatales, pero, sobre todo, que el país debe responder a criterios establecidos en los acuerdos internacionales en materia migratoria y de derechos humanos.
Cabe recordar dos aspectos: un país que en algún momento decidió proscribir su ejército estaba decidiendo también apegarse al derecho internacional, por lo que no es de recibo escoger qué se respeta y qué no, pues puede conducir a la inseguridad jurídica.
Un país es tan respetuoso de los derechos humanos en la medida que respeta los de las poblaciones más vulnerables, es decir, no puede escoger según las personas. Los derechos humanos son universales; de lo contrario, perderían sentido.
josedaniel.rodriguez@ucr.ac.cr
El autor es politólogo.
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