Vivir con dignidad y libre de necesidades es un derecho humano fundamental. Un factor crucial para ello es la seguridad social, que se ocupa de que la gente pueda escapar de la pobreza y la inseguridad. Por eso la protección social se encuentra en el centro de las estrategias para acabar con la pobreza global para el 2030, el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pero para que estas estrategias funcionen debemos ir más allá, especialmente con respecto a las mujeres.
En los últimos años, muchos países (especialmente en África, Asia y América Latina y el Caribe) han dado grandes pasos para mejorar la protección social. Pero la mayoría de las políticas e iniciativas son inadecuadas, y cerca de 4.000 millones de personas todavía carecen de ella. Las mujeres están más expuestas, ya que son las principales proveedoras de trabajo no remunerado.
El tema de la protección social fue una de las grandes prioridades de la agenda del sexagésimo tercer período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, que se celebró el mes pasado. Organizaciones no gubernamentales, activistas, autoridades y académicos llamaron a apoyar la integración de mujeres en el mercado del trabajo, con iniciativas para estimular el empleo y la provisión de asistencia social, tales como servicios de guardería. Señalando a países exitosos como Islandia y Noruega, los participantes estuvieron de acuerdo en que solo en un marco de igualdad, sin brechas salariales determinadas por el sexo, puede hacerse realidad el pleno potencial de las niñas y las mujeres.
El primer paso para definir estrategias eficaces es comprender más a fondo las luchas de muchas mujeres por intentar conjugar enormes responsabilidades. Más allá del trabajo doméstico “invisible” de limpieza y crianza, a menudo se espera de las mujeres de hogares de bajos ingresos que contribuyan en lo económico. Por ejemplo, la mayor parte de los funcionarios de cara al público en los sectores de servicios estatales son mujeres.
La presión sobre las madres solteras es particularmente intensa. Serlo en cualquier contexto ya significa un reto. Pero lo es mucho más para una mujer pobre con una educación o formación limitadas, y poco o ningún acceso a la protección o la asistencia social. Si a eso se añade el discurso despectivo sobre las madres solteras y la “cultura de la dependencia”, la situación puede volverse abrumadora.
Y, sin embargo, esa es la realidad que enfrentan las mujeres en varios países. Por ejemplo, en Sudáfrica, los adultos en edad laboral no reciben ayudas de ningún tipo a menos que estén discapacitados. Si bien existe un programa de beneficios orientado a personas de menos recursos para las personas a cargo del cuidado primario de los niños, el Child Support Grant, los fondos otorgados son insuficientes para satisfacer las necesidades de estos. Y, en todo caso, a menudo las comunidades miran como menos a quienes aceptan esta ayuda social.
En Haití, las mujeres en busca de empleo sí reciben un grado de apoyo, mediante iniciativas como la organización local Fonkoze. Pero se presta poca atención a los retos específicos que enfrentan las mujeres, de quienes también se espera que sigan actuando como cuidadoras principales de sus familias.
Sin apoyo social, las madres pobres a menudo se ven ante un dilema imposible: dejar a sus hijos sin un cuidado de calidad o renunciar a un ingreso que necesitan desesperadamente. En los casos en que la provisión de seguridad social para madres pobres está ligada a la obligación de buscar trabajo, incluso esa opción se les quita.
Para dar respuesta a estos desafíos será necesario que los gobiernos amplíen y rediseñen sus programas de protección social. Para comenzar, es importante reconocer que las mujeres no buscan simplemente “dinero gratis”. Si bien los jóvenes pueden tender a sentir más vergüenza sobre recibir un ingreso “no ganado”, debido a las expectativas culturales de que los hombres deben cumplir el papel de proveedor, las jóvenes también tienden a verse como proveedoras, no simplemente como criadoras de hijos.
La evidencia de los programas de transferencia de efectivo dirigidos a las zonas de pobreza rurales en Malawi y Lesoto refuerza esta conclusión. Si bien las mujeres pobres aprecian un dinero que necesitan mucho, a menudo se sienten incómodas con su condición de ser receptoras de beneficios públicos, y están más que dispuestas a hacer contribuciones productivas a sus familias y comunidades. Por eso resulta crucial darles oportunidades genuinas de generación de ingresos, en vez de simplemente distribuir pequeños pagos que las mantienen cerca de la línea de pobreza.
Más aún, no todas las mujeres tienen como única meta el ser madres. Las mujeres tienen sus propias ambiciones, que pueden incluir el prestar sustento a sus familias, como madres o sostenes económicos, pero ese no es siempre el caso. Necesitan un apoyo que les permita elegir las contribuciones que deseen hacer, y acceder a un trabajo relevante y significativo.
Implicar a hombres y otros encargados de cuidados es crucial para desarrollar sistemas de protección social que funcionen para las mujeres, aunque esto debe ir acompañado de servicios sanitarios y escuelas de calidad y asequibles, además de otros servicios. Los programas centrados en impulsar la protección social y ampliar las oportunidades de empleo para las mujeres deben ajustar el lenguaje que usan, a fin de poner en cuestión los supuestos de que las mujeres deben ser las proveedoras principales de trabajo no remunerado. Finalmente, se deberían tomar iniciativas para fortalecer las relaciones comunitarias, con el fin de revivir el tipo de cuidado infantil que predominaba antes de que se impusiera el ideal del hogar autocontenido, con un proveedor masculino y una encargada femenina del hogar y los hijos.
Existen evidencias de todo el mundo que demuestran la urgente necesidad de políticas e iniciativas de protección social que posibiliten no solo la supervivencia, sino también la prosperidad de las mujeres. Esto significa darles el apoyo que necesitan para participar en la fuerza de trabajo (lo que incluye educación y formación) al tiempo que se tiene en cuenta el verdadero peso de sus responsabilidades. Por encima de todo, significa empoderarlas para escoger el equilibrio entre empleo y atención del hogar que más les convenga.
Phakama Ntshongwana: es directora del Campus Missionvale en la Universidad Nelson Mandela de Sudáfrica.
Nicola Ansell: es profesora de Geografía Humana en la Universidad Brunel de Londres.
Keetie Roelen: es investigadora o codirectora del Centro de Protección Social del Instituto de Estudios del Desarrollo.
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