Los problemas de gestión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) mantienen paralizados cientos de proyectos constructivos en el país. Una encuesta del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), la Cámara Costarricense de la Construcción y el Consejo de Desarrollo Inmobiliario identificó que la entidad rechazó la instalación de 2.561 pajas de agua para casas, condominios, oficinas, centros comerciales, bodegas y oficinas.
La construcción de esas obras representaría una inversión de $510 millones (¢268.000 millones aproximadamente). No obstante, este monto podría ser aún mayor, ya que no todos los desarrolladores encuestados proporcionaron detalles sobre la inversión.
De acuerdo con estimaciones de la Cámara Costarricense de la Construcción, los proyectos varados generarían 11.000 empleos.
La encuesta fue realizada en enero anterior y fue respondida por 173 afiliados, precisó Mónica Castillo, directora de Investigación y Estudios Técnicos del CFIA.
Castillo explicó que el resultado de la consulta se refiere a desarrolladores que, al solicitar cartas de disponibilidad de agua al AyA, recibieron respuestas negativas, obligándolos a abandonar o pausar sus proyectos. Obtener una carta de disponibilidad de agua con una respuesta afirmativa es un requisito indispensable para avanzar en la aprobación de planos y la solicitud de permisos municipales de construcción.
Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo del AyA, señaló que no conoce los detalles de la encuesta, pero aseguró que la próxima semana llevará una propuesta a la Junta Directiva del Instituto para intentar solucionar el problema.
El planteamiento es que se reforme el Reglamento para la Prestación de Servicios del AyA con el objetivo de ampliar el plazo de vigencia de las cartas de disponibilidad de agua a 36 meses. En la actualidad, si una persona o desarrollador inmobiliario solicita una paja, la entidad revisa si tiene capacidad de cumplir con el suministro en un “horizonte” de un año y si existe aforo, responde afirmativamente.
Con esa respuesta, el interesado puede avanzar en la gestión de planos, permisos y construcción dentro de ese plazo de 12 meses, pero al cambiar el plazo a 36 meses el interesado gana tiempo para hacer los trámites del proyecto y el AyA para ejecutar las obras que garanticen el suministro.
“Ahora, lo que estamos diciendo es: ‘miren, en los próximos 36 meses, yo voy a desarrollar esos proyectos y es muy probable que ya se le pueda dar el servicio’. Esa es la gran ventaja que tiene nuestra propuesta, vamos a estirar la cobija para que más proyectos puedan llevarse a cabo”, comentó Quesada.
Desde el miércoles pasado, este diario envió varias consultas a la oficina de prensa del AyA sobre la cantidad de rechazos emitidos en los últimos tres años, pero no hubo respuesta.
‘Estancamiento’ en construcción
De las 2.561 solicitudes de conexiones de agua rechazadas, según la consulta, 344 corresponden a proyectos que se planeaban construir en 2023; 1.246 estaban previstos para 2024; 969 se iniciarían en 2025 y dos, en 2026.
“La razón de que aparezcan en los resultados obras que se pretenden construir en 2025 o 2026 es porque, dependiendo del tamaño del proyecto, el proceso preliminar, de diseño y de obtención de permisos puede tardar hasta dos años”, expresó Castillo.
Carlos Trejos, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, dijo que realizaron la consulta entre los miembros de esa organización porque, en los últimos meses, empezaron a recibir alertas de proyectos que se estaban parando por falta de agua.
Las razones de los rechazos son falta de fuentes hídricas y deficiencias en la infraestructura del AyA para suministrar el líquido.
De las 2.561 pajas de agua rechazadas por el Instituto, según la encuesta, el 49% corresponden a viviendas unifamiliares, el 20% a complejos de apartamentos, el 17% a urbanizaciones o condominios, el 2% a locales comerciales, almacenamiento o fraccionamiento de lotes, el 2% a oficinas y el 8% a otros usos.
La provincia donde se planean la mayor parte de obras en suspenso es San José, con un 39%. Entretanto, el 21% de los proyectos rechazados se construirían en Guanacaste y el mismo porcentaje en Alajuela. Un 11% pertenecen a Puntarenas y un 4% a Cartago, mientras que tanto en Limón como en Heredia se ubicarían un 2%.
Si se analiza el fenómeno por cantones hay 13 con más complicaciones de suministro de agua: San José, Goicoechea, Curridabat, Escazú, Desamparados, Alajuelita, Santa Ana, Vázquez de Coronado, Santa Cruz, Liberia, Alajuela, San Carlos y San Ramón. Esos ayuntamientos concentran el 94% de los rechazos.
La Nación intentó conversar con desarrolladores afectados por el problema, pero rechazaron las entrevistas por temor a enfrentar mayores dificultades en los trámites para ejecutar sus proyectos.
Carlos Trejos manifestó preocupación por las repercusiones del problema en la cadena de valor vinculada a la construcción, como los efectos en la banca, la disminución de créditos para vivienda y el impacto en la venta de materias primas y el transporte, entre otros.
“Esto genera un estancamiento del sector construcción, una reducción del volumen que se podría estar ejecutando y, por ende, una afectación directa en la actividad económica del país”, expresó el empresario.
Los cuestionamientos del CFIA y la Cámara relacionados con la disponibilidad de agua se suman a las constantes quejas de la población por los racionamientos de agua. En los últimos días, vecinos de Hatillo, San José, bloquearon por horas la carretera de Circunvalación para expresar su inconformidad por los cortes del servicio y el incumplimiento con los horarios de racionamiento anunciados.
También los usuarios reportan en las redes sociales del AyA constantes interrupciones, cientos de comentarios muestran molestias por desabastecimiento en Guadalupe, Curridabat, Mata Redonda, Desamparados, San Francisco de Dos Ríos, Desamparados, Moravia y Vázquez de Coronado, entre otros.
Y Orosi II
Proyectos clave para asegurar el abastecimiento del líquido en la Gran Área Metropolitana (GAM) se han venido arrastrando por años sin que aún haya claridad de cuándo el AyA podrá concretarlos. Sin duda, el más importante es Orosi II, que garantizaría el recurso para más de 638.000 habitantes de 15 cantones.
El crédito para ese proyecto, otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $399 millones, fue aprobado desde 2020, pero el AyA nunca formalizó el financiamiento y lo perdió el año anterior.
Orosi II consiste en una ampliación del acueducto Orosi I, construido en 1987, el cual se alimenta del embalse El Llano, en Orosi, Paraíso. Desde allí se abastece a la mitad de la población de San José y parte de Cartago.
Saúl Trejos Bastos, ingeniero que elaboró un diagnóstico sobre la situación del AyA para el CFIA, señaló que en una reunión realizada en mayo del 2023, en Casa Presidencial, se les indicó que la construcción de Orosi II iniciaría en setiembre de ese mismo año, pero no ocurrió.
“En esa reunión estuvo el CFIA y la Cámara Costarricense de la Construcción, yo fui acompañando al CFIA. Expuso el presidente ejecutivo del AyA de ese momento (Alejandro Guillén) y dos asistentes; él (Guillén) dijo que en setiembre del 2023 empezaban las obras. Eso era imposible”, declaró Trejos, quien fue funcionario del AyA hasta el 2020.
Para el ingeniero, la promesa del Gobierno era inviable porque no hay terrenos comprados para el proyecto ni hay diseños finales, entre otros aspectos pendientes.
“Lo que él (Guillén) dijo delante del presidente de la República, era completamente irreal”, enfatizó.
Guillén tuvo que dejar la Presidencia Ejecutiva del AyA por los errores en el manejo de la crisis provocada por la contaminación del agua con xilenos en varios cantones de San José.
Por su parte, el nuevo jerarca informó de que espera un informe para tomar decisiones con respecto a Orosi II, pero reconoció que el panorama es incierto.
“Ese proyecto está en el mapa. Lamentablemente, la institución no ha avanzado lo suficiente en los estudios de ese proyecto y ahora nos corresponde retomarlo y ver cuál sería la ruta para una obra tan ambiciosa”.
En relación con el financiamiento, el jerarca se limitó a decir que “las opciones son varias”.
Otros proyectos estancados o con poco nivel de avance son el que pretende la reducción del agua no contabilizada y mejoramiento de la eficiencia energética, pues se calcula que cerca del 50% del líquido de los sistemas de acueductos se pierde en fugas; el pozo del proyecto Gol, en Santa Ana y el Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (Paacume).
Juan Manuel Quesada afirmó que espera tener una lista de prioridades y un plan de acción para finales de marzo.
En julio pasado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) alertó al AyA del riesgo para el suministro de agua en el corto y mediano plazo por los problemas de gestión en lso proyectos.
Según Aresep, la ausencia de proyectos prioritarios para asegurar la continuidad del servicio de acueducto ya produce escasez de agua en ciertas zonas y amenaza la disponibilidad del líquido a corto plazo, “pudiendo llegar a ser un problema generalizado para el año 2040″.
La red del AyA está compuesta por 180 sistemas de acueductos que atienden a aproximadamente 794.000 abonados.
Un informe de la Intendencia de Agua sealó que el 60% de los acueductos no aseguran el abastecimiento para los próximos 5 años.