EscucharYa podemos hablar de una crisis del agua. Cuando nueve cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) rechazan cuatro de cada diez peticiones de suministro, en promedio, y proyectos de construcción valorados en unos $510 millones están estancados por imposibilidad de obtener una conexión, no hay mejor palabra para describir la situación.
Peor aún, cuando cientos de miles de personas sufren racionamientos año con año y nada hace prever una solución, sin duda estamos enfrentados a una crisis del agua con repercusiones sobre la calidad de vida, potenciales efectos sanitarios y probable aumento de la conflictividad social.
Pero lo que falta no es el agua, sino la planificación y diligencia necesarias para suministrarla. Marco Cordero Arce, intendente del agua en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), lo expresó acusando al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de haber “perdido el norte”. Juan Manuel Quesada, nuevo presidente ejecutivo de la institución, atribuye el problema a la falta de capacidad para planificar y ejecutar proyectos.
La afectación del suministro se da por la doble vía del abandono de iniciativas para explotar nuevas fuentes y el desperdicio del líquido obtenido en las que están en operación. A San José llegan 2.500 litros por segundo del acueducto Orosi, pero la pérdida por deficiencias de la tubería y conexiones ilegales asciende al 50 %, según estudios recientes de la Aresep.
El AyA tiene conciencia del despilfarro y desde el 2015 existe el proyecto denominado Reducción del agua no contabilizada y mejoramiento de la eficiencia energética (RANC-EE), con la intención de evitar fugas y mejorar los sistemas de suministro, pero la iniciativa está estancada.
Por el lado del desarrollo de nuevas fuentes, la idea de Orosi II surgió en 1990. Veintitrés años más tarde, en el 2013, se dieron los primeros pasos para concretarla. En la pasada administración, la etapa de diseño avanzó un 70 %. El préstamo de $399 millones para financiar el megaproyecto fue aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en noviembre del 2020, con la condición de formalizarlo en dos años. El plazo venció en noviembre.
Orosi II es una ampliación de la obra original, construida en 1987 para conducir el agua del embalse El Llano hasta la mitad de la población de San José y una parte significativa de Cartago. Suministraría agua a 638.000 habitantes de 15 cantones de San José, Heredia y Cartago, justo donde hoy falta el agua para evitar el sufrimiento humano y permitir el desarrollo.
La urgencia de remediar las debilidades del AyA aumenta en vista de la disminución de las lluvias, especialmente en la vertiente del Pacífico y el Valle Central, por el fenómeno de El Niño. No estamos a tiempo para enfrentar el actual ciclo, cuyo desarrollo se espera para este año y el próximo, pero se volverá a presentar y no debería sorprendernos, una vez más, con la guardia baja.
Haciendo a El Niño a un lado, los efectos del cambio climático, más constantes y cada vez más severos, deberían bastar para entender la necesidad de ordenar todo lo relacionado con el agua, incluida la enorme dispersión de responsabilidades. El AyA es el operador directo del 60 % del suministro y lo demás está a cargo de más de 1.500 Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas) y 28 acueductos municipales. No hay criterios unificados para gestionar el servicio en todo el territorio nacional.
El AyA debe pasar a ser una institución de primer orden, con capacidad para cumplir sus tareas de la actualidad y servir de regente para el sector en su totalidad. Eso implica un fortalecimiento institucional y financiero nunca antes visto. Pero tampoco habíamos visto retos tan formidables en el pasado.
