En el juego de máscaras electorales que ha venido desarrollando durante años, Daniel Ortega se quitó la última el jueves 6 de mayo, y trajo a plena luz lo que ya parecía inexorable. Ese día la aplanadora sandinista en la Asamblea Nacional de Nicaragua, junto con sus partidos aliados o «zancudos», aprobó una reforma legal e integró un Consejo Supremo Electoral (CSE) a su medida. De este modo, borró la posibilidad de una verdadera competencia en los comicios generales que tendrán lugar el 7 de noviembre y garantizó que, ante cualquier reclamo de la oposición, los magistrados que decidirán al respecto tendrán como guía los intereses de la familia y partido gobernantes, no los de la democracia.
Al entregar el control total del CSE a sus cómplices y aumentar la discrecionalidad de los magistrados que lo integran, todos los poderes del Estado han quedado concentrados en la reducida cúpula sandinista. Además, la reforma otorga a la policía nacional —también controlada por Ortega— la potestad de autorizar reuniones políticas, prohíbe la participación a las personas que su hubieran unido a las protestas populares del 2018 y limita las posibilidades de financiamiento a la oposición.
La imposición de este «paquetazo» demuestra que las elecciones serán un simple trámite. Su contenido contradice por completo los reclamos formulados por los dirigentes opositores y organizaciones independientes de la sociedad civil; también, los pedidos de la comunidad internacional, en particular la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea (UE).
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El organismo hemisférico aprobó el 11 de octubre del pasado año una resolución en la cual llamó al gobierno de Nicaragua y a la oposición a adoptar reformas «significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables», para así «promover elecciones libres y justas». Una de sus peticiones fue reestructurar el CSE para «garantizar que funcione de forma totalmente independiente, trasparente y responsable». El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó en marzo de este año un acuerdo similar, en el que también exigió que se autorizaran las manifestaciones públicas y se liberara a los opositores detenidos, la mayoría como resultado de las protestas del 2018, y pidió que tales medidas se adoptaran, a más tardar, durante este mes de mayo.
Lo sucedido ahora es todo lo contrario. La acción de Ortega y sus secuaces no solo constituye una burla para la OEA, el Consejo y otros calificados actores internacionales que plantearon similares reclamos, sino, principalmente, para el pueblo nicaragüense, cada vez más abatido por los controles, la parálisis económica y la miseria.
En un comunicado emitido el propio jueves 6, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, declaró que la decisión de la Asamblea Nacional «pone en evidencia la falta de voluntad del régimen —así como de algunas fuerzas políticas— para tomar acciones en pro de la democracia y de la expansión de los derechos políticos y civiles de la población nicaragüense». Estados Unidos y la UE también manifestaron su preocupación.
Los partidos y movimientos opositores rechazaron y condenaron la medida, tanto por cerrar las puertas a una verdadera competencia electoral como por lanzar por la borda la oportunidad de encontrar una salida política a la grave crisis que vive el país. Sus dirigentes tienen ante sí dos decisiones de extrema consideración. La primera es si se niegan o aceptan participar en las elecciones para, aunque sea, tratar de forzar los límites, levantar su voz, denunciar otras arbitrariedades y movilizar a la población, a sabiendas de que el régimen impedirá su triunfo. La otra, que debe darse independientemente de cuál sea la respuesta a la anterior, es el imperativo de concretar una verdadera unidad.
El obispo Silvio Báez, trasladado al Vaticano por amenazas contra su vida en Nicaragua, dibujó con gran precisión la coyuntura actual: «En Nicaragua, la dictadura cierra todas las puertas a una salida democrática —dijo en un mensaje—. No hay que desanimarse. Es hora de deponer la soberbia política y las posturas sectarias. Todavía es hora del acercamiento humilde entre los distantes y del sacrificio de cada uno por el bien de todos».
Ortega nunca atenderá este llamamiento. Sus adversarios sí deben hacerlo para formar un bloque sólido y unido que pueda, por lo menos, reducir el embate. Si a esto se añade una vigorosa presión internacional, que imponga reales consecuencias al régimen y sus cabecillas por su batida antidemocrática, quizá podría aún haber una salida política. Pero las razones para el pesimismo, al menos en lo inmediato, son mayores que para el optimismo.
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