15 mayo, 2013

Como se esperaba, la nueva Ley de Conservación de Vida Silvestre produjo un aumento en la cantidad de animales decomisados, abandonados o entregados en albergues, incluso antes de su entrada en vigencia, el pasado 24 de abril. La donación voluntaria es un efecto disuasivo de la legislación, que penaliza la domesticación de especies salvajes con multas que van de ¢40.000 a ¢1.600.000, y ya ha rendido sus frutos.

A pesar de esta consecuencia positiva, el país no cuenta con suficientes recursos, albergues y preparación para atender el incremento en la demanda de servicios de rescate animal, y este año algunos refugios podrían agotar su capacidad y dejar de recibir especímenes.

Solo en los tres primeros meses del 2013, la fundación Zoo Ave recibió 650 animales, la mayor cifra desde que se creó en 1990. Hasta el 2012, el centro acogió un promedio de 1.300, número que podría duplicarse si la tendencia continúa en alza. Pero el hecho preocupante no es solo la cantidad sino el estado de los animales, ya que la mitad de estos llegan enfermos o lesionados, y su atención es onerosa. La rehabilitación y reinserción en su hábitat natural puede tardar un año y, en un 20% de los casos, es imposible.

El temor a la ley hace que muchas personas den en adopción a sus antiguas mascotas o, en la peor de las circunstancias, las tiren a la calle, después de años de cautiverio o maltratos, cuando ya no pueden reincorporarse por sí solas a la vida silvestre. La llegada de dos osos hormigueros con múltiples heridas de machete, al Zoo Ave, pone de relieve la importancia de mejorar la educación y conciencia ambientales en nuestro país e impedir que esto siga sucediendo.

Especies en vías de extinción, como la lapa roja, se encuentran en esa situación debido a la deforestación y a la caza de pichones, que se incrementa durante la Semana Santa, y que es objeto de un lucrativo negocio. Las aves en cautiverio sufren estrés y al estar enjauladas pierden las alas y su capacidad de volar. El reciente decomiso de orquídeas, pájaros y mamíferos, como tepezcuintles, listos para ser sacrificados, muestra que existe una vasta y bien organizada red de extracción ilegal de plantas y de especies animales y muy pocos recursos para combatirla.

En este sentido, diversas instituciones y organizaciones no gubernamentales han insistido en la necesidad de trabajar en conjunto con las comunidades cercanas a los parques nacionales y áreas protegidas para convertirlas en los mejores aliados de la conservación y del desarrollo sostenible.

El objetivo de la legislación a mediano y largo plazo es cambiar la cultura de “la lorita en la casa”, como hasta hace poco fue habitual en muchos hogares costarricenses, informando sobre los efectos perniciosos que tiene para la biodiversidad la tenencia y compra de animales silvestres.

Para lograrlo, no es suficiente aprobar un marco legal punitivo sino que es indispensable dotar al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), a la Fuerza Pública, a numerosas entidades de la sociedad civil y a los ciudadanos de los instrumentos, recursos y capacidades para cumplir adecuadamente con su labor.

Como es bien sabido, la reforma a la Ley de Conservación de Vida Silvestre se dio gracias al mecanismo de iniciativa popular y fue promovida por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestres (Apreflofas). Este esfuerzo de democracia activa debe complementarse con una campaña que informe sobre los alcances de la legislación y la manera responsable en que deben entregarse los animales silvestres que se encuentren heridos o abandonados. Por supuesto, lo más importante es no participar en este comercio ilícito e inhumano, contrario a nuestro deseo de llegar a ser un país verde.