Nuria Marín Raventós. 2 junio

Con la renuncia del magistrado Ernesto Jinesta y la destitución de Celso Gamboa, son ya seis las vacantes en las Salas de la Corte Suprema de Justicia.

Nuestro constituyente incorporó los principios de poderes distintos e independientes, pero también el de frenos y contrapesos, de ahí que la Asamblea Legislativa sea la responsable del nombramiento de los magistrados.

Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de cambiar la jurisprudencia actual y decidirán casos de gran relevancia

En esa misma línea, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones son escogidos por la Corte Suprema de Justicia. Por eso, al llenar dichas vacantes, se incidirá también en otro poder de la República.

Los puestos pendientes representan casi la tercera parte de la Corte Plena y, en el caso de las Salas II y III, un 40 % de su integración, razones para que la Comisión de Nombramientos y el plenario efectúen un amplio estudio para escoger a los mejores.

Los nuevos integrantes tendrán la responsabilidad de cambiar la jurisprudencia actual y decidirán casos de gran relevancia, de ahí lo vital de escoger personas probas y a excelentes juristas.

Si esto no fuera ya presión, es bueno recordar que si bien los nombramientos son por ocho años, estos se renuevan automáticamente si no existe una votación en contra de dos terceras partes de la totalidad de los miembros, o sea 38 votos, de ahí que no podemos equivocarnos.

El Poder Judicial desempeña un papel excepcional en el actuar democrático, no solo como responsable de aplicar e interpretar las normas e impartir justicia pronta y cumplida, sino también como garante de que nadie esté por encima de la ley. Más recientemente, y ante la falta de toma de decisiones de otras instancias públicas, ha tomado un papel como decisor de última instancia.

Aprovecho esta columna para hacer una atenta instancia a los diputados, en momentos en que el país ha avanzado con la aplicación horizontal y vertical en las elecciones legislativas y el actual gobierno ha buscado una integración paritaria, el Poder Judicial no solo se ha rezagado, sino que ha retrocedido en la incorporación de mujeres, con tan solo 5 en 22 puestos.

Debemos avanzar hacia la integración paritaria en los tres poderes de la República, y para ello contamos con un amplio acervo de abogadas talentosas que sin duda enriquecerán las decisiones del Poder Judicial.

La autora es politóloga.