Todas las propuestas incluidas en la lista eliminan el IVA o abren el camino para hacerlo. Dos, que ya soy ley, liberan por un año al turismo y los servicios de construcción, a pesar de que la aplicación prevista originalmente sería gradual. Otras dos exonerarían por seis meses la canasta básica, alquileres y servicios públicos, y hasta el 31 de diciembre del 2021 los productos agropecuarios. Y una más permitiría al gobierno, en emergencia, suspender su cobro a alquileres, electricidad y agua a las pymes.
Sobre turismo, el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves ya había advertido de que la decisión en nada lo beneficiaba y en mucho perjudicaba al fisco, pero prevalecieron la sordera y las poses. Según los datos más recientes del índice mensual de actividad económica (IMAE), construcción y agro están entre los sectores que menos han sufrido por la pandemia, pero de nuevo se impuso el clientelismo, porque “pobrecitos”. La canasta básica apenas paga el 1 %, y su objetivo, además de generar algunos ingresos, es seguir el hilo tributario a la cadena de producción y comercialización; sin embargo, suena bien “defender” a los más pobres, cuando en realidad se perjudican al quitar ingresos al Estado y prescindir de una herramienta contra la evasión. Lo mismo ocurre con las demás propuestas.
Sumemos otras ocurrencias fiscalmente regresivas, como bajar a la mitad los marchamos y quitar impuestos a la gasolina, y el “combo” se agrava.
Nuestros problemas fiscales de hoy se deben, en buena medida, a mala legislación del pasado. Entonces, como ahora, se disfrazó de progresista o solidaria, pero pasó una enorme factura. Estamos en el peor momento para un nuevo manoseo. La tentación, sin embargo, es enorme. También, como esa lluvia, tóxica.
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