En el combate contra la corrupción hemos abogado por que Costa Rica fortalezca sus órganos de control y auditoría, que permita la intervención de las autoridades cuando surgen cuestionamientos para que, de manera rápida y eficiente, se establezcan las responsabilidades y los corruptos sean sancionados. Presumimos que el origen está en nuestro país, pero no siempre es así.
La historia que comentaré fue divulgada esta semana en varios reportajes del diario La Prensa de Panamá e inicia con una reunión celebrada en agosto del 2012, donde estaban el presidente de ese país y dos altos empleados de la constructora española FCC.
La información, según cita el diario, consta en declaraciones brindadas a fiscales españoles por los ejecutivos de la empresa. De acuerdo con el medio, los ejecutivos narraron que en esa reunión se designaron los “intermediarios” entre el gobierno y la empresa, y además se definió que la constructora debía girarles un 10 % del valor de cada contrato de obras por llevar a cabo y en las que estaban pendientes de terminar o pagarse. ¡Pobre pueblo panameño!
La solución propuesta era cargar a los precios el monto de lo que la publicación denomina coimas. Esta alternativa no les fue tan sencilla debido al alto monto y otras complicaciones operativas, que hicieron inviables todos los casos.
En vista de la situación, surgió una solución mágica: cargar parte de los costos a otros proyectos que realizaba FCC en la región. De esa manera, señalan los declarantes ante los fiscales españoles, se cargó un sobreprecio del 4 % a “tramos carreteros en Heredia-Alajuela y de conservación vial en San José (Costa Rica)”, y algunos otros en Chalatenango, El Salvador; en Malpasillo-San Isidro, en Nicaragua; y al Complejo Judicial de Managua.
La suma de los sobreprecios ascendía en julio del 2013 a $83 millones, parte de los cuales nos trasladaron a los países vecinos, lo que no debemos permitir que suceda impunemente.
Destaco que, si bien no se señala a ningún funcionario o empresa costarricense, las autoridades judiciales deben retomar acciones con más incisión en los procesos penales que se llevan a cabo en Panamá y España, y reclamar indemnizaciones para nuestro país.
nmarin@alvarezymarin.com
La autora es politóloga.
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