Ann Linde y Arancha González. 28 mayo

No importa dónde se mire, las mujeres son quienes asumen la mayor responsabilidad por mantener unidas a las sociedades, ya sea en el hogar, en la atención médica, en la escuela u ocupándose de las personas mayores.

En muchos países, realizan estas tareas sin ser remuneradas. Sin embargo, aun cuando el trabajo es realizado por profesionales, esas profesiones tienden a estar dominadas por mujeres y las remuneraciones tienden a ser inferiores que en las profesiones dominadas por los hombres.

La pregunta rectora siempre debería ser: las mujeres y los hombres, ¿están afectados de manera diferente por esta cuestión? De ser así, ¿cómo podemos alcanzar resultados más justos?

La crisis originada por el virus SARS-CoV-2 ha puesto aún más de manifiesto estas diferencias basadas en el género. Los marcos regionales, las organizaciones multilaterales y las instituciones financieras internacionales deben reconocer que las mujeres desempeñarán un papel crítico en la resolución de la crisis y que las medidas para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias económicas deberían incluir una perspectiva de género.

Vemos tres áreas en las cuales las mujeres y las niñas están particularmente en riesgo y necesitan mayores protecciones en la crisis actual.

Primero, la experiencia demuestra que la violencia doméstica, sexual y basada en el género aumenta durante las crisis y los desastres.

Sucedió durante las epidemias de ébola entre el 2014 y el 2016 y de zika del 2015 y 2016, y parece estar sucediendo ahora.

En condiciones de cuarentena o de medidas de confinamiento, las mujeres y los niños que viven con hombres violentos y controladores están expuestos a un peligro considerablemente mayor.

La necesidad de apoyar a estas mujeres y a estos niños será mayor cuando la crisis termine y la gente esté en libertad de volver a desplazarse.

Debemos garantizar que los refugios de mujeres y otras formas de asistencia se mantengan y se refuercen como corresponda.

Los Gobiernos y los grupos de la sociedad civil deben ofrecer más recursos, como vivienda de emergencia y líneas de ayuda telefónicas, quizás apalancándose en las tecnologías móviles de maneras nuevas e innovadoras, como está sucediendo en tantos otros terrenos.

Segundo, la mayoría de quienes están en la primera línea de la pandemia son mujeres porque conforman el 70 % del personal de salud y de servicios sociales a escala global.

Necesitamos con urgencia empoderar a esas mujeres, empezando por brindarles más recursos a quienes también asumen una responsabilidad principal por las tareas del hogar.

Cada vez más, eso podría incluir ocuparse de familiares infectados, lo que someterá a las mujeres a un riesgo mayor.

Las mujeres también conforman la mayoría de la población de más edad del mundo, particularmente de más de 80 años, y, por lo tanto, una mayoría de los potenciales pacientes.

Sin embargo, suelen tener menos acceso a los servicios de salud que los hombres. Peor aún, en varios países que experimentaron epidemias previas, la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva —incluida atención prenatal y materna y acceso a anticonceptivos y abortos seguros— se redujo en tanto los recursos tuvieron que ser reasignados para la crisis. Este desfinanciamiento tiene graves consecuencias para las mujeres y las niñas, y hay que impedirlo a cualquier costo.

Finalmente, las mujeres son particularmente vulnerables económicamente. Las finanzas personales de ellas son más débiles que las de los hombres, y su posición en el mercado laboral es menos segura.

Es más, las mujeres tienen más probabilidades de ser madres solteras que resultarán más perjudicadas por la crisis económica que ahora está en pleno apogeo.

Dadas estas diferencias, es crucial que las medidas de respuesta a la crisis económica tengan en cuenta la situación única de las mujeres. Particularmente en las zonas de conflicto y otras áreas donde la igualdad de género recibe poca atención, las mujeres y las niñas corren el riesgo de ser excluidas de los procesos de toma de decisiones y de directamente quedar olvidadas.

Este año se celebra el 25. ° aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas, donde la comunidad internacional adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín.

Instamos a todos los gobiernos a volver a comprometerse con el principio de que las mujeres tengan el mismo derecho a participar en la toma de decisiones que los hombres, que sus perspectivas deben ser tenidas en cuenta.

Con ese objetivo, los responsables de las políticas en todos los niveles necesitan escuchar y trabajar con las organizaciones de derechos de la mujer a la hora de formular respuestas para esta crisis, y prepararse para la próxima.

La pregunta rectora siempre debería ser: las mujeres y los hombres, ¿están afectados de manera diferente por esta cuestión? De ser así, ¿cómo podemos alcanzar resultados más justos?

Debemos garantizar que las niñas tengan la misma cantidad de tiempo para estudiar que los niños y que no asuman toda la responsabilidad por el cuidado de hermanos y padres.

También urge aprender las lecciones correctas de la crisis de la covid-19, que exige una revisión con seriedad sobre cómo valoramos y retribuimos los aportes de las mujeres a la atención médica, los servicios sociales y la economía.

¿Cómo podemos garantizar que las mujeres no queden excluidas de los procesos políticos de envergadura ahora y en el futuro?

Hoy, todos los países enfrentan la misma crisis y ninguno se impondrá a la covid-19 por sí solo. Dado que compartimos el mismo futuro, todos nosotros debemos trabajar para garantizar que sea un futuro construido con base en la solidaridad y la colaboración.

Los Gobiernos y las Naciones Unidas deben dar señales de liderazgo. Sabemos que las sociedades con igualdad de género son más prósperas y sostenibles que aquellas donde imperan disparidades profundas.

Quienes toman decisiones a escala global tienen la oportunidad de hacer que la igualdad de género se convierta en una máxima prioridad. Los instamos a estar a la altura de las circunstancias.

Este comentario está firmado por: Shirley Ayorkor Botchwey, ministra de Relaciones Exteriores e Integración Regional de Ghana; Kamina Johnson-Smith, ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica; Kang Kyung-wha, ministra de Asuntos Exteriores de la República de Corea; Retno Marsudi, ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia; Grace Naledi Mandisa Pandor, ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica; Marise Payne, ministra de Asuntos Exteriores de Australia; Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres; Ine Marie Eriksen Soreide, ministra de Asuntos Exteriores de Noruega; Ann Linde, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia; y Arancha González, ministra de Asuntos Exteriores de España.

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