Tatiana Benavides Santos. 21 noviembre, 2019

Mediciones de actitudes políticas e índices continúan mostrando la solidez de las instituciones políticas costarricenses. Sin embargo, resulta crucial alertar sobre hallazgos relacionados con déficits que podrían erosionar nuestro sistema democrático.

Dos factores fundamentales son los mayores predictores de apoyo al sistema democrático o constructores de reserva de apoyo: la confianza en las elecciones y la confianza en instituciones y actores políticos específicos.

En cuanto al primer factor, Costa Rica es, a pesar de declives en las últimas dos décadas, el país latinoamericano donde se apoya en mayor medida el sistema democrático (59,2) y existe amplia confianza en el proceso electoral, producto de la gestión de uno de los órganos electorales más profesionales e íntegros del mundo, según el índice de integridad electoral.

La calificación es digna de exaltar, pues aunque se creía que en la mayoría de las naciones de América Latina la transparencia electoral estaba garantizada, desafortunadamente hemos sido testigos de la creciente falta de autonomía y otros elementos señalados por el Barómetro Global de Corrupción 2019, tales como el financiamiento fraudulento a los partidos políticos, la compra de votos y la difusión de noticias falsas durante las campañas, lo cual han reducido la confianza en las elecciones en no pocos países.

Alerta temprana. En el segundo factor, el de la confianza en las instituciones y autoridades gubernamentales, debemos detenernos a analizar los hallazgos de la reciente investigación elaborada por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop, por sus siglas en inglés), el cual evaluó la actitud de los costarricenses con respecto a sus élites y el riesgo del voto contra el establishment.

Los resultados de la investigación mostraron que presenta elevados niveles en uno de los marcadores de inclinación al populismo, como las actitudes antiélites. En el 2018, el 46,2 % estuvo fuertemente de acuerdo con que el gobierno (cualquiera) está compuesto de élites interesadas solo en sus propios beneficios y más de un 30 % estuvo de acuerdo o algo de acuerdo con esa afirmación.

La posición, aunque estaba extensamente distribuida entre la gente, fue especialmente manifiesta por jóvenes y personas con alto nivel educativo.

Entre los cruces de variables llevados a cabo en el estudio, los resultados identificaron dos tendencias: 1. Que la ciudadanía que mostró actitudes antiélite es la que manifestó menos apoyo al sistema y más insatisfacción en relación con el desempeño de la democracia. 2. La existencia de una correlación entre las actitudes antiélite y la preferencia a darle el voto al candidato de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, en las pasadas elecciones, quien, como bien sabemos, capitalizó e incentivó la polarización generada por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al matrimonio igualitario y cuestionó la tradición costarricense de apego al respeto de los derechos humanos, específicamente la protección de los derechos de las mujeres y de las minorías.

El problema con las actitudes antiélite, como lo han demostrado múltiples investigaciones, es que hacen a los sistemas políticos más vulnerables a la emergencia de outsiders o líderes de corte populista. Me refiero con ello, parafraseando a Judith Teichman, al populismo como método para organizar el poder que emerge de la ausencia o el deterioro de pactos.

Específicamente, es el mecanismo que, apelando a la soberanía popular, cataliza de forma oportunista la inquietud surgida de los pactos políticos “ausentes, amenazados o rotos” y el enfado con las élites.

Esa carencia, o deterioro de pactos, también ha sido uno de los problemas del sistema político costarricense, como lo señala el Informe del Estado de la Nación 2019: la precariedad de las coaliciones entre fuerzas políticas en el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha sido una constante en años recientes.

Punto a favor. La buena noticia es, como lo menciona también el mismo informe, la actitud conciliadora de la clase política este último año, traducida en acuerdos concretos entre la administración y el Congreso, que han permitido aprobar necesarias reformas de saneamiento fiscal y múltiples iniciativas posteriores.

Es esa negociación sostenida y las alianzas entre el Ejecutivo y el Congreso uno de los aspectos que pueden dinamizar el sistema político, dar respuestas ágiles para mejorar la condiciones de vida de la ciudadanía y, por supuesto, mejorar las actitudes de la población con respecto a las élites políticas y gobernantes.

Además de la conciencia de la relevancia de pactos inclusivos, es preciso poner atención y tratar de contrarrestar dos elementos que pueden, junto con las actitudes contra el establishment, exacerbar las posibilidades de surgimiento de figuras populistas en el país: la desigualdad y las divisiones culturales.

La desigualdad. De acuerdo con el índice de democracia liberal 2019 del V-Dem Institute, de la Universidad de Gotemburgo, conformado por el componente de democracia electoral, el liberal, el igualitario, el participativo y el deliberativo, Costa Rica frecuenta los primeros lugares del mundo en los componentes de democracia electoral y el liberal. Sin embargo, presenta déficits en el componentes igualitario y participativo.

En cuanto al componente igualitario (0,847), el mayor déficit reside en la desigualdad de los recursos y derechos de grupos específicos. Desafortunadamente, la evidencia salta a la luz en el nivel de desigualdad económica, el cual ha aumentado en la última década y alcanza los mismos rangos de hace 40 años.

En el componente participativo (0,675), los elementos más deficitarios tienen que ver con la desigualdad del poder regional (distribución del poder geográficamente). Está claro que la democracia costarricense debe buscar mecanismos que satisfagan las expectativas de inclusión de la ciudadanía, tanto en términos socioeconómicos como de representación geográfica.

Aspectos culturales. Los estudios de Pippa Norris demuestran, sobre las democracias europeas y la estadounidense, que el surgimiento de figuras populistas se ha dado menos por factores relacionados con el descontento por necesidades económicas insatisfechas y más por los puntos de inflexión generados por el cambio de valores culturales.

Costa Rica, en la anterior elección, se vio precisamente enfrascada en una dinámica de división por valores posmaterialistas, particularmente en torno a asuntos de carácter religioso, de género y de derechos de grupos minoritarios.

Como en otras sociedades, la población, especialmente joven, ha cambiado en las últimas décadas y ha adoptado valores de inclusividad y diversidad cultural. Pero, al mismo tiempo, los grupos cuyos valores tradicionales antes no eran cuestionados han empezado a sentir que esas tendencias los amenazan.

El temor y malestar fue el que, como bien sabemos, supo leer y capitalizar el candidato de Restauración Nacional en la pasada contienda electoral, y recibió el apoyo de un buen número de personas, a pesar de que sus posturas arriesgaban erosionar las instituciones, derechos y libertades democráticas. La intolerancia ha crecido (Estado de la Nación) y la polarización no se ha reducido desde las elecciones como se observa en discusiones en las redes sociales y en algunos debates en el Congreso.

Existen factores de fondo que hacen posible la aparición de figuras populistas en futuras contiendas, no solo por el riesgo generado por la presencia de actitudes antiélite, sino también por la desigualdad o la polarización en la lucha por la hegemonía de valores culturales específicos.

Datos empíricos extraídos de la investigación de las actitudes ciudadanas deben servir para prepararnos con el fin de contrarrestar los fenómenos que arriesgan socavar elementos fundacionales de nuestro sistema político.

La autora es politóloga.