18 enero, 2012

La agresiva retórica sobre el río San Juan que todavía subsiste en Nicaragua siglo y medio después de la firma del tratado Cañas-Jerez en 1858 es incomprensible para la mayoría de los ticos. Costa Rica en ningún momento ha cuestionado la soberanía nicaraguense sobre el río San Juan, aunque autoridades y medios de comunicación de Nicaragua se han empeñado en hacerle creer a su población lo contrario. Incluso la invasión armada de la fluvial isla Portillos, la publicación de mapas nicaraguenses mostrando esa isla Portillos como anexada y el envío de turbas y soldados a nuestro territorio se le han vendido al pueblo nicaraguense como relacionados con el río San Juan, algo a todas luces falso.

El tema del río, desde las percepciones emocionales de Nicaragua, se relaciona directamente con el del soñado canal interoceánico. En el imaginario nicaraguense, el canal interoceánico sigue siendo un sueño de riqueza y posible solución a su situación económica. Algo así como la fuente de la renta perpetua que prescriben los economistas como receta para alcanzar el desarrollo y que otros países basan en la extracción de petróleo. Incluso en los últimos años en varias ocasiones los medios de ese país han informado que el presidente Ortega y sus ministros han presentado proyectos canaleros a Gobiernos y empresas privadas de otros países.

De acuerdo con su tradición de democracia desarmada y respetuosa del derecho internacional, Costa Rica llevó a la Corte Internacional de Justicia –órgano jurídico de las Naciones Unidas– la invasión a la isla Portillos, y ese tribunal ordenó la salida de tropas y civiles nicaraguenses de la zona. Nicaragua no solo ha sido reticente a cumplir la orden de la Corte, sino que azuza a sus jóvenes a invadir y hacer gestos de respaldo a su pretendida anexión de la Isla y además perturba a los ticos que intentan ejercer en sus pangas y botes el derecho perpetuo de libre navegación en el río San Juan que el tratado le reconoce a Costa Rica y que perpetuamente ha irritado sobremanera a Nicaragua. Todo ello bajo la tutela del ejército que un día lleva al pabellón nacional nicaraguense y otro la bandera sandinista. Para Costa Rica es por tanto natural aunar a la defensa ante los tribunales internacionales una serie de actos de soberanía como la construcción del camino aledaño al río San Juan y la restauración asistida de toda la isla Calero.

Obra necesaria. El Gobierno de Costa Rica ha habilitado un camino rústico, que lógicamente se encuentra en su totalidad en territorio nacional. Esta vía garantiza la conectividad entre los pobladores de la zona, facilita el acceso a socorristas, guardaparques, maestros, médicos y otras autoridades que tradicionalmente han enfrentado obstrucciones, obstáculos y hasta cobros ilegales cuando para ir a cumplir con sus labores han intentado navegar por el San Juan en la parte donde Costa Rica tiene derechos de navegación.

En otras palabras, para no depender del ánimo de los soldados que administran el San Juan, ha sido necesario conectar trochas, trillos y abrir un camino que permita a los habitantes y autoridades de la zona costarricense moverse entre pueblos fronterizos y hacia el interior del país. Esa obra en construcción es necesaria y de respuesta soberana. Lo lógico hubiera sido que Nicaragua celebrara jubilosamente esa obra, para que los costarricenses no tuvieran necesidad de volver a utilizar el río. Pero ha ocurrido todo lo contrario: como la nueva ruta le pondrá fin a los abusos y chantajes de los soldados nicaraguenses, las autoridades de Niacragua ahora se rasgan las vestiduras y piden que se detenga la construcción del camino, porque supuestamente daña la ecología. Si la ensartas, pierdes, y si no, también.

Es importante aclarar que la carretera que construye el Gobierno costarricense no ocupa el Humedal Caribe Noreste y, por ende, no está afectando el sitio Ramsar. Por el contrario, los efectos adversos de la invasión y ocupación militar en isla Portillos persisten, y en los territorios circunvecinos tienen un carácter potencial de amenaza, por lo que el país debe estar debidamente preparado.

Toda obra civil para atender emergencias –no previsibles–, como una invasión militar o un sismo, debe ser llevada a cabo inmediatamente por el Estado. Pasada la emergencia, restaurado el control nacional y protegidos sus ciudadanos, se puede proceder a mitigar y remediar los impactos ambientales y sociales que causó el evento, en este caso la invasión nicaraguense. Naturalmente casi todas las acciones serían ex post y de remediación. Esto es de sentido común e incluso los manuales y libros de texto sobre EIAs prevén estas situaciones. Por ejemplo, en Environmental Impact Assessment, de Alan Gilpin, se define mitigación como “acción tomada para prevenir, evitar o minimizar el efecto adverso real o potencial de una política, plan, programa o proyecto” (p.171, traducción del autor).

Restauración natural asistida. En las primeras semanas del 2012, nuestros equipos de expertos en materia ambiental comenzarán la restauración asistida de isla Portillos y de todo Calero. Iniciaremos con una restauración natural asistida de los bosques talados, del flujo normal de los cuerpos de agua y construiremos instalaciones apropiadas para una mayor presencia de los guardaparques e investigadores en esa zona.

Primero realizaremos esta etapa de cuidados intensivos a la zona invadida y ocupada directamente por el Ejército o en asocio a las turbas sandinistas. Acto seguido, ampliaremos nuestra acción ambiental a toda la zona circunvecina, el camino rústico y la zona fronteriza. Plantaremos árboles, protegeremos taludes y otras obras de mitigación para evacuar y conducir las aguas de lluvia, tajos y zonas de préstamos de materiales serán recubiertos por la vegetación tanto en forma natural como asistida, se revisarán los sistemas naturales de drenaje de aguas y, de ser necesario, se reforzarán con alcantarillas, vados e infraestructura típica de la construcción de caminos rústicos y se monitoreará el impacto de la llegada de la luz eléctrica sobre la fauna y flora de estas poblaciones.

Todo esto se efectuará de acuerdo con el plan técnico presentado y aprobado por la Secretaría de la Convención Ramsar y siguiendo las instrucciones de la Corte Internacional de Justicia, que en marzo de 2011 reconoció a Costa Rica el derecho a la custodia ambiental del lugar. Este proceso requerirá de un monitoreo permanente, verificar cada paso dado y reportarlo a Ramsar, las Naciones Unidas y la misma Corte.

René Castro Salazar. Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, República de Costa Rica