Dennis Meléndez Howell. 6 julio

Heiner Bonilla y Alejandro Miranda responden, en La Nación del 1.° de julio, a mi comentario “El truco de los aranceles a la importación de azúcar” (26/6/2020). Echo de menos en su réplica aspectos técnicos o teóricos que sustenten su posición.

Apelan más a los sentimientos que a la razón, haciendo difícil identificar argumentos debatibles de carácter económico.

Eluden discutir los puntos de fondo que propuse en mi artículo anterior. Ni siquiera recurren a las usuales justificaciones esgrimidas para tratar de sustentar las teorías proteccionistas.

Su discurso más bien reafirma la tesis de que un arancel a las importaciones es un impuesto que sacrifica a los consumidores, protege a los productores y se convierte en un subsidio directo de aquellos a los segundos, sin pasar siquiera por las arcas estatales.

Los autores interpretan esto como una “supuesta existencia de una pérdida fiscal”, a la cual no me referí. ¡Es un enano de otro cuento!

Justifican la protección arancelaria como medio para fijar los precios de su producto eliminando la competencia externa, como una compensación por “etéreas” políticas proteccionistas de otros países a sus productores.

Si hubiese la intención demostrada de un país de dañar a algún sector específico de otro, existen mecanismos para neutralizarla, a los cuales es factible recurrir. Un arancel es el peor instrumento. Hay alternativas para volcar el beneficio a favor del país supuestamente agredido.

Como mencionan, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica) es la que fija los precios (de hecho, está en su ley constitutiva), pero hacen la promesa de no subirlos con el nuevo arancel al 80 %.

Aparentemente solo quieren que no haya posibilidad de competencia externa, pero sin intenciones siniestras de ningún tipo. ¿Les creemos?

Arancel innecesario. Su narración confirma que otro impuesto a las importaciones de azúcar es innecesario: un arancel del 47 % ha sido suficiente para impedir importar, a precios competitivos, cantidades significativas del producto.

Si sale más caro el importado, toda protección adicional es injustificada. Aunque algún importador se atreva a competir por la vía de los precios, de seguro sería aplastado por los locales. Para eso es útil tener un arancel muy alto.

Lo que urge es bajar los aranceles por parejo para que haya muchos importadores. Cambiar monopolio por duopolio no hace diferencia.

Omiten mencionar el dictamen de las instancias técnicas del propio Ministerio de Economía (MEIC), las cuales no encontraron sustento para acusar prácticas depredadoras de otros países ni pruebas fehacientes del daño causado a la industria local para justificar, ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), la imposición de una “salvaguarda”.

Esto deja al país en una posición muy endeble. No queremos terminar involucrados en un nuevo proceso sancionatorio ante la OMC, pues los consumidores pagaríamos las consecuencias. Pero un arancel del 79,3 % es “prohibitivo” y, por tanto, violatorio de las reglas comerciales.

Sobreprecio. Fui descuidado en el uso de las cifras, al no referirme a las exportaciones. No obstante, para el propósito del comentario, las cifras absolutas son irrelevantes. Pero con eso pasé por alto una grave distorsión en este rubro en perjuicio de los consumidores nacionales.

Se cobra un sobreprecio para subsidiar las exportaciones. En parte, corresponden a la cuota azucarera otorgada por Estados Unidos, en detrimento de los pagadores de impuestos de ese país, pero cuyos beneficios no alcanzan al consumidor nacional.

Cuando afirman: “La producción es el doble y debe venderse el resto en mercados de excedentes”, se prenden todas las alarmas.

¿Es esto una confesión de estar cobrando un sobreprecio a los costarricenses para vender más barato en el exterior? Eso sería dumping, una deleznable práctica atribuida, de vez en cuando, a algunos exportadores locales protegidos, en menoscabo del poder adquisitivo de los costarricenses.

No voy a referirme directamente a la apología de los autores de su sector, pero recomiendo la lectura de un interesantísimo estudio, publicado recientemente por Ricardo Monge y Luis Rivera, titulado “Costa Rica: un proceso de apertura inconcluso”, donde describen, con pelos y señales, la alambicada organización del sector azucarero.

Contiene abundantes cifras y análisis de los mecanismos para librarse de las regulaciones del TLC con Estados Unidos, mantener indefinidamente el proteccionismo y evitar la adopción de políticas de libre comercio.

Monge y Rivera señalan: “La transferencia del poder regulatorio del gobierno a una organización monopolista privada, que controla completamente la industria del azúcar (Laica), es un ejemplo de captura política que permite a los agricultores y molineros controlar la actividad del azúcar a lo largo de toda la cadena de valor”.

Con referencia a Laica, ese extraño ornitorrinco administrativo ideado por los proteccionistas (que se repite en Conarroz), los autores dicen: “Laica opera, en la práctica, como un monopolio, no solo de facto, sino también de iure, porque la ley creó un mandato sin decirlo, pero lo protege con la creación de un régimen mixto, a través de la alegación de interés público (que no existe), que constituye una violación de mandatos constitucionales (Calatayud, 2016). Es decir, Laica debería estar sujeta a las disposiciones de los mandatos antimonopolio de la Constitución (artículo 46) y la legislación para la competencia y defensa de los consumidores. No obstante, en la actualidad, controla totalmente la industria del azúcar”.

Finalmente, recomiendan la urgencia de trasladar al Comex la administración de salvaguardas y medidas antidumping (defensa comercial) pues el MEIC y el MAG han demostrado ser fácilmente capturables por grupos interesados.

Va llegando la hora de tomar conciencia de la trama que se han montado los sectores productivos de bienes sensitivos para la población, a lo largo de muchas décadas, para arrancar, indebidamente, porciones crecientes de los ingresos de los consumidores, especialmente los más pobres.

Es momento de restituir a cada individuo lo que se le está quitando con prácticas abusivas y, sobre todo, elevar la productividad de todos los sectores del país. Las prácticas monopólicas son el principal obstáculo para lograrlo y la principal explicación de ocupar uno de los últimos lugares en el mundo en distribución del ingreso.

El autor es economista.