En los índices internacionales, sobre todo vinculados con libertad, democracia, institucionalidad y derechos humanos, Costa Rica suele ocupar un papel muy destacado.
Algunos, muy relevantes, lo han ratificado en sus ediciones del 2020. Hace pocos días, Reporteros Sin Fronteras (RSF) divulgó el de libertad de prensa, que nos otorgó el sétimo mejor lugar del mundo.
Semanas atrás, de nuevo fuimos considerados una de las pocas democracias plenas (apenas 22 entre 166 países) por The Economist Intelligence Unit, que mide un amplio conjunto de variables políticas e institucionales.
Y en el de Freedom House, centrado en libertades políticas y civiles, obtuvimos 94 puntos de 100 posibles, el segundo mejor desempeño de Latinoamérica después de Uruguay, con un envidiable 98.
El más reciente, y quizá menos conocido en esta secuencia, es el índice de transformación de la Fundación Bertelsmann (conocido como BTI).
Lo compila y divulga cada dos años el brazo sin fines de lucro del gigante alemán de las comunicaciones, mediante análisis cualitativos de expertos internacionales (en este caso, 269).
Al igual que ocurre desde que comenzó a elaborarse, hace 16 años, Costa Rica pedalea en el pelotón de punta.
Ámbito y método. De los cuatro estudios mencionados, el BTI aplica la metodología más integral y, por ende, complicada.
Quizá, la laboriosidad del proceso explique una debilidad en el resultado: el informe del 2020 está en extremo desactualizado respecto al año del título. Por ejemplo, en América Latina, habla de Mauricio Macri, Evo Morales y Jimmy Morales como si aún fueran presidentes de Argentina, Bolivia y Guatemala, respectivamente, y deja por fuera acontecimientos de tanta importancia como las traumáticas y frustradas elecciones bolivianas, las movilizaciones sociales en Chile o la arremetida autoritaria de Nayib Bukele en El Salvador.
Pese a este gran desfase temporal, su análisis, por exhaustivo y bien fundamentado, es particularmente esclarecedor.
El universo del estudio está constituido por 137 países “en desarrollo” o “transición”, que el BTI define como aquellos que están “en su camino hacia la democracia bajo el Estado de derecho y la economía social de mercado”.
Es una amplia y poco específica categoría, sin duda, pero permite acotar el ámbito de análisis. Los países excluidos son aquellos que formaban parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hasta 1989, y los pequeños Estados con menos de un millón de habitantes.
A partir de 17 criterios, compuestos por 49 “notas” individuales y agrupados en tres grandes dimensiones, se confeccionan dos índices: el de “estatus” (dónde estamos) y el de gobernanza (qué capacidades tenemos).
El primero de ellos incluye dos de las tres dimensiones analíticas contempladas por el informe: “Transformación política” y “transformación económica”.
Por su parte, el índice de gobernanza valora, esencialmente, calidad, recursos y mecanismos del liderazgo político-institucional.
Desempeño. Costa Rica se desempeña mejor en transformación política, con 9,05 puntos de 10 posibles y la octava mejor posición del mundo. En transformación económica, bajamos al décimo cuarto puesto, con una nota de 7,93.
Del promedio de ambas categorías sale el “índice de estatus”, con 8,49 puntos a nuestro favor y el décimo primer lugar entre los 137 países.
En el de gobernanza, mejoramos dos posiciones, y nos ubicamos en la novena, a pesar de contar con una puntuación relativamente baja (6,92). La razón: todos los países considerados tienden a peores notas en este segundo índice.
Nada de lo anterior sorprende. Sabemos que, a pesar de una serie de disfuncionalidades en el quehacer político, Costa Rica goza de gran solidez democrática, estabilidad institucional, apego al imperio de la ley, razonable participación y apoyo al concepto de Estado nación, todos componentes de la categoría transformación política; de aquí que en ella superemos el 9.°.
El BTI define la economía social de mercado de manera muy amplia, y la desglosa en siete criterios: desarrollo socioeconómico, organización del mercado y competencia, estabilidad fiscal y monetaria, derechos de propiedad, régimen de bienestar social, desempeño de la economía y sostenibilidad. De ellos surge la calificación sobre transformación económica, segundo gran componente del índice de estatus.
Quienes se hayan percatado, en estos días, del poder cuasimonopólico de los grandes arroceros para determinar el precio del grano a los consumidores, comprenderán por qué el informe señala debilidades en competencia interna. Pero la estabilidad fiscal es considerada un problema aún mayor, lo mismo que la persistencia de la pobreza y el desempleo.
En gobernanza, entendida como “cuán eficazmente los formuladores de política facilitan y conducen el desarrollo y los procesos de transformación”, flaqueamos mucho más en términos absolutos (nota), pero como las falencias de otros son mayores, nuestra posición relativa es muy buena.
Los cinco criterios considerados en este segundo índice son dificultad estructural del Estado, capacidad de impulsar cambios desde el gobierno, eficiencia en el uso de los recursos, construcción de consensos y cooperación internacional. El análisis sobre Costa Rica destaca una amplia capacidad consensual, pero lamenta la poca eficacia en la toma e implementación de decisiones. Tampoco sorprende.
Perspectiva. La última pieza legislativa de gran calado mencionada por el estudio, y que refleja tanto voluntad para afrontar el problema fiscal como capacidad de articular decisiones pese a la dispersión político-partidista, es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Sabemos que a ella han seguido otras, como las reformas al reglamento legislativo y a la ley de concesiones, la regulación de las huelgas y el conjunto de leyes necesarias para ingresar a la OCDE. Además, hay más iniciativas en camino.
Por su posible impacto estructural, resultan particularmente relevantes la ley de empleo público y la reforma del Estado mediante el cierre, fusión o transformación de instituciones.
Sin embargo, a pesar de estos avances reales y potenciales, así como de las buenas posiciones en el BTI, es imperativo seguir mejorando nuestro desempeño como sociedad y como sistema político, económico y social.
Bien lo dice el informe en la “mirada estratégica” que plantea hacia el final de su análisis nacional:
“Para que Costa Rica mantenga sus significativos logros en los ámbitos económico, social y político, y sea capaz de profundizarlos en el futuro, debe abordar las limitaciones estructurales que de manera creciente amenazan el progreso. Esto requerirá un conjunto de reformas administrativas para mejorar la ejecución e implementación de capacidades, y un conjunto de reformas políticas para mejorar la representación, fortalecer el rendimiento de cuenta de los legisladores y estimular una mejor coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo”.
Nada nuevo, tampoco, en esta afirmación. Lo que dice ha sido de sobra conocido y discutido. Pero el BTI plantea un recordatorio muy bien fundamentado de cuáles son nuestras grandes fortalezas y reitera que, a pesar de ellas, tenemos muchas otras tareas por delante. Porque no avanzar, en el fondo, implicará retroceder.
El autor es periodista y analista.
Twitter: @eduardoulibarr1