El jueves la pareja dictatorial Ortega-Murillo tuvo motivos de sobra para celebrar. Lo hizo públicamente, mediante un comunicado con prosa críptica y profusa en mayúsculas, dirigido a los “Herman@s Presidentes y Cancilleres del SICA”. Desde “esta Nicaragua Bendita y Siempre Libre” destacaron, sin mencionarlo directamente, lo que desde hace días se sabía, pero había sido oficializado minutos antes: la designación por consenso de Werner Vargas, su candidato, secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Estará en el cargo hasta el 2026.
“A 201 Años de nuestra Independencia —escribieron Daniel Ortega y Rosario Murillo—, nos saludamos y abrazamos en Hermandad Solidaria y Complementaria, para avanzar desde nuestra indispensable Integración dialogante y consensuante, en estos tiempos desafiantes que vive el Mundo”. En otras palabras, se vanagloriaron, con razón, del espaldarazo legitimador de su dictadura recibido por ese nombramiento, adoptado durante la cumbre del sistema celebrada virtualmente. En ella, los ocho Estados miembros estuvieron representados por cinco cancilleres y apenas tres presidentes, entre ellos Rodrigo Chaves, pero, curiosamente, no Ortega.
Fue un hecho que pudo y debió evitarse, por una elemental responsabilidad hacia el pueblo nicaragüense y hacia una entidad regional como el SICA que, a pesar de las falencias y vicios acumulados durante años, se verá degradada seriamente con la venia otorgada a quien, en verdad, es un claro agente de la dictadura.
La cadena de acciones represivas, adoptadas con inescrupulosa y meticulosa frialdad, que han caracterizado al régimen de Ortega a partir de abril del 2018, han hecho de Nicaragua, más que una dictadura, un Estado criminal. Como tal, no merece ser acogido por sus pares, sobre todo aquellos que, como Costa Rica, han hecho de la defensa de la democracia, la dignidad humana y el derecho internacional pilares de sus prácticas internas y su política exterior.
Gracias a un modelo rotatorio para la elección de los secretarios generales del SICA, adoptado por otra de sus cumbres en el 2017, desde el 2021 le tocaba a Nicaragua proponer el suyo. En junio de ese año presentó una terna de militantes sandinistas duros. El rechazo de varios países, entre los que Costa Rica tuvo gran protagonismo, impidió el consenso y sus candidatos fueron descartados. Ortega insistió, y esta vez logró lo que se proponía: tomar control del más alto cargo político de la organización. En lugar de que se mantuviera el rechazo e, incluso, se rompiera el acuerdo rotatorio de cinco años atrás para buscar otra modalidad de elección, los Estados se plegaron a las gestiones de la dictadura.
Luego de que el pasado 23 de julio los ocho cancilleres acordaron recomendar a sus presidentes la elección de Vargas, era poco lo que se podía hacer, pero tampoco resultaba imposible. Bastaba con que alguno de los mandatarios se apartara del consenso para que no pudieran seguir adelante. Eso fue lo que los ocho expresidentes costarricenses solicitaron a Chaves en una carta que le enviaron tras la reunión de los cancilleres, pero no encontraron eco.
Es entendible, pero no justificable, que nuestro gobierno no quisiera ser el único en negarse. Entendible, porque nuestra vecindad inmediata con Nicaragua nos expone, más que a otros, a cualquier arbitrariedad de su dictadura, incluidos obstáculos al comercio; porque los demás países no mostraron ninguna intención de acompañarnos en un posible intento de esa índole; y porque, ciertamente, la falta de un secretario general había semiparalizado al SICA y frenado el desembolso de $153 millones de ayuda internacional, según manifestó recientemente el canciller Arnoldo André en entrevista con La Nación. Sin embargo, no es justificable, porque el perjuicio a los valores democráticos y el apoyo implícito a la dictadura generarán peores consecuencias, tanto políticas como económicas. Y nos convertirán en cómplices de ella.
Hoy “l@s herman@s” Ortega-Murillo y sus múltiples cómplices, incluido el nuevo secretario general, celebran la indigna genuflexión de sus colegas centroamericanos. Los demócratas la lamentamos y condenamos. Lo que se impone ahora es redoblar todos los esfuerzos posibles para superar la dictadura, devolver la libertad a los nicaragüenses y restaurar la dignidad del SICA.
