5 julio

La jueza penal Ana Laura Darcia rechazó, con notable firmeza, una petición del Ministerio Público para allanar las oficinas del abogado Alejandro Marín, defensor de Freddy González, uno de los dirigentes del cooperativismo detenidos durante la administración anterior por supuestas anomalías en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).

Las detenciones, hechas con considerable despliegue, se dieron un mes después de la intervención del Instituto, donde se manejan miles de millones de colones destinados a impulsar las actividades del sector. La administración Solís nunca ocultó sus intenciones de tomar control del Infocoop, como tampoco lo hicieron sus aliados en el cooperativismo. Finalmente, la intervención se ejecutó con señalamiento de las anomalías atribuidas a los dirigentes detenidos con posterioridad.

No es la primera vez en la tramitación del caso que un juez cuestiona la prueba invocada para sustentar una petición del Ministerio Público

Esos dirigentes de inmediato alegaron la existencia de una persecución en su contra, motivada por diferencias políticas. Por eso, resulta inquietante la resolución emitida por la jueza para denegar la solicitud de allanamiento. Según Darcia, la petición “no es más que para realizar una detención mediante un golpe de poder que ejemplifique, en diferentes medios de comunicación masiva, acciones populistas”. El allanamiento, dice la jueza, no fue creado por el legislador con esos fines, sino para “recolectar indicios que no es posible obtener de otra manera”.

Darcia califica como “sumamente gravosa la irrupción” en la oficina del abogado “sin ningún elemento que permita tener como probable” el hallazgo de documentación relevante. Alejandro Marín es defensor de uno de los encartados y el allanamiento podría quebrantar el derecho de defensa, poner en riesgo la investigación y viciar la prueba, razonó la jueza.

Los pasajes citados explican, por sí mismos, las razones de la supervisión judicial establecida por ley en caso de allanamientos, intervenciones telefónicas y otras invasiones de la privacidad necesarias para perseguir el delito, pero, en las circunstancias, apuntan a la conveniencia de examinar el caso con detenimiento.

El apego del Ministerio Público a las leyes y los principios rectores de su función es una garantía de protección a los derechos humanos y las libertades públicas. Los jueces añaden la más decisiva capa de protección al sistema, pero muchas cosas pueden suceder en el curso de las investigaciones sin que se enciendan señales de alerta como las detectadas por la jueza Darcia.

Según la jueza, la presunción de la existencia de documentación relevante en las oficinas de Marín es “infundada” y parte de “supuestos o premisas que no encuentran sustento en algún indicio que permita vincular dicha oficina a los elementos de prueba que se pretende recopilar”.

No es la primera vez en la tramitación del caso que un juez cuestiona la prueba invocada para sustentar una petición del Ministerio Público. El juez José Pablo León se negó a prorrogar la prisión preventiva de los imputados porque no se le aportó prueba para justificar la medida.

También es preciso examinar las declaraciones del exdiputado y dirigente cooperativo Óscar Campos sobre una conversación mantenida con el exlegislador Víctor Morales Zapata, quien le habría pedido apoyo en una elección interna del cooperativismo, con alarde de influencia en la administración Solís y en la Fiscalía.

“Efectivamente, don Víctor Morales Zapata ofreció ordenar, en coordinación con la Fiscalía, detenciones de dirigentes cooperativistas el mismo día en que se integraba el plenario del Conacoop”, dijo Campos. El dirigente añadió que Morales “dijo que tenía la certidumbre, la fuerza y los contactos, dentro del gobierno y de la Fiscalía, que le permitían animarse a decir cuándo y cómo detener a dirigentes cooperativistas”.

Morales niega, con vehemencia, la “afirmación temeraria” de Campos, pero el caso se proyecta sobre elementos fundamentales de la convivencia democrática, la protección de las garantías individuales y el respeto a la institucionalidad. Por eso es necesario dilucidar todos sus elementos. Los hechos son vivo ejemplo de las circunstancias que justifican la creación de una comisión legislativa para ejercer el más puro control político y despejar toda duda sobre las actuaciones de la Fiscalía, en esa época encabezada por Jorge Chavarría.

Las auditorías en curso en el Infocoop y el propio proceso contra los dirigentes detenidos dirán si en sus actuaciones hubo anomalías, pero la confianza en el proceder de las autoridades encargadas de investigar y acusar los delitos debe ser preservada con esmero. Es un elemento esencial del régimen democrático.