La acción oficial sobre el agua no está estratégicamente organizada con vistas a beneficiar a los ciudadanos
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Roberto Protti Quesada
Estamos en lo que se suele llamar la semana del agua. Existen muchos organismos, instituciones, empresas públicas, direcciones y asociaciones que dominan la administración del recurso hídrico, desde grandes organizaciones hasta pequeñas Asadas rurales a cargo del acueducto de un pueblo.
El poder sobre el recurso, en realidad, lo ostentan tres actores principales. El primero es la Dirección de Aguas (DA) que depende del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Su función es gestionar el uso del agua mediante trámites y el otorgamiento o rechazo de concesiones de aprovechamiento de fuentes superficiales, aguas subterráneas (pozos), agua marina, etc.
Esta institución es la responsable también de los permisos de perforación del subsuelo y para efectuar obras en cauces de dominio público. Es la que dictamina si un cuerpo de agua es de dominio público y si se trata de cuerpos de agua en zonas de protección según la Ley de Aguas y la Ley Forestal, ambas con más de 35 años de antigüedad.
El segundo es la Dirección de Recurso Hídrico (DRH) del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara), que depende del Ministerio de Agricultura.
La DRH realiza investigaciones sobre el recurso de aguas subterráneas y también elabora las políticas de regulación del uso del suelo en función de la vulnerabilidad o riesgo de contaminación al que exponen las acciones humanas a este recurso.
Es, además, institución de consulta obligada para la DA, para el trámite de permisos de perforación de pozos, y para Acueductos y Alcantarillados (AyA), en lo que se refiere a exoneraciones cuando se construyen alcantarillados sanitarios o plantas de tratamiento de aguas residuales en desarrollos inmobiliarios.
El tercero es el mismo AyA, que no depende de nadie y atiende dos funciones principales: es responsable del abastecimiento a la población y, en particular su área de Gestión Ambiental, emite regulaciones ambientales para la protección, conservación y reserva futura del recurso. También, es de consulta obligada para la DA cuando se trata de trámites relacionados con permisos de variada índole para usar el agua.
Organizativamente, esto suena bien, y en general funciona bien, pero —siempre hay peros— resulta que esas instituciones no coordinan entre sí de la mejor forma. Todas producen regulaciones propias, distintas y contradictorias en algunos casos. Ejemplos de ello son las metodologías para el sellado de pozos, los distintos términos de referencia para el mismo tipo de estudios del recurso o las regulaciones de una institución que no son aceptadas por otras, etc. La situación se complica cuando además intervienen las Asadas, la Setena, empresas de servicios públicos y otros ministerios.
Dentro de este océano de actores con mucho o poco poder sobre el recurso hídrico, el gran afectado es como siempre el usuario, ya sea que se le brinde o se le niegue un ya de por sí caro y deficiente servicio de abastecimiento de agua, o sea objeto de confiscaciones sin indemnización de propiedades afectas a leyes relacionadas con zonas de protección.
En definitiva, la acción oficial sobre el agua no está estratégicamente organizada, prevalecen orgullos, narcisismos, celos profesionales o personales e institucionales que no dejan que el agua fluya como debe, como su naturaleza le obliga y como es su deber: hacia todos.
El agua es usada hasta para politiquear, para lucirse trazando mapas que no son más que dibujos, para definir zonas de reserva que son violadas a gusto y placer de grupos en pugna, para crear plataformas informativas cargadas de errores que muchas veces lastiman los derechos del pueblo, para programas de monitoreo de acuíferos que han sido usados para imponer vedas a la perforación de pozos, en este caso me refiero en particular al acuífero Huacas Tamarindo, que no está sobreexplotado ni se encuentra siquiera cerca de esa condición. Eso se determinó colocando sensores.
La recarga del acuífero se produce anualmente sin desfase con las curvas de precipitación, sin que a lo largo de este siglo se haya notado algún decremento sostenido en su nivel base después de la recesión estival, o sin que se haya detectado ningún incremento en la salinidad de sus aguas. Ambos argumentos fueron usados como justificación para negar al ciudadano el agua que tanto necesita.
El hecho de que estos tres actores respondan a ministerios diferentes, con políticas no siempre concordantes, o que no obedezcan a nadie, no parece ser lo más acertado.
A quienes les corresponde velar por el agua nunca han propuesto, por lo menos con ahínco, cambiar los pocos articulados de la Ley de Aguas y la Ley Forestal que limitan el uso y desarrollo del recurso, nunca han planteado una reorganización más apegada a las tecnologías modernas de control, coordinación, uso de bases de datos, verificación, medición, etc., fuera de programar las llamadas plataformas para que los usuarios sufran cada vez que tratan de hacer un trámite relacionado con el agua. Espero que el nuevo gobierno cambie el statu quo.
El autor es geólogo, consultor privado en hidrogeología y geotecnia desde hace 40 años. Ha publicado artículos en la Revista Geológica de América Central y en la del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).
Las instituciones encargadas de administrar el recurso hídrico no coordinan entre sí de la mejor forma. (Jorge Navarro para LN)
