1 agosto, 2015

El Salvador se ha precipitado en una nueva y funesta crisis. En su superficie y efectos inmediatos, es de seguridad, pero basta rasgarla para percibir sus profundas motivaciones y consecuencias económicas y sociales. Por ello, si bien se requieren eficaces medidas de fuerza y control para conjurar sus peores manifestaciones, la solución –siempre difícil y quizá nunca definitiva– hay que buscarla más allá de la represión.

Esta vez, la emergencia se origina en un paro del transporte público, “ordenado”, a partir del lunes, por las más poderosas pandillas del país, conocidas como maras. Su reclamo es tener representación, como si fueran un actor legítimo, en el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la instancia recién creada para buscar una salida a la violencia. Está compuesta por delegados del Gobierno, las Iglesias y sectores de la sociedad civil, y cuenta con asesoría del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Las autoridades se negaron a atender tal reclamo. Como reacción, las maras, mediante sus amenazas y ejercicio brutal de la violencia, paralizaron a los transportistas. Desde el lunes de la semana pasada, una gran cantidad de líneas de autobuses, en particular de la densamente poblada capital y sus alrededores, dejaron de operar. El número de choferes asesinados no cesa de aumentar: al miércoles, habían muerto siete.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno y autoridades locales por generar opciones de transporte, a los que se suman emprendedores informales dispuestos a asumir severos riesgos, se ha producido un verdadero caos, que ha afectado múltiples actividades productivas, educativas y profesionales, con un impacto directo y demoledor, sobre todo, en los sectores más pobres del país. Así las pandillas han logrado prácticamente doblegar de nuevo a un Gobierno y a una sociedad que todavía no han sido capaces de construir salidas medianamente estables frente a tan enorme desafío.

El presidente Salvador Sánchez Cerén ha reiterado, una vez más, la decisión de perseguir, capturar, enjuiciar y castigar a los pandilleros; además, ante una Policía agobiada, este viernes fueron desplegados grupos militares de élite en algunas de las zonas más críticas. Como reacción a la emergencia, quizá no existen opciones mejores, pero el problema no dejará de crecer y crisis como esta de presentarse, mientras no se articulen mejores opciones.

Desgraciadamente, el problema pandillero tiene profundas raíces en la situación económica y social del país. Su economía es la que menos crece en Centroamérica. Más de 2,5 millones de salvadoreños viven en el exterior, el equivalente a poco más de un tercio de la población afincada en su territorio. Las remesas, que el pasado año sumaron $4.217 millones, son, de lejos, la principal fuente de ingreso de divisas. Representaron un 17% del producto interno bruto (PIB) en el 2014, e ingresan a la tercera parte de los hogares. Por el fenómeno migratorio y las secuelas de su pasada guerra interna, centenares de miles de familias están desarticuladas. Las oportunidades para los jóvenes de escasos recursos son en extremo limitadas; su sentido de identidad propia o por referencia a figuras y grupos legítimos, es muy reducido.

Estos y otros vacíos económicos y sociales –entre ellos la ausencia de adecuados servicios estatales– los llenan las maras, que pasaron de ser típicas pandillas de barrio, aunque siempre muy temibles, a imponentes organizaciones criminales, cada vez más vinculadas a la delincuencia transnacional organizada.

Además de tan hondos desafíos socioeconómicos y de un conjunto de fallidas iniciativas emprendidas desde hace décadas por los respectivos gobiernos, en el trasfondo del problema se desarrolla otra dinámica paralizante para la articulación de estrategias públicas: una severa polarización política, además de social, que reduce la capacidad de acciones estatales a largo plazo y de vinculación estable con otros sectores de la población.

Quizá lo único positivo, entre tantos elementos negativos, es que El Salvador mantiene una institucionalidad razonablemente sólida, que ha dado muestras de madurez para superar problemas muy severos (en particular su confrontación armada a mediados de la década de 1980), y que cuenta con una población emprendedora. Sin embargo, nada de esto ha conducido, hasta ahora, a buenas estrategias.

Ante las urgencias, la reacción ha sido la “mano dura”, no inteligente, paciente e integral. Mientras esta no aparezca, las crisis seguirán produciéndose, y quizá creciendo. Habrá que ver si el recién creado Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana consigue impulsar algo mejor. Esta es una nueva, aunque muy tenue, esperanza.