El Consejo Económico del gobierno, rebautizado al mejor estilo del PAC, como Área de Articulación Presidencial para la Estabilidad y el Crecimiento, de la cual es responsable el Ministerio de Coordinación del Equipo Económico (MCEE), se reunió solo tres veces desde el arranque de la administración Alvarado hasta mediados de junio del 2019. Las minutas de las tres sesiones resultan material de lectura imprescindible para quien quiera entender lo que está pasando en Costa Rica en ese frente.
Dichas minutas son muy reveladoras, especialmente, por lo que no dicen, no tanto que por lo que sí. Permiten, en alguna medida, saber qué ha ocupado a los principales responsables de la economía del país mientras esta se desacelera y crecen el desempleo y la informalidad.
Empiezo por cuestiones de forma que atañen directamente al fondo del asunto que preocupa hoy a los costarricenses: la reactivación económica. Participan en esas sesiones las ministras de Coordinación Económica, Hacienda, Economía, Planificación y Comercio Exterior, el presidente del Banco Central y algunos asesores del MCEE y del BCCR. El gran ausente: el ministro de coordinación con el sector privado, André Garnier.
¿Qué diría Freud? Posiblemente, que dicha ausencia revela que en el gobierno no existe consciencia del papel vital que debe desempeñar el sector privado en la reactivación de la economía.
Durante la primera reunión del gabinete económico, celebrada el 17 de octubre del 2018, cinco meses después del inicio del período presidencial, se discutieron algunas metas macroeconómicas y para el sector financiero. De particular interés, resultan las cifras del déficit fiscal como proporción del PIB: 7,3 %, en el 2019; otra vez 7,3 %, en el 2020; 6,8 %, en el 2021; y 6,5 %, en el 2022. No son proyecciones, sino metas propuestas por el MCEE, según se desprende de la minuta.
Debemos interpretar esas metas como la línea base, el ceteris paribus del que nos gusta hablar a los economistas, en caso de que no se aprobara la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Habiendo sido fijadas antes de que pasara la reforma fiscal, dichas metas son sintomáticas de un mal que en los últimos meses viene resultando muy evidente: la total ausencia de intención de poner el gasto público en cintura.
Para muestra dos botones: el presupuesto extraordinario para sostener a flote a Japdeva y el visto bueno presidencial para la construcción de un edificio nuevo para el CNP, dos instituciones a las que habría que mostrarles la puerta de salida en vez de gastar más recursos públicos en ellas.
Incumplimientos. Las sesiones segunda y tercera, celebradas el 7 de diciembre del 2018 y el 27 de marzo del 2019, respectivamente, se dedicaron casi en su totalidad a dar seguimiento a las directrices 035-H y 036-H, cuyo objetivo era mejorar la eficiencia y diversificación del crédito en los bancos estatales y establecer parámetros para determinar la viabilidad del pago de incentivos a los funcionarios de dichos bancos.
Ambos bancos se quedaron cortos con respecto a las metas fijadas para la mejora de la eficiencia. La reducción del margen de intermediación financiera alcanzó alrededor de un 80 % del objetivo, mientras que en el indicador de eficiencia operativa el avance fue de apenas el 50 % de lo pautado.
Llama poderosamente la atención que el Banco Nacional ni siquiera definió metas de diversificación de su cartera de crédito, según lo exigido por la directriz, ni tampoco recibió una sanción por la omisión. Aun así, incumplió las metas que se autoimpuso utilizando una metodología distinta. El Banco de Costa Rica, a pesar de haberse apegado a la metodología de la directriz, tampoco cumplió los objetivos trazados.
Con respecto a los parámetros para el pago de incentivos a los funcionarios bancarios, según se desprende de la minuta de la tercera sesión, el avance se dio únicamente en asuntos procedimentales “como la incorporación de los principios en los planes estratégicos de las entidades”, mientras que en cuanto a “la racionalidad de los incentivos (topes máximos para el pago) los resultados fueron limitados o incompletos”. Una verdadera burla a los objetivos de la directriz.
Al final de la tercera sesión, el equipo económico conoció las metas propuestas por los bancos para los siguientes cuatro años en materia de eficiencia financiera y operativa, diversificación de la cartera e inclusión financiera. Particularmente notorio es el poco compromiso de ambos bancos estatales por servir a las mipymes. El BN propone servir a entre 730 y 1.125 nuevos deudores de esa categoría al año, mientras que el BCR haría lo mismo para entre 695 y 980 nuevos deudores cada año. El parque empresarial se cuenta en las decenas de miles de micro y pequeños emprendimientos en el país.
Este es, más o menos, el contenido de las discusiones del equipo económico del gobierno a lo largo de un año en el cual el crecimiento de la producción, medido por el índice mensual de actividad económica (IMAE), cayó del 3,2 % en mayo del 2018 a un magro 1,6 % en abril del 2019. Decía arriba que las minutas resultan más reveladoras por lo que no dicen que por lo que en ellas se puede leer. No hay un solo análisis de la coyuntura económica, ni mucho menos una propuesta para reactivar la economía.
Cuestión baladí. El silencio es elocuente, las omisiones son apabullantes. Durante los primeros trece meses del gobierno de Carlos Alvarado, no hubo en el gabinete económico sentido de urgencia ante la situación y el entorno, la desaceleración no fue tema de conversación y el desempleo no fue motivo de preocupación.
Para colmo de males, las metas tan cándidamente establecidas evidencian que no existió la convicción —mucho menos la intención— de contener el déficit fiscal haciendo un esfuerzo de reducción del gasto. Tampoco hay evidencia de que se entienda la importancia del sector privado, generador de alrededor del 85 % de todos los puestos de trabajo del país, en la economía.
Las minutas exhiben una fijación excesiva del equipo económico en regular el desempeño de los bancos estatales, que por supuesto debe ser mejorado porque su ineficiencia es responsable de los asfixiantes márgenes de intermediación imperantes en la industria bancaria nacional. Lamentablemente, y en el mejor de los casos, los resultados llegarán muy lentamente: cuatro años para alcanzar una reducción de un punto porcentual en el margen de intermediación. En el peor de los casos, los bancos harán caso omiso de las directrices, como en el 2018, con total impunidad.
La reactivación de la economía no puede depender de tan poquita cosa. El equipo económico, creíamos muchos, estaba para más.
feinzaig@msn.com
El autor es economista.
