Editorial

Editorial: Investigación urgente

El relato del libro donde Eduardo Cruickshank narra intenciones de deponer al presidente se aleja mucho de sus confusas declaraciones posteriores. El país merece una explicación

Las revelaciones del diputado Eduardo Cruickshank en las memorias de su presidencia legislativa exigen la pronta y diligente intervención del Ministerio Público. En el libro, titulado Historia de una presidencia, el legislador y candidato presidencial del Partido Restauración Nacional relata inquietantes conversaciones con grupos empeñados en deponer al mandatario, Carlos Alvarado.

Los contactos se produjeron durante los cierres de carreteras y manifestaciones promovidos por la organización autodenominada Rescate Nacional. Quienes lo llamaron, le sugirieron pensar en nombres para ocupar ministerios, así como prepararse para ejercer la presidencia.

“La consigna de un sector de los manifestantes era romper el orden constitucional y quitar al presidente, Carlos Alvarado, y, por completo, a su equipo de gobierno, para que la conducción del país recayera, de acuerdo con la Constitución Política, en el presidente de la Asamblea Legislativa”, escribe Cruickshank.

El párrafo constituye una denuncia. Su autor ejerció la presidencia del primer poder de la República y tuvo conocimiento de los hechos en razón de su cargo. Los posibles delitos son de acción pública y basta la notitia criminis, es decir, la puesta de la actividad ilícita en conocimiento del Ministerio Público, para el inicio una investigación. Se trata, además, de delitos en los cuales la tentativa es suficiente para imponer una sanción penal, y pueden ser perseguidos sin necesidad de la plena consumación.

Recientemente, el Ministerio Público ordenó la investigación de una denuncia anónima, sin un ápice de respaldo probatorio. Los hechos de corrupción denunciados sin sustento eran graves, pero no comparables con la intención de interrumpir nuestra tradición democrática y pisotear la Constitución.

En este caso, claro está, la denuncia compromete al denunciante. ¿Cómo es posible que no advirtiera a las autoridades de propósitos tan nefastos? Cuando La Nación se lo preguntó, dijo: “No hice ninguna denuncia porque, para mí, eso era inaceptable. Entonces, no consideré necesario hacer ningún tipo de denuncia al respecto. Yo no puedo decir el nivel de seriedad; eso yo no lo puedo valorar. Simplemente, distintos manifestantes me hicieron esa propuesta”.

Extraña explicación. Por un lado, las denuncias se formulan, precisamente, contra lo inaceptable. Por otro, el caso le pareció suficientemente serio para incluirlo en sus memorias sin una pizca de ironía, sátira o humor. Por el contrario, describió su reacción a las ilícitas propuestas con toda solemnidad: “Mi respuesta fue siempre un rotundo ‘no’. Dije que, en esas circunstancias, no querría ser el sucesor en el mando, porque nací, me eduqué y me formé en democracia, y creo en la institucionalidad de este país. Sería, además, para mí, vergonzoso que, en los albores del bicentenario de la independencia, el país tuviera un retroceso en el sistema de gobierno”.

En el libro, el candidato restauracionista no cita nombres. Cuando La Nación le preguntó, rehusó darlos. “Fueron distintos grupos de manifestantes”, contestó. Más tarde, consultado por Telenoticias, afirmó haberse referido a personas en las calles, pero no es eso lo que dice el libro. En la obra, más bien, narra que lo llamaron, y explica las razones constitucionales para que lo tomaran en cuenta: “Como yo estaba en el tercer orden de sucesión para ocupar la presidencia de la República ante una ausencia temporal o definitiva del mandatario, según establece la Constitución Política, me llamó gente que me decía que debía empezar a pensar en nombres para ocupar cargos de ministros y que me convenía prepararme para ocupar esa otra función”.

¿Lo llamaron o los manifestantes le ofrecían argumentos de constitucionalidad en plena calle? Cuando la periodista de Telenoticias le preguntó si recibió una propuesta formal de los líderes del movimiento, respondió, contradictoriamente: “Bueno, sí, lo decían, pero yo no podría juzgar el nivel de formalidad que tenía, porque no fue que me senté a la mesa con una persona que vino directamente, sino que eran los manifestantes quienes lo decían…”. ¿Eran, pues, los líderes o los manifestantes? La imposibilidad de determinar la formalidad de las propuestas era razón adicional para plantear la denuncia y dejar que las autoridades policiales y judiciales aquilataran la seriedad de semejante amenaza a la vida republicana.

El relato del libro, su tono y sus implicaciones se alejan mucho de las confusas declaraciones del autor. El país merece una explicación definitiva, producto de la cuidadosa investigación del Ministerio Público. Si al final solo se trata del intento de un político de presentarse a la luz más favorable, con alguna exageración o insinuación desproporcionada, saberlo nos dará a todos la tranquilidad necesaria para seguir viviendo en democracia sin temor a complots.

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