EscucharLa respuesta de la Comisión de la Economía Social Solidaria a nuestro editorial sobre la pretendida reforma al Banco Popular, publicada ayer en estas páginas, alecciona sobre la situación actual de la Asamblea Legislativa. El tono, la sintaxis y el razonamiento llaman a profunda reflexión, pero este último exige atención inmediata.
Los cuatro diputados firmantes parecen estar convencidos de la radical originalidad del título “De los refritos, líbrame Señor”. De lo contrario, sería ridículo utilizarlo para encabezar un artículo cuyo principal reclamo es la falta de originalidad del editorial, dada la coincidencia con el pensamiento expresado en un campo pagado por el Consejo Nacional de Cooperativas y el Directorio de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.
Los dos importantes organismos del movimiento cooperativo resolvieron “solicitar a las señoras (diputadas) y (a los) señores diputados (…) oponerse de forma contundente” al proyecto. En la respuesta, los diputados se cuidan de no decir quiénes firman el campo pagado, precisamente porque se trata de altos representantes de la economía social que ellos dicen defender. Nos alegra coincidir en este punto con los cooperativistas y asumir como propias sus acertadas críticas a tan grave proyecto de ley.
Según los legisladores, “la sensación de preocupación extrema sobre la solidez y el futuro financiero del Banco que el editorialista esparce como semilla de mala fe a lo largo de su editorial, es innecesariamente alarmista y, falsa”. Pero el editorial se quedó muy corto frente a la opinión del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), máxima autoridad en la materia.
El Conassif no solo advierte el peligro de la reforma para el Banco Popular, como lo hizo el editorial. Añade los riesgos para la economía costarricense en su totalidad. Perdonarán los legisladores la falta de originalidad, pero “líbranos, Señor” de no reproducir el criterio del Conassif, cuya opinión los legisladores nunca consultaron (“líbranos, Señor” de escuchar el criterio técnico).
Entidades como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, dice el Conassif, son consideradas sistémicas “por cuanto las repercusiones de una quiebra o deterioro patrimonial pueden alcanzar a todo el sistema financiero y perjudicar fuertemente (…) la actividad económica. Las entidades sistémicas son aquellas cuya quiebra genera riesgo de contagio, impactando al sistema financiero en su conjunto y dañando finalmente a la economía real, debido a su tamaño, interconexiones o dificultad para sustituir los servicios que prestan”.
Con la misma “mala fe” de los cooperativistas y de este diario, el Conassif solicita “de la manera más respetuosa a los señores diputados y (a las señoras) diputadas, realizar sus buenos oficios con el fin de que el Proyecto de Ley N.° 19.227 no sea aprobado en los términos indicados”. De mencionar al Conassif en la respuesta al editorial líbranos, Señor.
Líbranos también, Señor, de referirnos en la respuesta a una de las principales críticas de los cooperativistas, el Conassif y La Nación, tan carente de originalidad. En el artículo de los legisladores no hay una sola mención a la eliminación de requisitos para el cargo de directivo del banco.
Hay, en cambio, una sinopsis histórica de la crisis de la entidad a inicios de los 80 y la solución adoptada por el expresidente Luis Alberto Monge. A los diputados se les escapa que la moraleja extraída de aquellos hechos contradice sus pretensiones. La reforma promovida por la Comisión de Economía Social Solidaria busca reducir al mínimo la representación del Poder Ejecutivo en la Junta Directiva pero, al mismo tiempo, la respuesta al editorial celebra la decidida y radical actuación de la Casa Presidencial para enderezar la ruta hace tres décadas.
Monge intervino el banco e integró la directiva con cinco profesionales, uno de ellos doctor en administración pública, licenciado en derecho y economía y, poco después, rector de la Universidad de Costa Rica, entre otros méritos académicos. Otro, un economista, había sido el presidente más joven de la Asamblea Legislativa. Monge también nombró a un máster en planificación regional, catedrático universitario y, en su momento, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. La nómina la completó con distinguidos profesionales en este último ramo del saber.
En efecto, la intervención concluyó con una ampliación de la representación sectorial en la directiva, pero mantuvo una saludable presencia del Ejecutivo y aseguró la participación de personas con formación académica adecuada. Eso es lo que el proyecto de reforma pretende cambiar. De la lógica torcida líbranos, Señor.
Según los diputados, es absolutamente irresponsable y falso afirmar que la Asamblea de Trabajadores “asumirá funciones propias de la Junta Directiva, que se transformará, junto con la gerencia, prácticamente en un órgano ejecutor de decisiones tomadas en un organismo profundamente político y ayuno de supervisión”. Acto seguido, los propios legisladores afirman que la Asamblea “definirá las políticas generales, no técnicas del Banco y la Junta Directiva deberá ejecutarlas”.
Quizá por ello, con perdón por la falta de originalidad, las cooperativas están asustadas y el Conassif, jamás consultado ni mencionado por los legisladores, critica los efectos del proyecto sobre las sanas prácticas bancarias establecidas por el Comité de Basilea y “la prudente observancia del Conassif”, cimentada “en los principios de gobierno corporativo publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”. Mientras los diputados terminan de inventar la misa, de semejante escenario líbranos, Señor.
