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A supporter of US President Donald Trump sits inside the office of US Speaker of the House Nancy Pelosi as he protest inside the US Capitol in Washington, DC, January 6, 2021. - Demonstrators breeched security and entered the Capitol as Congress debated the a 2020 presidential election Electoral Vote Certification. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (SAUL LOEB/AFP)
El 6 de enero un grupo de extremistas irrumpió en el Capitolio, sede de ambas Cámaras del Congreso, en un acto de violencia que no solo ataca al primer poder del Estado federal, sino también a la democracia y la voluntad de la mayoría del electorado de los Estados Unidos.
Esta manifestación ocurrió cuando se realizaba uno de los actos más solemnes establecidos en la Constitución, como lo es la declaración oficial de las personas elegidas para ocupar la presidencia y la vicepresidencia.
Según establece la enmienda número 12 de la Constitución, la Cámara de Representantes y el Senado se reúnen en una sesión conjunta para recibir los sobres cerrados donde está la certificación de los resultados que los 50 estados de la Unión y el Distrito de Columbia efectuaron el 14 de diciembre.
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Una vez leídas las certificaciones alfabéticamente por estado y cuantificados los resultados oficiales son declarados vencedores quienes obtuvieron un número igual o superior a los 270 votos electorales requeridos para ganar la elección, equivalentes a la mitad más uno de los votos electorales que integran el Colegio Electoral.
La horda de manifestantes incluso se introdujo en el recinto de sesiones y, de manera irrespetuosa e indignante para la solemnidad de la institucionalidad, uno de ellos se sentó en la silla de la presidencia del Senado.
Fueron imágenes muy fuertes, más propias de democracias frágiles. También impacta que el país se viera obligado a decretar un toque de queda y que Twitter bloqueara la cuenta del presidente por haber usado la red social para incitar a la violencia.
El llamado pausado y directo de Joe Biden al presidente Donald Trump para hacer respetar la Constitución resultó adecuado y eficaz: el movimiento perdió fuerza cuando el mandatario solicitó la desmovilización y restaurar la paz.
Lo acontecido tendrá consecuencias incluso de carácter penal para los responsables. Esperemos que, por la salud democrática y la necesidad de enfrentar problemas más grandes, como la lucha contra el coronavirus, este fuera el último capítulo de un proceso electoral largo, intrincado y doloroso, para que el país tenga la sabiduría de empezar a tender puentes y cerrar heridas, pues la cordura y la sensatez son esenciales para un buen gobierno.
La autora es politóloga.
