EscucharLa elección de Jorge Chavarría Guzmán en el cargo de Fiscal General complace a amplios sectores de la política y la administración de justicia. El funcionario respaldó sus aspiraciones con un currículo de 33 años de servicio distinguido en el Ministerio Público, donde acumuló experiencia en la tramitación de procesos contra el narcotráfico y el crimen organizado, dos de los fenómenos delictivos más preocupantes en la actualidad.
El cambio de mando también pone sobre el tapete la definición de aspectos fundamentales de la política criminal y las oportunidades de mejora en la Fiscalía. Chavarría adquirió un compromiso al criticar el bajo porcentaje de condenas obtenidas por los fiscales. También fijó una meta de su gestión cuando señaló un 80% de éxito como el mínimo aceptable. A la fecha, el Ministerio Público consigue condenas en el 60% de los procesos y Chavarría pregunta: ¿Cómo es posible que se lleven los casos a juicio si el 40% se va a perder?
La pregunta puede ser malinterpretada. ¿Ofrece el Fiscal la obtención de condenas en un 80% de las denuncias o anuncia la decisión de llevar a juicio solamente las denuncias bien fundadas, con pruebas capaces de resistir el intenso examen de los tribunales? Proviniendo de un funcionario de tanta experiencia, las declaraciones solo pueden ser interpretadas en este último sentido. Chavarría está hablando de economía, de aprovechamiento de los recursos en la persecución de casos con buena probabilidad de éxito, lo cual no significa renunciar a la investigación diligente en espera de procesos fáciles para el Ministerio Público.
Por el contrario, las declaraciones del nuevo Fiscal apuntan a la necesidad de fortalecer las diligencias previas: “'si el nivel de condenas es de solo el 60%, eso significa que el Fiscal, la Policía o la investigación están fallando”. En efecto, son muchos los juicios encaminados a la absolutoria por defectos en la recolección de la prueba, falta de empeño para asegurar la comparecencia de testigos y diversas fallas de procedimiento. La mejoría exige coordinación con la Policía judicial, pero también con la administrativa, menos versada en los cuidados necesarios para no contaminar la prueba y ejecutar arrestos con pleno respeto a las garantías reconocidas por el ordenamiento jurídico.
En ese sentido, el breve servicio de Chavarría como viceministro de Seguridad Pública y la reacción del ministro José María Tijerino ante su nombramiento auguran una buena coordinación. Así lo anunció Tijerino cuando celebró la “visión compartida” con Chavarría frente al fenómeno de la criminalidad. “Esta escogencia va a facilitar mucho la colaboración entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad”, enfatizó.
Pero los criterios de economía esbozados por el nuevo Fiscal no son del todo coincidentes con los de su antecesor. En sus declaraciones trasluce la intención de aplicar el criterio de oportunidad con sentido más restrictivo, para perseguir también el delito de menor gravedad, aunque de gran repercusión en la vida cotidiana.
Hasta ahora, el Ministerio Público economizó recursos mediante el procesamiento de casos graves. En adelante, al parecer, la economía consistirá en la persecución de casos viables, incluidos los de menor monta.
Son dos visiones diferentes del manejo del Ministerio Público, ambas con sus ventajas y posibles desventajas.
El país debe estar consciente del cambio para evaluar los resultados a tiempo de rectificar el camino, si fuese necesario. Por lo pronto, el nuevo Fiscal merece el apoyo de todos para acometer, ojalá con éxito, el ensayo de su programa.
