Jorge G. Castañeda. 4 julio

CIUDAD DE MÉXICO– El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, forzó a México a acordar “medidas sin precedentes” para frenar la migración irregular y el tráfico de personas por sus fronteras. El acuerdo (cuya evaluación se llevará cabo este mes) es una vergüenza para México y Estados Unidos por igual.

Las desavenencias por el problema migratorio no comenzaron con Trump. En el 2014, en respuesta a un súbito aumento de la llegada de menores no acompañados a la frontera de los Estados Unidos, el entonces presidente Barack Obama pidió a su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto el envío de fuerzas a la frontera entre México y Guatemala para detener el flujo. Peña cumplió, aunque México nunca recibió nada a cambio, y la llegada de migrantes a la frontera disminuyó.

Pero las tensiones escalaron considerablemente en la administración Trump, sobre todo, porque a fines del 2017, la llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos volvió a dispararse. El gobierno estadounidense informó que a principios del 2018 se llegó a detener a 50.000 migrantes al mes, especialmente procedentes de Centroamérica, pero también de Cuba y África, contra unos 20.000 mensuales en el periodo 2015‑2016.

Los intentos de solución por parte de Trump tuvieron poco efecto. Su promesa de construir un muro en la frontera sigue lejos de concretarse. Su política de separar a niños migrantes de sus padres en la frontera generó tal escándalo que debió dar marcha atrás, aunque todavía se mantiene a niños en condiciones espantosas. Las deportaciones en masa tampoco resultaron un elemento disuasorio eficaz.

Fue una tortura para un presidente que obtuvo el cargo en parte por la promesa de reducir la inmigración a toda costa. Pero se volvió realmente intolerable este año, cuando la cantidad de llegadas se disparó otra vez; solo en mayo las autoridades estadounidenses encontraron o arrestaron a más de 144.000 migrantes en la frontera mexicana (un 32 % más que en abril).

Estados Unidos culpó por esta oleada, en parte, al nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien antes de asumir el cargo el pasado diciembre anunció que seguiría una política de “brazos abiertos” hacia los migrantes, con otorgamiento acelerado de visados humanitarios de un año de duración y libertad de movimientos casi total para atravesar el país.

Si bien en la práctica se emitieron pocos visados, la promesa bastó para que decenas de miles de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos y gente de otras nacionalidades partieran rumbo a México con intención de seguir luego hacia el norte.

Incluso antes de la asunción de AMLO, Trump ya lo presionaba para que se esforzara más en apoyar a Estados Unidos en su lucha contra la migración. Según el acuerdo Permanecer en México (firmado en noviembre del 2018 por la administración Trump y el gobierno entrante de AMLO), los solicitantes de asilo centroamericanos que llegaran a Estados Unidos serían devueltos a México para esperar allí a tener audiencia con un funcionario estadounidense.

Pero las más de 15.000 devoluciones de solicitantes de asilo a México entre enero y mayo de este año, y la cancelación en enero del programa mexicano de visados humanitarios, no contentaron a Trump. En mayo, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles del 5 % a todas las importaciones procedentes de México (y subirlos al 25 % en octubre) si el gobierno de AMLO no hacía mucho más. Y a principios del mes pasado, México accedió a casi todas las demandas de Trump.

El gobierno de AMLO ya tomó medidas significativas para satisfacer a Trump. México envió 6.000 oficiales de la Guardia Nacional a 11 puntos estratégicos en la frontera con Guatemala, a fin de detener y deportar a la mayor cantidad posible de migrantes. También despachó otros 15.000 uniformados a la frontera norte para disuadir a los migrantes que lleguen allí de ingresar a Estados Unidos sin la debida documentación.

Además, el gobierno mexicano abrió al menos dos puntos de ingreso adicionales (para un total de cinco) a través de los cuales las autoridades estadounidenses pueden devolver a solicitantes de asilo a la espera de una audiencia, y decidió aumentar la cantidad de devoluciones que admite cada día, desde unas 20 por punto de ingreso hasta un máximo de 200.

También se mostró dispuesto a conceder que si en 45 días no hay una disminución significativa de la migración, aceptará la condición de “tercer país seguro”, es decir, que los centroamericanos que hayan pasado por México no podrán pedir asilo en Estados Unidos, sino que deberán hacerlo en México.

Observadores mexicanos, entre ellos, miembros de la coalición gobernante, criticaron las acciones de AMLO y sostuvieron que era mejor aceptar el primer aumento de aranceles al 5 % (e incluso la segunda) y que era probable que con el tiempo la creciente oposición dentro de Estados Unidos obligara a Trump a retroceder.

México podía contribuir al proceso imponiendo aranceles de reciprocidad a las exportaciones de determinados estados de su vecino del norte electoralmente decisivos y podía apelar la decisión arancelaria estadounidense ante la Organización Mundial del Comercio.

Ninguna de estas acciones hubiera sido inocua, pero los costos habrían sido inferiores a los de la estrategia actual, que, entre otras cosas, perjudica seriamente la situación de derechos humanos en México.

Las fuerzas de seguridad mexicanas no están preparadas para interrogar a migrantes o determinar su situación ante la ley respetando sus derechos básicos. Al fin y al cabo, distinguir entre migrantes locales y centroamericanos puede ser muy difícil. Y aunque las principales empresas de autobuses aceptaron (también a instancias de la administración Trump) pedir identificación a sus pasajeros, en México no hay documento nacional de identidad, y los mexicanos no están legalmente obligados a llevar documentación consigo. Esto pone al gobierno en territorio jurídico inexplorado.

Además, las fuerzas de seguridad mexicanas no están entrenadas para el manejo eficaz de centros de detención de migrantes. De hecho, las condiciones en esos centros son tan malas que invitan a compararlos con los campos de internación de la Francia de Vichy que en los años cuarenta albergaban a refugiados de la Europa ocupada.

Es un hecho moralmente indefendible, y puede tener consecuencias duraderas incluso para los mexicanos porque México también es país de origen de migrantes. Puede denunciar las deportaciones estadounidenses de mexicanos indocumentados o condenar el muro fronterizo de Trump cuando trata tan mal a los migrantes centroamericanos.

El gobierno de México está enredado en la trampa de Trump. Si quiere liberarse, tendrá que empezar a oponer resistencia ahora.

Jorge G. Castañeda: exministro de Asuntos Exteriores de México entre el 2000 y el 2003, es profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos y del Caribe en la Universidad de Nueva York.

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