EscucharLo dice una conocida canción de los años ochenta: “Decisiones, todo cuesta”. En los últimos cuatro años, Costa Rica pasó de tener un 43% de hacinamiento carcelario a un 5,8% al cierre de marzo del 2022.
El país dejó atrás la categoría de hacinamiento (más del 20%) para ubicarse en la de sobrepoblación.
La mejora obedece, en gran medida, a la construcción y rehabilitación de unos 2.200 espacios penitenciarios, cuya inversión asciende a los ¢22.000 millones, aproximadamente.
En esta coyuntura, cabe resaltar la entrada en funcionamiento del Centro de Atención Institucional (CAI) Terrazas, proyecto de 1.248 nuevos espacios, con un costo superior a los $24 millones.
La construcción tomó seis años. En otras palabras, el desarrollo de infraestructura penitenciaria no es ni rápido ni barato. Para que funcione se necesita más que ladrillos.
En la última década, las necesidades de recurso humano fueron satisfechas en menos de un 15%. Por esta razón era indispensable más personal policial, técnico y administrativo a fin de que Terrazas arrancara motores. Esto, sin mencionar el equipamiento.
Necesidades penitenciarias versus posibilidades fiscales significa decisiones complejas y valientes en tiempos de estrechez; y decisiones coherentes, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.
Es común tener noticias de nuevos proyectos de ley que plantean la aplicación de la famosa “mano dura” para sancionar la comisión de delitos a través de la creación de nuevas penas privativas de libertad, o bien, mediante el aumento de las existentes.
Lo que no es común es escuchar que, junto con la promulgación, se aprueben los recursos que cubran las necesidades de los ingresos penitenciarios que la legislación generará.
Parece existir un supuesto tácito según el cual es posible que entren más personas en los mismos espacios y que sean atendidas por la misma cantidad de personal.
No aparece tampoco en la ecuación la evolución que experimentó el perfil delictivo, que exige un manejo cada vez más sofisticado para asegurar, simultáneamente, el respeto de los derechos humanos y la seguridad nacional que descansa en el sistema penitenciario.
Si se quiere eliminar el remanente de sobrepoblación carcelaria del 5,8%, necesitamos que entren en funcionamiento dos CAI Terrazas más, es decir, hay una deuda pendiente con el sistema penitenciario.
Quienes aprueban leyes que envían a más personas a las cárceles deberían incluir los recursos para que estas descuenten sus sentencias en condiciones dignas y, al mismo tiempo, seguras para el país.
En caso contrario, la sobrepoblación volverá a alcanzar niveles de hacinamiento, y ello incidirá directamente en el funcionamiento del sistema de justicia como un todo, en el cual el sistema penitenciario ha demostrado ser un eslabón fundamental.
El país, a través de las decisiones que tomen sus representantes en el Congreso, debería ser coherente con lo que desea alcanzar: un sistema penitenciario que fomente las posibilidades de inserción social, donde una cama para dormir es lo mínimo.
El otro camino implica seguir alimentando la crónica de una crisis anunciada, cuando ya no sea materialmente posible recibir una persona más en ningún centro penal.
La canción termina diciendo: “Decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas ciudadanía”.
La apuesta es por la coherencia que garantice la sostenibilidad de un sistema penitenciario digno de un Estado de derecho con vocación histórica de respeto de los derechos humanos.
La autora es ministra de Justicia y Paz.
