EscucharA mediados de la administración Arias, informaciones de La Nación desataron una polémica nacional sobre el manejo de la cooperación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Las dudas fluían por una doble vertiente: si se trataba de fondos públicos que debían ser incorporados al presupuesto nacional y si fueron invertidos de la mejor manera.
Eventualmente, la Contraloría zanjó las dos discusiones. Por una parte, expresó que los fondos no eran públicos y dio su aval a la utilización del dinero para pagar asesorías. Por otra, criticó el manejo desordenado de la cooperación, por ejemplo, la carencia de “elementos básicos de planificación, tales como indicadores, metas y actividades, entre otros”, lo cual no permitió “medir el grado de cumplimiento de los objetivos previstos”.
Desde las bancadas de oposición, las críticas fueron constantes en las dos vertientes: la naturaleza de los fondos y la forma como fueron gastados. Alberto Salom, entonces diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo tener la impresión de que “se podría estar usando el Banco Centroamericano para convertir dineros públicos en privados”. “Esto sería gravísimo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó. Su compañero de fracción, Francisco Molina, agregó que el Banco fue utilizado “como caja chica para gastar dinero público de forma antojadiza”.
Sergio Alfaro, entonces diputado y hoy ministro de la Presidencia, firmó el contrato con el BCIE, pero durante el gobierno de Arias no dejó de criticar las donaciones de la institución financiera a la Casa Presidencial.
A la vuelta de ocho años, el gobierno del PAC recibirá dinero del BCIE por vías muy parecidas. El criterio de la Contraloría en la época de Arias pareció extrañó a muchos críticos, pero dejó el camino despejado a la recepción de futuras donaciones. Difícilmente habrá cuestionamientos de esa índole en la actualidad, pero hay un indudable problema de coherencia. Lo dicho en la oposición no vale para cuando se detenta el poder. Si el PAC tenía objeciones al mecanismo en sí, el dictamen de la Contraloría no las resolvió. En lo fundamental, los fondos del BCIE siguen fluyendo del Banco hacia fines determinados por el Poder Ejecutivo sin pasar por los controles habituales de la contratación pública.
Esa falta de coherencia está en la base de la protesta del legislador oficialista Ottón Solís, quien rechaza el uso, en la actualidad, de los mismos mecanismos antaño condenados por su partido. “Lo que era inaceptable cuando el PLN y el PUSC lo hacían, también lo es ahora, tanto más por las promesas del PAC”.
En la acera de enfrente, los liberacionistas proclaman la actitud del actual gobierno como una reivindicación de lo actuado en el 2008 y, al mismo tiempo, acusan a la administración de doble moral, pero omiten recordar las críticas formuladas por la Contraloría contra la ejecución de los fondos.
El gobierno gastará el millón de dólares del BCIE a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés). El gasto se hará en publicidad, imagen, estudios de opinión y apoyo a programas gubernamentales, entre los cuales hay varios necesitados de asesorías.
La incoherencia va más allá. La Nación intentó entrevistar a tres altos funcionarios sobre el tema. El ministro Alfaro estaba de vacaciones y su asesora de prensa dijo que la información sobre el convenio ya estaba en la página electrónica de la Presidencia, como si el sitio web pudiera responder preguntas. La viceministra de la Presidencia concedió una entrevista, luego la canceló, dijo no poder reprogramarla e invitó a enviar las preguntas por escrito. El ministro de Información hizo exactamente lo mismo. Todo esto en un gobierno cuya promesa inaugural fue habitar una “casa de cristal”, con total transparencia y disposición a rendir cuentas.
La lucha por la coherencia debería ser una altísima prioridad nacional, para bien de la institucionalidad, sometida a desgaste cada vez que, en cualquier administración, no hay correspondencia entre lo dicho y lo hecho.
