EscucharLa violencia sexual en los conflictos está aumentando en todo el mundo. En un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, se identificaron en el mundo 49 agentes, estatales y no estatales, como sospechosos de haber cometido, o de haber sido responsables de violación u otras formas de violencia sexual en situaciones de conflictos armados en el 2021.
El testimonio de una mujer de la región de Equatoria Central, en Sudán del Sur, describe una situación que, por desgracia, resulta demasiado común. Atacada por soldados en su propia casa, contó: “Después de que un hombre me mordiera, otro me apuntó directamente al pecho con la pistola y me dijo que si no los aceptaba me mataría”. Esta violación a sus derechos humanos ocurrió delante de sus hijos aterrorizados.
La violencia sexual y de género aumenta siempre que hay un conflicto armado porque el miedo, el caos y la confusión crean condiciones perfectas para los agresores. Los conflictos armados agudizan las desigualdades de género que repercuten exacerbadamente sobre mujeres y niñas en todo el mundo, aumentando los niveles de violencia a los que de por sí ya están expuestas.
La ruptura de normas sociales, de las restricciones legales y de protección común otorga a los hombres armados la oportunidad de aprovecharse de mujeres, niñas, niños y adolescentes vulnerables. A menudo, como una táctica intencionada para aterrorizar a la población.
Los conflictos y los desastres naturales separan familias y las obligan a trasladarse a campos de refugiados y otros sitios inseguros. Los separan de sus comunidades, estructuras sociales y redes de apoyo, así como de los servicios sanitarios y sociales.
En estos, mujeres y niñas tienen más probabilidades de sufrir violencia de género y se vuelven extremadamente vulnerables a abusos físicos, sexuales y psicológicos. De hecho, de los casos de violencia sexual en conflictos reportados durante el 2021, el 97% fueron de mujeres y niñas.
Las mujeres, niños, niñas y adolescentes migrantes también se enfrentan a un mayor riesgo de violencia de género debido a la falta de rutas seguras y reguladas. Esto se ve agravado por la falta de acceso a servicios básicos e información, incluida la relacionada con sus derechos, así como por barreras lingüísticas y acceso limitado o nulo a un trabajo decente y a oportunidades educativas.
Una evaluación realizada entre migrantes y refugiados en la frontera entre Colombia y Venezuela clasificó la atención y la prevención de la violencia sexual y de género como una de las 10 principales necesidades insatisfechas en materia de salud sexual y reproductiva.
Una revisión de 19 estudios estimó que el 21% de las mujeres desplazadas sufrieron violencia sexual. Sin embargo, es probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que el registro de los incidentes es irregular y las mujeres suelen tener miedo a hablar por temor al estigma social.
En circunstancias de desesperación, las mujeres, niñas y adolescentes pueden verse obligadas a intercambiar sexo por comida, dinero y otros recursos necesarios para sobrevivir. Hasta un tercio de las niñas que viven en un entorno de crisis humanitaria afirman que su primera relación sexual fue forzada.
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Pandemia
Pero los conflictos armados no son el único motor de la violencia sexual y de género. Las emergencias sanitarias, en particular la covid-19, y las catástrofes naturales, incluidas las ocasionadas por el cambio climático, son también factores influyentes.
Antes de la pandemia, una de cada tres mujeres en el mundo había experimentado violencia física o sexual por parte de una pareja íntima. En el 2021, una evaluación realizada por ONU Mujeres en cuatro países descubrió que más de la mitad de las mujeres encuestadas declararon que ellas, o alguna mujer conocida, sufrieron violencia física y abusos verbales desde que se inició la pandemia.
La covid-19 también ha interrumpido los servicios sanitarios esenciales y desviado recursos para responder a la pandemia. Las barreras para reportar y acceder a servicios, incluidos estigma, miedo a represalias y un Estado de derecho frágil, han existido desde hace mucho tiempo, pero se han intensificado debido a la crisis sanitaria. Adicionalmente, las restricciones de movilidad no permiten a las supervivientes de violencia sexual acceder a servicios esenciales.
El cambio climático y las catástrofes naturales originan pobreza, desplazamientos, conflictos y pérdida de años de educación. Llevan, indirectamente, a un aumento en el matrimonio infantil, reconocido por el derecho internacional como una forma de violencia de género.
Por desgracia, el matrimonio infantil es solo una atrocidad más de una larga lista. Durante el 2018, la ONU verificó más de 24.000 violaciones graves contra niños, niñas y adolescentes en veinte países, incluido el reclutamiento de niños soldados, asesinatos o mutilaciones y agresiones sexuales o secuestros.
Acciones dirigidas
Estas atrocidades no desaparecerán por sí mismas. Necesitamos urgentemente acciones específicas para prevenirlas y responder a ellas, especialmente en entornos frágiles y de crisis humanitarias, respetando los derechos humanos universales y el derecho internacional humanitario.
Los supervivientes requieren servicios específicos de salud sexual y reproductiva y atención social, así como participar en la toma de decisiones. Sin embargo, como demuestran los datos, a menudo no se dispone de esa atención o no está a la mano.
Asimismo, exigen justicia y rendición de cuentas de los perpetradores. Pero la mayoría de los crímenes quedan impunes, no hay consecuencias para los responsables y los supervivientes se ven sin reparaciones.
A escala global, es necesario un esfuerzo multilateral y sistemático para acelerar la respuesta y prevenir la violencia sexual y de género, y reforzar la colaboración internacional para lograr salud y derechos sexuales y reproductivos para toda la población, incluida la prevención. También se debe asegurar la respuesta a supervivientes con una perspectiva de género y de edad, alineada con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
En el ámbito nacional, los países deben crear políticas y concentrar recursos para proteger la salud física y mental de las personas refugiadas y en desplazamiento, así como de otras en riesgo de violencia sexual debido a conflictos armados.
Las medidas deben integrarse en un programa global de salud y derechos sexuales y reproductivos, que proteja el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en todos los casos, incluidos en los de respuesta humanitaria. También son necesarias las medidas para promover la rendición de cuentas y reducir la impunidad de los perpetradores.
Plaga global
Los países deben destinar inversiones a largo plazo y elaborar planes de protección social con el fin de integrar esta agenda en su respuesta humanitaria de emergencia y programada, incorporando este enfoque en todos los sectores de actuación. Esto incluye inversiones en el fortalecimiento de capacidades, el análisis y seguimiento de datos, la formación esencial de los trabajadores en el campo de la salud y la creación de un ambiente propicio y seguro en el que puedan trabajar.
Nos enfrentamos a una plaga global de violencia sexual y de género, que se alimenta del caos anárquico de los conflictos armados, de la perturbación sin precedentes que ha generado la covid-19 y de la creciente destrucción ocasionada por el cambio climático.
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha elaborado una guía sobre las dimensiones relacionadas con el género para la reducción de riesgos por desastres debidos al cambio climático y los conflictos mencionados.
Tenemos las herramientas para acabar con esta plaga, pero será necesario abordar el problema a través de alianzas en todos los niveles. Nuestras acciones deben estar guiadas por los principios clave de los derechos humanos: igualdad y no discriminación, participación y empoderamiento, rendición de cuentas, así como acceso a la justicia.
Ningún aporte individual tendrá el impacto necesario por sí mismo; todos los sectores y actores relevantes deben contribuir a erradicar la violencia sexual y de género en conflictos armados y entornos humanitarios.
Autores: Helen Clark, presidenta de la Junta de la PMNCH; Michelle Bachelet, ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación de España.
