La protección de la salud de la familia costarricense mediante un esquema social, de naturaleza solidaria, es un gran avance nacional, pero el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y financiado con aportes de trabajadores, patronos y Estado, muestra preocupantes síntomas de enfermedad, de una enfermedad financiera que, de no tratarse pronto y eficazmente, podría sumarse a otros serios problemas de las finanzas públicas (“Seguro de salud afrontará riesgo de insolvencia en 2027”, La Nación, 24/4/2018).
En el 2015, la Contraloría General de la República alertó de que la CCSS carecía de proyecciones financieras del SEM, lo que podría ocultar alguna desagradable sorpresa en el futuro. Ante esa advertencia, la Dirección Actuarial y Económica de la Caja hizo un estudio y encontró que, en efecto, el SEM podría experimentar pérdidas crecientes a partir del año 2027, es decir, muy pronto.
En principio, el artículo 177 de la Constitución Política encarga al Estado llenar cualquier faltante que se produzca en las finanzas de la Caja, pero eso no debe reducir el interés de quienes dirigen la institución por lograr que sus regímenes sean eficientes y autosuficientes. Son muchas las posibles causas de desequilibrios en el SEM. Entre ellas están el envejecimiento poblacional y los costos superiores de atención médica aparejados a esa circunstancia. También están la morosidad y la posible subfacturación. Otro grupo de problemas son los costos administrativos y la mala planificación de actividades y operaciones. Es necesario identificar esos factores para tomar las acciones correctivas necesarias.
Según Fernando Llorca, presidente ejecutivo de la Caja, “más que necesitar nuevos recursos, más aportes, lo que se necesita es incrementar la eficiencia” en el uso de los medios disponibles. El funcionario reconoce que hay pacientes internados por 15 días esperando un examen o una semana por un ultrasonido. Además, acepta la posibilidad de mejorar la capacidad resolutiva de los primeros niveles de atención, como los Ebáis, para no referir tantos pacientes a niveles superiores de atención, que también son más caros.
Es imposible estar en desacuerdo con esas medidas, pero debería ser procedimiento estándar en la CCSS revisar periódicamente este tipo de disfuncionalidades. ¿Por qué se piensa en hacerlo solamente cuando los problemas están a punto de estallar, como ahora? “Entre los aspectos que deseamos dejar (al próximo gobierno) —señala Llorca— está un mecanismo de evaluación de los seguros de manera periódica”. Esa afirmación tiene dos aspectos que considerar. El primero es que se trata de un deseo, no de que en efecto vayan a dejar un mecanismo de evaluación establecido. El segundo es preguntarse por qué Llorca y la Junta Directiva no adoptaron el mecanismo durante su propio ejercicio al frente de la institución.
Demasiados servidores públicos prestan poca atención al mediano y largo plazo. No tienen inconveniente para dejar grandes encargos a quienes los sucedan, sin importar si se trata de mejoras a la infraestructura vial o portuaria, a la educación básica o a la seguridad social. Posponer la adopción de acciones correctivas apareja serios costos para la sociedad, pues obliga a actuar de choque cuando los males afloran.
El SEM está enfermo. Procede curarlo cuanto antes. los ocupantes de cargos directivos y de alto nivel administrativo de la Caja deben actuar a conciencia, con la previsión tantas veces relegada en nuestras instituciones.