15 agosto

El ministro Édgar Mora se alineó con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en materia de educación dual. Los practicantes, dice el funcionario en consonancia con la institución, deben ser asegurados. Además, según el ministro, las empresas que los acojan deberán pagar salario.

En esas condiciones, las prácticas de los estudiantes se asemejarían mucho a una relación laboral tradicional y se apartarían del carácter estrictamente curricular de una actividad de aprendizaje, complementaria de la formación técnica. Si los requisitos propuestos por el ministro no matan la educación dual, al menos reducirán las oportunidades disponibles para los estudiantes.

En los países europeos, donde la educación dual goza de larga práctica y prestigio, ha probado ser un arma eficaz contra el desempleo juvenil

Así lo reconocían el Ministerio de Educación Pública y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en la anterior administración. El año pasado, 12.772 alumnos de colegios técnicos hicieron prácticas en empresas especializadas en informática, contabilidad, secretariado, cocina, diseño y otras ramas. El INA la ofreció a otros 2.070 alumnos y muchas universidades incorporan pasantías a sus programas como requisito de graduación.

Las prácticas profesionales y las relaciones laborales propiamente dichas tienen naturalezas muy distintas. Las primeras son un curso más, parte del currículo y tienen por finalidad el aprendizaje. Si las prácticas se asemejan a la relación laboral y crean similares obligaciones para la empresa, solo habrá cupos para quienes ofrezcan rentabilidad, no voluntad de aprender.

Precisamente, la ley impulsada por varios diputados en el cuatrienio recién pasado procuraba definir el carácter educativo de la relación establecida con los estudiantes y disipar todo temor de las empresas a que llegara a ser considerada laboral, con las obligaciones implícitas en ese otro tipo de relación. Por eso, en lugar de salario se manejaba la idea de una beca.

En caso contrario, para el empresario será mejor pagar la experiencia, no el proceso formativo, salvo grave escasez de mano de obra. Esa última hipótesis es improbable en un país con altas cifras de desempleo. Las prácticas no son un medio para explotar a los estudiantes, sino una aplicación de sus conocimientos para asentarlos y perfeccionarlos. La ley debe regular el sistema para evitar abusos, pero también debe cuidarse de no entorpecerlo y estimular a las empresas a abrir sus puertas.

El sistema también sirve para establecer relaciones de los estudiantes con el mercado laboral y mostrar sus aptitudes a posibles empleadores. En los países europeos, donde la educación dual goza de larga práctica y prestigio, ha probado ser un arma eficaz contra el desempleo juvenil. Así sucede en Alemania, cuyo Ministerio de Educación asesora al nuestro en la materia.

Es innegable que cuando un aprendiz ejecuta labores, se expone a los mismos riesgos de otros trabajadores. La diferencia es que el Estado tiene un interés específico en la formación de la juventud y en la apertura de oportunidades para alumnos a punto de incorporarse al mercado laboral. Esa circunstancia amerita un trato diferenciado en la seguridad social.

Innegable es, también, el riesgo enfrentado por los jóvenes ociosos, sin empleo, sin participación en el sistema educativo y sin perspectivas de un futuro mejor. La educación dual, en países como el nuestro, puede servir para evitar la caída en conductas indeseables para las cuales hay reclutadores en cada esquina.