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No sé si todos se habrán dado cuenta de que las investigaciones relacionadas con compras del Estado es solo la punta de una serie de irregularidades institucionalizadas que podrían prestarse para la corrupción.
Carteles con especificaciones técnicas y condiciones que solo un oferente es capaz de cumplir. La exigencia de certificados innecesarios y excluyentes, tiempos de entrega de hasta cinco días hábiles, sin tratarse de compras de emergencia, o injustificadas muestras equivalentes a un 25 % de la adquisición.
Una institución triplica el costo de los bienes con solo pedir un tiempo de entrega menor. Los tiempos de entrega son de un mes hábil o menos (solamente el transporte marítimo toma 30 días hábiles como mínimo) lo que deja fuera a potenciales oferentes y castiga a los proveedores directamente.
Más serio aún es que los sobreprecios terminan encareciendo las tarifas o impuestos que salen de nuestros bolsillos. Sumado a esto, los elevados porcentajes de multa diaria por atraso en la entrega llegan a alcanzar un 25 % del monto adjudicado, lo que desincentiva la participación de buenos proveedores que harían más eficiente la inversión pública.
Por otro lado, mediante concursos, se exige la presentación de una oferta en dos días hábiles, comprometiendo la capacidad del proveedor para negociar precios y entregas con las fábricas.
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En la mayoría de los casos, un participante solo puede apelar ante la Contraloría General de la República cuando el monto adjudicado supera un millón de dólares. Un altísimo porcentaje de las adquisiciones se efectúan por compras directas, por tanto, no existe el recurso de apelación ante el ente contralor. ¿Quién defiende a los proveedores, que serían los mejores fiscales para fortalecer la competitividad en precios y calidad de los productos?
La objeción de un cartel debe hacerse en una tercera parte del tiempo que se otorga entre la fecha de publicación y la del cierre de los participantes. Esto equivale a un día hábil, usualmente, lo cual es absolutamente desproporcionado.
En algunas instituciones no se justifican las compras llave en mano, porque poseen los recursos técnicos y humanos para llevar a cabo lo necesario de forma eficiente. Aun así mantienen la misma planilla.
Funcionarios que no se acogen a la dedicación exclusiva se prestan para brindar servicios o productos a la misma institución en la que trabajan.
Entidades estatales han llegado a pagar precios hasta un 300 % más elevados por imposición de requisitos parcializados e innecesarios que descartan compañías mundialmente reconocidas.
A pesar de que en el Sicop los documentos de los contratos son de acceso público, el sistema no elimina los vicios señalados. Existe la creencia falsa de que esta plataforma es sinónimo de transparencia; sin embargo, las irregularidades no son corregidas, dada la carencia de un ente que tutele compras inferiores a los ¢620 millones.
Las especificaciones técnicas, tiempos de entrega, certificados y muestras, entre otros, deberían favorecer la competitividad y la eficiencia, no entorpecerla.
Asimismo, se sataniza un acercamiento legítimo y transparente a los funcionarios, mientras por otro lado se gestan las irregularidades. Dichos funcionarios se vuelven inaccesibles y terminan blindando las instituciones.
¿Quién va a defender a los proveedores que para tener la posibilidad de ganar una oferta se enfrentan a un campo minado o a una carrera de obstáculos? ¿Quién va a defender al país de esta delicada situación que nos está carcomiendo y empobreciendo?
La autora es administradora de empresas.
