Una democracia centenaria como la nuestra se ha alcanzado porque quienes durante décadas han ejercido el poder han sabido entender y respetar la separación de poderes, el valor del diálogo, la negociación y, sobre todo, la dignidad y el respeto cuando hay discrepancias.
Si estudiamos nuestra historia, por ejemplo las actas del poder constituyente, concluimos que la Segunda República fue el fruto del pensamiento y la discusión de diversas fuerzas (partidos) políticas que llegaron a consensuar y negociar pese a las diferencias.
Estudiando igualmente nuestra historia, podemos ver el interés de nuestros fundadores en integrar los principios de la democracia liberal de Hobbes (la obligación del Estado de garantizar la seguridad), Locke (preámbulo de forma de gobierno y separación de Estado e Iglesia), Rousseau (el contrato social) y Montesquieu (con la teoría de frenos y contrapesos entre poderes).
Son justamente los principios de Montesquieu lo que nos hace respetar y comprender la importancia de fallos del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la República, que si favorecen, o bien son adversos al Poder Ejecutivo, son casualmente porque ese es nuestro ordenamiento jurídico y es válido discrepar, pero siempre deben respetarse.
Es la labor que ha venido desempeñando la Contraloría General de la República bajo el liderazgo de Marta Acosta, frente a acciones del Poder Ejecutivo que no cumplen con la legalidad. Por ello, resulta inaceptable tratar de desvirtuar la capacidad y honorabilidad de la distinguida profesional, quien de manera seria, exigente y rigurosa ha defendido la institucionalidad y el erario, no durante uno, sino durante cuatro gobiernos de diferentes colores políticos.
Con doña Marta otros gobiernos pudieron estar en desacuerdo, pero siempre respetaron sus resoluciones y reconocieron la honorabilidad de sus actuaciones. Celebré como mujer que distinguidas mujeres, entre las que se encontraban expresidentas del Congreso y la única que ha ejercido el más alto cargo, magistradas y diputadas, defendieran que Acosta se ha desempeñado con honor y excelencia. Me sumo a ellas y hago un llamado al Ejecutivo a retomar el señorío y la dignidad de la investidura presidencial.
La autora es politóloga, miembro del Advisory Board del Wilson Center en asuntos para América Latina.