Luis Antonio Sobrado González. 30 abril

Este primero de mayo se renuevan 81 gobiernos locales y nace uno, el del cantón Río Cuarto.

Integrados de abajo arriba, como corresponde en democracia: ni el Estado ni el gobierno eligieron a esos gobernantes municipales ni los propusieron como candidatos a esos cargos.

Fueron postulados por las asociaciones de la sociedad civil que llamamos partidos políticos y fueron votados por sus respectivas comunidades.

El TSE, desde hace años, le ha dicho al país en dónde considera que debe enfocarse la revisión de la legislación electoral: en el financiamiento partidario.

Ya, solo esto, que a fuerza de disfrutarlo por décadas lo hemos naturalizado los costarricenses, es una inapreciable conquista de la civilización, de la que aún no gozan muchísimos pueblos de la tierra.

Aparte de lo anterior, como presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), no dudo en calificar las pasadas elecciones municipales (a pesar del espacio de mejora que siempre suponen) de exitosas.

Exitosas organizacionalmente, lo que representaba un reto, dada su enorme complejidad logística. Eran las elecciones más complejas de nuestra historia y nuestro equipo humano, del que tan orgulloso me siento, salió airoso.

Función de cada actor. Nuestra tarea como organización es garantizar el derecho de los costarricenses a renovar sus gobiernos locales en un clima de paz y libertad, con facilidades para el ejercicio del sufragio e información oportuna para hacer una elección responsable. Nuestra responsabilidad es que los costarricenses puedan votar en esas condiciones.

Pero la responsabilidad de hacerlo es de cada elector. El papel de los partidos políticos, por su parte, es estimular la participación mediante candidaturas solventes y propuestas creíbles.

Por lo anterior, el elevado nivel de abstencionismo que siguen presentando los comicios municipales reta a la ciudadanía, en su condición de electora, y a aquella porción que asume el desafío del activismo político.

Sabemos que en todo el mundo participan menos personas en este tipo de elecciones. Y sabemos que, por nuestra tradición centralista, menos aún.

Como sabemos también que, aunque muy poco a poco, cada vez participan más. Pero nada de eso debe tranquilizarnos como ciudadanos.

A fin de cuentas, el alto nivel de abstención comicial no habla bien de la cultura política ni del compromiso cívico del costarricense.

Financiamiento y reformas. Como es usual, pasada la elección, han surgido voces pidiendo reformas.

El TSE, desde hace años, le ha dicho al país en dónde considera que debe enfocarse la revisión de la legislación electoral: en el financiamiento partidario.

Costa Rica puede tener un financiamiento partidario más frugal y transparente. Y le urge uno más equitativo y oportuno.

Asimismo, queda latente la cuestión, que ojalá sea objeto de rigurosa reflexión, de si la reelección indefinida en circunscripciones pequeñas y con baja participación favorece la fosilización clientelista de grupos políticos en el poder.

Por lo pronto, el TSE ha manifestado que la limitación de la reelección —no la prohibición— es perfectamente posible a la luz del derecho de la Constitución, con lo cual queda abierta la vía para la discusión en la sede correspondiente, la legislativa.

Otras reformas planteadas, con más o menos precisión, merecen, en cambio, una advertencia desde el TSE.

Una llamada de atención sobre los fundamentos de nuestro régimen republicano y de la democracia misma como sistema político.

Reunificar las elecciones, con el propósito de elegir a las autoridades locales conjuntamente con las nacionales, es una propuesta que el país debe rechazar por invisibilizar lo local y favorecer el acceso al poder —y al manejo de cuantiosos recursos públicos— eximido del escrutinio público.

Significaría volver al pasado, cuando una tercera papeleta, inadvertida para la prensa y la ciudadanía, se depositaba en las urnas, usualmente por arrastre de las otras dos, sin que en la campaña electoral se discutieran siquiera los problemas específicos de cada cantón.

Reñiría, además, con los principios constitucionales de descentralización y no regresividad, y el derecho a la información de la ciudadanía.

Solicitud discriminatoria. Inconstitucionales son también una serie de demandas para que el Estado, el TSE en este caso, filtre la oferta partidaria. No que, como hasta hoy, revise el cumplimiento de requisitos básicos asociados a la ciudadanía y al ejercicio de los derechos políticos consustanciales a esa condición. Sino que, suplantando el rol constitucional de los partidos políticos, esto es, de la ciudadanía organizada para la participación política, en el TSE nos encarguemos de cribar la idoneidad de las candidaturas, de modo que le ofrezcamos al electorado solo los perfiles “adecuados”.

No puede exagerarse lo elitista y peligrosa que es esa pretensión de cara a los más elementales principios de una democracia liberal, en la que es inaceptable que el Estado ejerza un tutelaje político de los ciudadanos para orientarlos en su elección.

No cabe descartar personas por estar denunciadas, morosas en los pagos a la seguridad social ni porque carezcan de estudios universitarios, pues ello supondría desconocer groseramente reglas constitucionales e instrumentos internacionales protectores de los derechos humanos.

La agenda nacional está, como es lógico, en otros temas. Pero cruzaremos este caudaloso río lleno de corrientes traicioneras. Llegaremos a la otra orilla del coronavirus.

El mundo, después de esta pandemia, será muy distinto, pero Costa Rica seguirá necesitando la inapreciable fórmula que permite la convivencia pacífica en toda sociedad libre: la democracia.

Seguirá necesitando un fiable y certero registro civil de sus ciudadanos, una impecable organización de sus procesos electorales, una confiable y oportuna justicia electoral, una siembra profunda de cultura cívica y valores democráticos. Ahí, nos encontrarán. Siempre. En el surco de la patria.

El autor es presidente del Tribunal Supremo de Elecciones.