EscucharEl Frente Amplio se resiste a condenar los atropellos antidemocráticos del régimen venezolano, no importa el número de muertos, la cantidad de presos políticos, el cercenamiento de las libertades básicas –comenzando por la de expresión– y la violación de otros derechos humanos y políticos.
Para justificar tanta indiferencia ante los abusos del régimen chavista y el sufrimiento de sus víctimas, invocan su pretendido respeto al principio de no injerencia en los asuntos internos de otras naciones. Así lo explicó el jefe de bancada Francisco Camacho, quien mencionó, casi exasperado, la existencia de grupos que “insisten” en presentar mociones de condena.
La verdad es obvia. El Frente Amplio se resiste a condenar el régimen de Nicolás Maduro por razones de afinidad ideológica, no por respeto al supuesto principio de no injerencia, cuya validez es muy discutible en casos como el venezolano, pero nunca ha preocupado a los frenteamplistas.
Confesar afinidad ideológica con el chavismo no conviene en Costa Rica. Por eso, el Frente Amplio disimula. En el extranjero, o durante sus actividades internas, algunos dirigentes actúan con mayor soltura o descuido. Esos episodios se convierten en problemas políticos jamás resueltos con sinceridad.
El cuento de la no injerencia es otro de tantos ejercicios de hipocresía. Es absolutamente falso, y así consta en infinidad de registros públicos y privados, que el Frente Amplio tenga la no injerencia entre sus principios, cuando menos en la práctica. Lo invoca ahora por conveniencia, pero lo ignoró sin rubor en el pasado.
En el 2009, la destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales fue objeto de fuertes condenas de los frenteamplistas. Lejos de sentirse obligados a respetar el principio de no injerencia, redactaron y presentaron la moción aprobada después, mediante votación unánime de la Asamblea Legislativa.
Había buenas razones para señalar la desviación institucional en Honduras, como lo hicieron los demás partidos costarricenses cuyos representantes conservan la coherencia cuando el asalto contra la democracia ocurre en Caracas. Para el Frente Amplio, son casos muy distintos, pero la única diferencia discernible es la simpatía de esa agrupación hacia el chavismo.
La destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en Brasil, no causó muertos y siguió los cauces establecidos por la Constitución Política, incluida la participación del Poder Judicial. Fue un proceso polémico, pero muy alejado de los feroces excesos represivos de Nicolás Maduro y sus militares que, más bien, rehúsan respetar la Constitución Política vigente y pretenden sustituirla por otra, más propicia para consolidar la dictadura. Sin embargo, la condena del Frente Amplio no se hizo esperar, como tampoco sus cuestionamientos al Senado de la nación suramericana, plagado por la corrupción, ni el llamado al Poder Ejecutivo de nuestro país para actuar en consecuencia.
“La democracia en Brasil ha sido afrentada. Condenamos el golpe perpetrado en contra de Dilma Rousseff”, apuntó la declaración emitida con premura por quienes ahora, en circunstancias mucho más graves, alegan el principio de no injerencia. Bastaría sustituir Venezuela por Brasil en la frase citada, pero el Frente Amplio no es capaz de hacerlo.
Es hora de hablar claro sobre tanta hipocresía e incoherencia. Solo la diputada Ligia Fallas ha demostrado franqueza. Por eso se ha convertido en un problema para su partido. La legisladora se declara chavista y presume de su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Esa es otra forma de lograr algo de coherencia, pero no serviría para atraer votos. La dirigencia lo sabe, por eso disimula su cercanía a Caracas con la invocación del principio de no injerencia.
