Uno de los desafíos económicos que definen nuestro tiempo es cómo distribuir el valor generado por las tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial generativa y las innovaciones recientes en biomedicina y manufactura, que dependen de un poder informático gigantesco.
Para mejorar los estándares de vida, los beneficios de las tecnologías transformadoras deben compartirse de manera generalizada. Sin embargo, hasta el momento, estos beneficios han sido monopolizados por un cuadro pequeño de multimillonarios tecnológicos.
El CEO de Tesla, Elon Musk, es un buen ejemplo. La mayoría de la gente reconoce que Musk no merecía los 56.000 millones de dólares de compensación anual que la junta de directores de la empresa intentó darle en el 2018, dadas las ganancias relativamente modestas y los años de pérdidas de Tesla. Sin embargo, la junta argumentó que esta suma sideral era necesaria para incentivar a Musk a quedarse en la compañía, un argumento tan insensato que un juez de Delaware recientemente invalidó el paquete de compensación “inconmensurable” de la junta.
Pero Musk no es el único. Otros gigantes tecnológicos, como Alphabet (sociedad matriz de Google), son igual de pródigos con sus CEO y les pagan salarios abultados y otorgan opciones de acciones, bajo la apariencia de querer retener el talento de excelencia. Sin embargo, a decir verdad, la contribución real de los ejecutivos estrella muchas veces es poco clara.
Por poner un caso, un estudio clásico de 1991 de los economistas Bengt Holmström y Paul Milgrom, ganadores del Premio Nobel, sugiere que el pago de incentivos funciona solamente con las tareas simples que tienen resultados mensurables y que son ejecutadas por un trabajador en particular; en esos casos, la compensación puede estar asociada directamente con el desempeño individual.
Por el contrario, la naturaleza multifacética de los roles de los CEO hace que resulte difícil evaluar sus aportes individuales. Pero dado que la métrica para evaluar el éxito de los CEO, como los precios de las acciones, está determinada por los esfuerzos colectivos de los numerosos empleados y por la suerte, se podría decir que deberían ser los últimos en recibir incentivos monetarios.
Asimismo, las ganancias elevadas de las grandes tecnológicas reflejan su poder de mercado, que han logrado al ofrecerles a los usuarios servicios “gratis”, como búsqueda y correo electrónico recopilando, al mismo tiempo, sus datos personales y material con derechos de autor para entrenar a los modelos de IA.
A falta de controles competitivos, la calidad de estos servicios se ha venido deteriorando gradualmente, una tendencia que el escritor y activista tecnológico Cory Doctorow ha definido como “decadencia de las plataformas”. A la vez, los efectos adversos de los modelos de negocios de las grandes tecnológicas, desde desinformación desenfrenada y falsificaciones profundas hasta el cebo de clics, se han vuelto cada vez más evidentes.
Complemento, no reemplazo
La aparición de la IA generativa ha alimentado aún más los temores sobre el predominio de mercado de los gigantes tecnológicos, en tanto escritores, artistas y otros profesionales creativos encuentran que sus subsistencias se ven minadas por los modelos de lenguaje grande que eluden las restricciones del derecho de propiedad intelectual con impunidad.
Esto no tiene por qué ser así. En un estudio reciente, el economista del MIT David Autor sostiene que las tecnologías de IA emergentes tienen el potencial de complementar las habilidades de los trabajadores humanos, particularmente aquellos, como los enfermeros especializados, que normalmente no reciben paquetes de pagos basados en incentivos.
De la misma manera, la investigación de los colegas de Autor en el MIT Erik Brynjolfsson, Danielle Li y Lindsey Raymond demuestra que la IA impulsa significativamente la productividad de los trabajadores de los centros de llamadas. En conjunto, estudios como estos sugieren que la IA generativa podría aumentar el trabajo de los trabajadores creativos autónomos en lugar de reemplazarlos.
Pero un cambio sistémico exige algo más que esfuerzos individuales. El poder abrumador de las grandes tecnológicas requiere intervención del gobierno para garantizar que el valor que crean, así como el valor que extraen de las rentas monopolizadoras, se distribuya de manera justa entre los trabajadores y los consumidores.
Si bien los responsables de las políticas en Estados Unidos y Europa se han centrado, y con razón, en medidas que mejoren la competencia, inclusive examinando el impacto de las principales empresas tecnológicas en los mercados laborales, estas acciones no son suficientes.
Infraestructura pública digital
Para frenar el poder de mercado de las grandes tecnológicas y garantizar que las nuevas tecnologías beneficien a todos, los gobiernos deben invertir en desarrollar infraestructura pública digital. El concepto de pila tecnológica de estándares abiertos —que consiste en identificación digital, un sistema de pagos y una plataforma de intercambio de datos— ha ganado tracción en los círculos de desarrollo económico en los últimos años, y estos marcos también podrían optimizar la provisión de bienes públicos.
Pero para alcanzar esto hace falta un cambio de mentalidad. La infraestructura pública digital, que por lo general se ve solo como un medio para brindar servicios gubernamentales a los individuos, tiene el potencial de convertirse en una plataforma potente para facilitar las interacciones entre gobiernos, empresas y ciudadanos. En términos ideales, un sistema de pagos de propiedad pública podría procesar las transacciones entre empresas y también entre individuos en jurisdicciones diferentes.
Asimismo, el establecimiento de infraestructura pública digital es crucial para implementar ciertas medidas políticas, como el impuesto a la publicidad digital propuesto por el economista y premio nobel Paul Romer. Los ingresos generados por este tipo de impuestos, por ejemplo, podrían financiar iniciativas de recolección de residuos y reciclaje.
Una economía de mercado pujante funciona como una sociedad entre el gobierno y el sector privado. Según este acuerdo, a las empresas se les permite gestionar sus propios asuntos, siempre que cumplan con las leyes y regulaciones, paguen los impuestos corporativos y retengan los impuestos de sus empleados.
Pero las grandes tecnológicas han minado este acuerdo implícito al explotar diversas lagunas legales para minimizar sus cargas tributarias, comprometer la calidad de sus servicios y violar sistemáticamente las leyes de copyright. Ha llegado la hora de establecer mecanismos institucionales eficaces y necesarios para garantizar que las tecnologías potencialmente transformadoras beneficien a todos, no solo a unos pocos privilegiados.
Diane Coyle, profesora de Políticas Públicas en la Universidad de Cambridge, es la autora, más recientemente, de Cogs and Monsters: What Economics Is, and What It Should Be (Princeton University Press, 2021).
© Project Syndicate 1995–2024
