¿Puede el clientelismo político carcomer progresivamente el sistema democrático o es un mal con el cual hay que convivir?
La democracia se basa en el principio de la igualdad de los ciudadanos y su derecho y obligación a gestionar las actividades públicas.
El clientelismo, por el contrario, parte de la asimetría o desigualdad de las relaciones entre las personas donde unos pocos son patronos políticos que, partiendo de su posición de poder, otorgan ventajas o privilegios a sus bases, los clientes que les dan soporte.
El clientelismo es la negación de la igualdad ciudadana que somete el acceso a los bienes públicos a las redes privadas de poder. Su práctica sostenida genera hábitos y valores que configuran negativamente la política cotidiana.
De poco sirve, en este contexto, la educación cívica formal contrapuesta a una práctica cotidiana que niega los valores ciudadanos y convierte al ciudadano en cliente y la realidad cotidiana reafirma la eficacia de las redes clientelares.
La práctica clientelista en el manejo de la gestión pública se parapeta tras un lenguaje formal de normativas contradictorias que permiten ser interpretadas casuísticamente por los funcionarios. De tal forma, según sea el caso e intereses, se pueden convertir en barreras infranqueables o portillos discrecionales.
Se generan así condiciones para que florezcan el peculado y la corrupción y se consoliden estructuras y grupos de poder que privaticen de hecho o de derecho la gestión pública.
Esto último es particularmente peligroso, ya que estimula el corporativismo, es decir, el posicionamiento de grupos de interés en las instancias públicas, y la subordinación a sus intereses particulares (educación, transporte, etc).
Una vez que ha sido subordinado, lo público a lo particular, se abre camino para que todo tipo de fuerzas apoderadas de recursos, tomen los gobiernos locales e incluso instituciones nacionales, como ha sucedido en México.
Impacto destructivo. Quizás uno de los peores efectos que tiene el clientelismo sobre la vida democrática es su impacto destructivo sobre las organizaciones populares.
En busca de controlarlas y cooptarlas para los intereses de sectas y partidos, los gobiernos crean instituciones “promotoras” para que se encarguen de tutelarlas. Así con recursos públicos se generan estructuras formales y “liderazgos” que terminan por corromper las organizaciones transformándolas en fajas de transmisión del poder clientelista.
Lo grave de este tutelaje es que mata la creatividad y la iniciativa internas y genera, en su lugar, la dependencia. Lo que antes se lograba por iniciativa y esfuerzo propio tensando el músculo creativo y las capacidades organizacionales, ahora se obtiene por la asignación de recursos públicos sometiéndose a lealtades.
Se modifica progresivamente el perfil del dirigente exitoso. Ya no lo es quien impulsa la organización y la apodera a través del esfuerzo colectivo, sino quien tiene buenos padrinos que le facilitan los recursos a la organización.
Esto no solo cambia el perfil del dirigente, también afecta negativamente la formación de capital social, que es la base del progreso. Lo que antes se hacía gracias a la organización y cooperación de la base popular se produce ahora desde las relaciones de poder.
Autonomía y desarrollo. Si bien el Estado debe estimular las condiciones para desarrollo y formación de organizaciones populares, esto debe realizarse a través de políticas que estimulen autonomía y desarrollo territorial local. Debe abstenerse de imponer modelos en los cuales cada institución establece la forma de organizarse, incluso en pueblos pequeños donde una sola organización es suficiente, en vez de Asadas, asociaciones de desarrollo, centros agrícolas cantonales, etc., cooptadas por funcionarios que condicionan el apoyo a las lealtades.
El hecho de dar autonomía y sacar a las organizaciones de las fajas de poder clientelista crea nuevas condiciones para generar alianzas y posibilidades de consensos nacionales.
El clientelismo y sus consecuencias nefastas se nutren en gran medida de las políticas públicas, especialmente de aquellas políticas sociales que bajo el manto promocional promueven la subordinación de las organizaciones y siembran la dependencia y pasividad.
Una evaluación de estas por resultados, con participación de las comunidades, en vez de controles burocráticos, es el primer paso para revertir la dinámica perversa existente, al mismo tiempo que abre un espacio para redirigir inmensos fondos hacia quienes de verdad los necesitan.
Es preciso, además, una revisión de la educación cívica actual. Para formar a las nuevas generaciones se requiere un enfoque proactivo de la educación; que contraste la teoría con la práctica institucional cotidiana, que promueva el ejercicio de una ciudadanía mediante acciones y actividades transformadoras de la practica clientelista.
El clientelismo, si bien es parte de la inercia cotidiana, es un cáncer que enferma progresivamente la civilidad y la vida democrática y nos lleva al caos. Ignorarlo es meter la cabeza en la tierra como el avestruz.
Enfrentarlo a través de nuevas prácticas es una tarea de supervivencia, de otra forma es inevitable la decadencia de nuestro sistema, como lo sugiere Fukuyama en su más reciente libro, titulado Political Order and Political Decay.
Miguel Sobrado es politólogo.