Cuando la religión y la política se mezclan, la democracia sufre
Sorprende que el obispo de la Diócesis de Tilarán no comprenda el significado de la máxima ‘a Dios lo que es Dios y al césar lo que es del césar’
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Luis París Chaverri
El obispo de la Diócesis de Tilarán, monseñor Manuel Salazar, en su homilía del Domingo de Ramos, abogó por la injerencia de la religión en la política y arremetió contra la laicidad del Estado.
Dijo estar cansado de escuchar “la gran burrada de que no hay que mezclar la religión con la política” y se escudó en la frasecita “a Dios lo que es de Dios y al césar lo que es del césar”, ya que quienes la utilizan pretenden —según él supone— que los cristianos se dediquen a rezar en los templos y dejen a los políticos hacer lo que les plazca.
La frase a la cual el obispo aludió con desdén, de acuerdo con los Evangelios, fue pronunciada por Jesús, y, 2.000 años después, el papa Benedicto XVI se refirió a ella en estos términos: “Es propia de la estructura fundamental del cristianismo la distinción entre lo que es del césar y lo que es de Dios, esto es, entre el Estado y la Iglesia”.
Ratzinger también afirmó que para los cristianos está claro que “la religión y la fe no están en la esfera política, sino en otra esfera de la realidad humana”. “La política, el Estado, no es una religión, sino una realidad profana con una misión específica”, agregó.
Para él, la Iglesia reconoce y respeta esa distinción y autonomía, pero también se alegraba de ella, pues constituye un gran progreso de la humanidad y una condición esencial para su misma libertad y el cumplimiento de su misión.
Manifestó, además, que a la Iglesia no le compete indicar cuál ordenamiento político y social se debe preferir, sino que es el pueblo el que debe decidir libremente la forma de organizar la vida política y que “toda intervención directa de la Iglesia en este campo sería una injerencia indebida”.
También Juan Pablo II había advertido que identificar la ley religiosa con la civil “puede sofocar la libertad religiosa y hasta limitar o negar otros derechos humanos inalienables”.
Dicho de otro modo, cuando se mezcla la fe con la ley se corre el riesgo de legislar de acuerdo con las creencias de algunos grupos y excluir y perjudicar a quienes no piensan igual.
Las máximas autoridades de la Santa Sede están a favor de que las relaciones entre el poder civil y el espiritual se desempeñen con independencia.
Reconocen la autonomía de lo político y civil respecto de lo religioso y espiritual, y abogan por respetar el papel de las religiones en la formación integral de las personas.
La injerencia de la religión en la política, que en el país aumentó en las últimas décadas, es contraria al principio de independencia y autonomía que debe regir las relaciones entre el ámbito de lo político con el de la religión que la Iglesia católica favorece y promueve.
Esa injerencia es un fenómeno que tiene repercusión en casi toda Latinoamérica. Las iglesias evangélicas tratan de imponer su “agenda moral” en los procesos electorales y en la gestión gubernamental en varios países, como detalló un reportaje publicado el 24 de abril, titulado “Política y religión: así han crecido los movimientos cristianos en Latinoamérica”.
Los grupos religiosos, debido a su influencia en las esferas del poder político, promueven discursos conservadores que dan pie al crecimiento de la polarización, al introducir en la política factores religiosos que favorecen la intolerancia contra los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, por ejemplo, y degradan el debate democrático, según el reportaje publicado originalmente en El Tiempo de Bogotá y reproducido por La Nación, como miembro del Grupo de Diarios de América (GDA).
Los fundamentalistas evangélicos están influyendo en la toma de decisiones debido a sus mayorías parlamentarias para aprobar leyes que disminuyan o no reconozcan los derechos por cuestiones religiosas.
El obispo Salazar también llamó ignorantes a los políticos que promueven un aparato estatal sin religión oficial, porque él cree que “Dios es el absoluto y está por encima de todo”, de políticos, leyes, normas, reglas y hasta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Esa crítica a la laicidad del Estado del obispo de Tilarán, aunque es congruente con la resistencia de la Conferencia Episcopal a todo intento de reformar el artículo 75 de la Constitución Política, contrasta con la posición oficial de la Iglesia católica, expuesta en documentos y declaraciones de sus máximos representantes.
En su visita a Brasil, en julio del 2013, el papa Francisco defendió el Estado laico. “La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del factor religioso en la sociedad”, dijo.
El pontífice fue aún más categórico cuando en una entrevista con la revista católica francesa La Croix, el 17 de mayo del 2016, manifestó que “un Estado debe ser laico” porque “los Estados confesionales terminan mal”.
Sorprende que Salazar promueva la injerencia de la religión en la política en vista de sus nefastos efectos en los sistemas democráticos.
Obispo de la Diócesis de Tilarán, monseñor Manuel Salazar, en su homilía del Domingo de Ramos. (Tomada del Facebook de Monseñor Manuel Eugenio Salazar)
