Los abogados dilucidarán si la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) estaba bien integrada cuando decidió la obligatoriedad de la inoculación para niños y adolescentes de entre 5 y 17 años, trabajadores de la salud y funcionarios, además de empleados de la empresa privada cuyos patronos lo exijan para garantizar un ambiente laboral sano.
El derecho tiene entre sus vericuetos el principio de conservación del acto administrativo, la figura del funcionario de hecho y la validez de los efectos de sus actuaciones, así como el régimen de nulidades, no todas absolutas, muchas relativas y otras convalidables. Si una decisión de la CNVE fue adoptada con el nombramiento de algún miembro vencido, no necesariamente es nula ni existe la posibilidad de volver al estado de cosas anterior sin antes hacer el trámite.
La declaratoria de nulidad no corresponde al Poder Ejecutivo y mucho menos el restablecimiento de la normativa previa a la decisión viciada. Sobre el régimen de vacunación decide la Comisión, cuyas facultades nacen de la ley. Nadie puede invadir el ámbito reservado a su autoridad, y las razones subyacentes son inobjetables: la ciencia, no la política, debe informar las decisiones sobre salud pública.
Por eso, preocupa la insistencia en derivar consecuencias científicas de una discusión meramente jurídica. El vencimiento del plazo de un nombramiento en la CNVE no guarda relación alguna con la conveniencia de la vacunación obligatoria. Esa es una decisión científica cuya validez, en ese campo, depende de la idoneidad de quienes la adoptan, no de las circunstancias de su nombramiento.
Cuatro miembros de la Comisión son nombrados sin plazo. La ministra de Salud preside el organismo mientras esté en el cargo y solo los representantes de la Asociación de Pediatría y de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social duran tres años con posibilidad de reelección indefinida. En el primer caso, el plazo venció el 31 de enero del 2022 y, en el segundo, a inicios del 2020.
La idoneidad de los nombrados no admite duda. La presidenta de la Asociación de Pediatría dijo estar decidida a reiterar la designación de su representante por otro período de tres años, dadas sus excepcionales cualidades. El 11 de mayo Álvaro Ramos, presidente ejecutivo de la Caja, declaró su conformidad con el representante de Farmacología: “En ningún momento se ha contemplado hacer una modificación… se lo puedo decir transparentemente”, afirmó.
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El autor es director de La Nación y editor general del Grupo Nación.
