Allá por el 2006, en un proyecto de maestría, me tocó ingresar a varias cuarterías en San José. Siempre recordaré una en particular, en barrio Cuba, porque un niño, de unos cuatro años, nos llamó a mí y a tres compañeros para enseñarnos un juguete que tenía en su habitación.
Abrió la puerta a un cuarto de unos tres por cuatro metros. La habitación no tenía ventana ni luz natural ni ventilación.
En el espacio había tres camas y unas colchonetas en el piso. Al fondo, en una esquina, un lavatorio contra la pared y, al lado, un recinto dividido por dos paredes de tres cuartos de altura —abierto arriba— donde una puerta a medio abrir dejaba ver un inodoro.
En el dormitorio estaban la hermana mayor del niño, el papá y la mamá. También dos hombres jóvenes que no formaban parte de la familia.
En 12 metros cuadrados vivían 6 personas. El riesgo para la salud o de un incendio eran enormes. Ni que decir del potencial abuso físico y sexual contra estos menores de edad.
Realidad creciente. Casi 15 años después, la situación de San José es más grave. De acuerdo con datos de la Municipalidad, unas 15.000 personas viven en más de 400 cuarterías en la capital.
Si bien representan menos del 2 % de los hogares josefinos, en este cantón se ubica uno de cada tres hogares en cuarterías del país —aproximadamente 1.500 de 5.500— según el censo del 2011.
El problema no son las cuarterías per se. No es lo mismo una casa compartida entre estudiantes o roommates.
El problema de fondo es el hacinamiento y la falta de viviendas asequibles. Estamos ante un problema de hábitat y debe ser abordado como un derecho humano.
Hoy son y están riesgo, pero recordemos que siempre lo estuvieron. El eslabón débil de nuestro contrato social sale a relucir.
Con la pandemia a rienda suelta, nos estalla esta realidad invisible opacada históricamente por asentamientos informales y habitantes de la calle. Pero las cuarterías y los tugurios son lo que en otras latitudes son calificados de invisible homelessness (personas sin hogar invisibilizadas).
Sin esas “respuestas”, las familias y personas estarían durmiendo en la calle. Son manifestaciones distintas del mismo problema.
Nuevos modelos y actores. Los gobiernos locales, en particular aquellos con problemáticas de vivienda graves, deben desempeñar un papel central en la solución.
El problema requiere un esfuerzo mancomunado. Las municipalidades son las encargadas de que sus territorios y construcciones reúnan condiciones necesarias de seguridad y salubridad.
La solución inmediata y en estado de crisis no es fácil. Bien harían las municipalidades en estos momentos en identificar y habilitar inmuebles públicos vacíos (escuelas, salones comunales, bibliotecas), o bien, recurrir al alquiler y habilitación temporal de estructuras privadas para acomodar momentáneamente a estas personas. La respuesta debe ser rápida y contundente.
A mediano plazo, urge política pública clara para verificar y controlar el hacinamiento. Otras jurisdicciones, como el Reino Unido, son más precisas en su definición y señalan la cantidad de personas por metro cuadrado y por habitación.
Su legislación contempla duras penas para disuadir estas condiciones infrahumanas; las multas ascienden a miles de libras esterlinas o se sanciona con veda de alquiler.
Incluso, las asociaciones de arrendatarios ofrecen servicios de monitoreo de licencias de la propiedad a fin de que propietarios de inmuebles administrados por terceros tengan la tranquilidad de estar en regla.
Más que un techo. Urge reconceptualizar nuestras políticas con un enfoque de generación de viviendas asequibles que apalanque el esfuerzo público nacional y local, sin fines de lucro y privado.
Debemos ir más allá de la creación de vivienda social para lo cual nunca daremos abasto, y nunca lo daremos porque es un problema que continuará creciendo.
Debemos ir pensando en un tratamiento de “continuum de vivienda”, concepto al cual gobiernos han migrado para reconocer los distintos niveles de apoyo que requiere una sociedad cada día más plural.
En esta política deben entrelazarse los programas para tomar en cuenta a quienes viven en la calle, los albergues, la vivienda transitoria, los subsidios de alquiler y los incentivos para la construcción de vivienda de alquiler o propia.
Escocia, por ejemplo, dio pasos agigantados de innovación financiera mediante el concepto vivienda de capital compartido (shared equity housing) con el objetivo de facilitar la compra parcial de un hogar y capitalizar la inversión para migrar luego a un espacio 100 % propio.
Hay una plétora de soluciones para paliar el déficit habitacional y los muchísimos costos humanos, sociales, ambientales y financieros que implican más eficiencia en el uso de los recursos para la vivienda.
Espero que este dolor que sentimos nos sirva para innovar y progresar.
El autor es economista y planificador urbano.