
Nuestro pacto social ancla en dos proposiciones esenciales, sin cuya existencia e integridad se arruinaría nuestra identidad colectiva. Son, como suele decirse, el núcleo duro de la Constitución, junto con el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales.
Una, es la consagración del sufragio universal como función cívica primordial, que materializa la idea de que todos los poderes públicos emanan del pueblo, es decir, traen su origen y principio del pueblo; en este contexto, el pueblo es el entero cuerpo social, no un segmento cualquiera de él.
De ahí que el sufragio se rodea de amplia protección para resguardar su pureza, atávica expresión que denota apropiadamente un superlativo grado de inviolabilidad y exigencia.
Otra, es la proscripción del ejército como institución permanente, que excluye de la vida y la cultura de la comunidad este instrumento arbitral y arbitrario, la más intensa manifestación de la fuerza, potencialmente capaz siempre de pervertirlo todo con la excusa de la legítima defensa.
Actualmente, asistimos al hecho de que en países muy señalados los conflictos relacionados con el sufragio y el ejército cobraron una vigorosa actualidad.
Por ejemplo, a raíz del inusitado desenlace de las elecciones en los Estados Unidos fue necesario que el mando militar asegurara, en vista de las suspicacias, que los militares, inexcusablemente, deben defender la Constitución y su conducta ha de ser escrutada para verificarlo.
En España, el diario El País informó de que las actitudes antidemocráticas mostradas últimamente por algunos militares movieron al Ministerio de Defensa a procurar el fomento de los principios y valores constitucionales en los centros docentes militares.
En nuestro patio, donde el orden y la seguridad pública descansan en las fuerzas de policía, una prescripción constitucional las avecina al sufragio porque confiere al Tribunal Supremo de Elecciones la facultad de dictarles «las medidas pertinentes para que los procesos electorales se desarrollen en condiciones de garantías y libertad irrestrictas»; esto incluye, en sentido amplio, dotarlas de conocimiento solvente en materia de valores y principios constitucionales.
Lo cierto es que algunos incidentes puntuales acaecidos tiempo atrás aconsejan hacerlo, sobre todo si se tiene en cuenta el déficit de formación cívica que sospecho que, de manera generalizada, arrastramos.
El autor es exmagistrado.
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