El ser juez de la República es uno de los oficios más dignos y respetados, cuyo reconocimiento social sobrepasa en mucho el criterio que se tiene del abogado litigante.
Por ello, muchos jueces son tentados por los importantes despachos jurídicos a dejar la judicatura e incorporarse al ejercicio privado de la profesión. Con ello, los exjueces obtienen mejores ingresos económicos, y el despacho jurídico que los incorpora asegura la atracción de una mayor clientela, debido al realce, la dignidad y el prestigio profesional que suele acompañar a dicho estamento judicial.
Otros jueces, sea por una decisión personal, o bien por razones de jubilación, al dejar de serlo, se incorporan al ejercicio privado de la profesión liberal de abogado, acompañados de una impecable carta de presentación, o sea, su condición anterior de jueces.
Experiencia acumulada. Ciertamente, la experiencia acumulada durante el ejercicio de su cargo no debe, de ninguna manera, desperdiciarse y, por el contrario, se debe poner al servicio del ciudadano que requiere cada vez más de servicios altamente especializados, siendo que, de alguna manera, el “cliente” se encuentra en situación muy confortable cuando ha puesto su “caso” en manos de un exjuez, cuya experiencia en la rama específica le transmite seguridad y una alta posibilidad de encontrar reparo a su reclamación.
Sin embargo, lo anterior conlleva algunos inconvenientes que podrían socavar la credibilidad de los propios tribunales de justicia, por cuanto no existen limitaciones para los exjueces, quienes pueden litigar ante el despacho judicial del cual fueron sus jerarcas.
Es entendible y humanamente lógico que sus anteriores subalternos estén prestos a colaborar con el trámite judicial que el exjuez ventila en ese despacho. Aunque ciertamente, dentro del marco de la legalidad, podría ser que se agilicen trámites, notificaciones y resoluciones. Aunque ello no fuere así, la contraparte se siente en desventaja. Suele suceder que, ante una gestión judicial –por ejemplo, una prueba confesional–, el exjuez, al llegar a la audiencia, es recibido con algarabía por el personal del tribunal, todo frente al otro litigante y su cliente, que lógicamente se sienten intimidados
Y, si prospera la confesional y resulta que su ejecución le corresponde, siguiendo los mecanismos de distribución judicial de juicios, en el mismo despacho, entonces en la contraparte lógicamente nace un sentimiento de indefensión y frustración, y, por qué no, de falta de credibilidad en la justicia.
Razones éticas. Conozco a exjueces que, por razones éticas, no tramitan asuntos en los estrados judiciales donde podría interpretarse que tienen ventaja por sus vínculos anteriores. Sin embargo, podrían existir otros que, por el contario, directa o indirectamente, promocionen esa circunstancia e insinúen a potenciales clientes una ventaja, si fueren contratados para llevar un caso concreto en el despacho judicial que estuvo bajo su dirección.
Me parece que este asunto no puede quedar al arbitrio ético de cada profesional. La Corte o el Colegio de Abogados deberían delimitar esta circunstancia, pues, al final, la administración de justicia resulta altamente perjudicada en su credibilidad cuando se producen situaciones como la indicada líneas arriba.
Hago simplemente este comentario con la sana intención de que posibilite un debate sereno y bien intencionado.