Editorial: Desarrollo y migración en el Istmo

El presidente Joe Biden y los legisladores demócratas presentaron formalmente el jueves, en la Cámara de Representantes, un amplio proyecto para reformar la legislación migratoria de Estados Unidos. Contrario al abordaje excluyente, represivo y hasta inhumano de su predecesor, Donald Trump, la propuesta reconoce el valor de una integración ordenada de los migrantes a la sociedad y la economía estadounidenses; por ello, tiene un carácter estratégico y vinculado con los mejores valores de ese país.

Se trata de un cambio necesario y bienvenido. Será prácticamente imposible que obtenga la mayoría necesaria en el Senado para convertirse en ley, pero servirá de base para una discusión más seria sobre el tema, de la cual podrían surgir cambios trascendentales.

El proyecto incluye un apartado de particular interés centroamericano. En el entendido de que la mejor forma de desestimular la migración masiva irregular es atacar las causas que la generan, Biden propone desembolsar $4.000 millones, a lo largo de cuatro años, para impulsar el desarrollo, la transparencia, la seguridad y el Estado de derecho en el triángulo norte del Istmo: Guatemala, Honduras y El Salvador. La iniciativa se asienta en el documento de campaña, presentado como Plan Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica.

La propuesta vincula los desembolsos a avances internos en cada uno de los tres países destinatarios. Además, pretende movilizar la inversión privada en ellos, mejorar la seguridad y el Estado de derecho, abordar la corrupción endémica y priorizar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Todos son objetivos de gran trascendencia y, como tales, les damos la bienvenida; asimismo, cuentan con buena acogida bipartidista. Sin embargo, precisamente por centrarse en la cuestión migratoria, el plan presenta limitaciones en dos aspectos fundamentales: uno es geográfico, porque deja por fuera del radar a Nicaragua, Belice, Costa Rica y Panamá; otro, temático, por su insuficiente énfasis en factores clave para el desarrollo, como el ambiente, el impacto de los desastres naturales, la educación, la innovación y el empoderamiento femenino. Tampoco hace mención a los enormes desafíos planeados por la dictadura de Daniel Ortega y los ímpetus autoritarios de Nayib Bukele en El Salvador.

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Tales insuficiencias fueron notadas por un grupo de personalidades centroamericanas que, convocadas por la expresidenta Laura Chinchilla, presentaron esta semana un documento complementario con una serie de atinadas sugerencias, titulado Centroamérica y Estados Unidos: hacia una relación de fructífera vecindad. El miércoles de la semana pasada publicamos una información sobre el contenido.

Constituye un relevante aporte para que la nueva administración, en sus relaciones con Centroamérica, vaya más allá del enmarcado migratorio y el combate del narcotráfico con base en la represión y la interdicción. Aborda las limitaciones ya señaladas al plan de Biden, con una visión estratégica a largo plazo. En ella, sin desconocer las particularidades de cada país y los agudos desafíos de algunos de ellos, sugiere también abordajes regionales centrados en factores sociales, económicos y de infraestructura (no integración política), así como en la necesidad de una renovación y modernización de las anquilosadas instituciones de la integración.

Además de complementarios, el documento de la administración Biden y el presentado por las personalidades centroamericanas son confluyentes en temas clave. Entre ellos están la participación política, la lucha contra la impunidad, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el impulso a un mayor protagonismo de la sociedad civil, el fomento de las inversiones y el comercio, y el imperativo de que Centroamérica y sus dirigentes asuman las responsabilidades de su propio desarrollo y las consecuencias de sus malas acciones. Porque para nadie es un secreto que, en el origen de los mayores problemas de muchos países, están la exclusión, la desigualdad, la corrupción, el clientelismo y el peso de las fuerzas armadas.

Nos complace que, tras cuatro años de distorsiones, las relaciones entre Centroamérica y Estados Unidos tomen cauces más propositivos, integrales y normales. Esto no garantizará cambios mágicos e inmediatos, pero sí una ruta que conducirá a mejores niveles de vida para nuestros pueblos.