EscucharEn las últimas décadas una cantidad considerable de ciudadanos relacionados con la clase política han enfrentado procesos judiciales de índole penal en los cuales, al cabo de varios años, terminan en desestimaciones, sobreseimientos o absolutorias.
Muchos de estos asuntos judiciales se iniciaron con transmisiones televisivas —en directo— de allanamientos, detenciones e informaciones de seguimiento en la prensa durante varios días, meses o años. Sin embargo, al final, la mayor cantidad de esos espectáculos mediáticos quedan en nada.
Cuando esto sucede, la opinión pública que, en su gran mayoría desconoce el origen real de las denuncias, y tampoco comprende el contenido técnico jurídico de las razones que conllevaron a su archivo, de inmediato carga las culpas contra las leyes y el sistema judicial, considerándolos inoperantes.
Lo que se desconoce es que en realidad muchos de esos procesos judiciales comenzaron con la única intención de descarrilar a personas vinculadas a la política por opositores u otras personas con intereses sombríos, cuyo objetivo era apartarlas de una contienda electoral, de una posición de influencia o, específicamente, dañar la imagen de un partido político.
Ciertamente, hay hechos relacionados con la clase política que ameritan una investigación judicial y que se prosiga con las pesquisas hasta sus últimas consecuencias; sin embargo, se suscita una cantidad considerable de denuncias falsas o basadas en hechos atípicos (no constitutivos de delito) que se han tramitado por largo tiempo y cuyo único propósito era desbancar o truncar la carrera política de un ciudadano.
Juicios paralelos
Cada vez que empieza un proceso penal contra un personaje político, inevitablemente se generan juicios paralelos, principalmente en las redes sociales, donde buena parte de la opinión pública juzga y condena de forma inmediata a quienes enfrentan los procedimientos.
Los juicios paralelos originan falsas expectativas en la opinión pública de manera anticipada, que luego se ven frustradas cuando los resultados no son los esperados, lo cual injustamente acrecienta la sensación de impunidad y la desconfianza en las instituciones jurisdiccionales.
La cultura inquisitiva que aún fluye por sus venas les impide tener conciencia sobre el carácter esencial de los derechos y garantías que poseen todos los ciudadanos —políticos o no— sometidos a estos procesos judiciales, ya que se conciben erradamente como obstáculos para la obtención de la verdad.
En este escenario, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y en general el debido proceso son de poca importancia.
Guerra política
A este tipo de artificios políticos se les denomina en el ámbito jurídico lawfare, que es un acrónimo construido por dos vocablos, law (ley) y warfare (guerra), que se refiere a la guerra política que se desata a través de las instancias judiciales para desbancar a personas relacionadas con la política.
En el lawfare intervienen principalmente actores políticos que, no pocas veces, actúan en connivencia con operadores jurídicos. En estos tiempos, más que nunca, estamos ante una politización de la justicia o judicialización de la política.
Indudablemente, esta mala práctica pone en peligro principios jurisdiccionales que son esenciales para el sano funcionamiento del sistema de justicia en un Estado de derecho, tales como la independencia judicial y la imparcialidad del juez, ya que se producen presiones de todo tipo para que los expedientes se mantengan activos el mayor tiempo posible.
Injusticias
Recurrir a mecanismos de legalidad con fines oscuros no es nuevo. A lo largo de la historia, hemos conocido injusticias disfrazadas de legalidad: el apartheid, el Holocausto y muchas formas de discriminación racial, así como genocidios relacionados con guerras o regímenes autoritarios.
Y ni que decir de la Santa Inquisición, que acabó con la vida de miles “en el nombre de Dios”. Es emblemático el caso de Nelson Mandela, quien vivió años de tormento en prisión por razones políticas. Son conocidos muchísimos casos de procesos judiciales originados en persecuciones políticas.
No se trata de martirizar a la clase política, pero sí es una realidad que los procesos judiciales se han convertido en herramientas jurídicas mal empleadas con la intención de truncar la vida de personas del ámbito político con el fin de desahuciarlas de sus aspiraciones electorales y llevar a la ruina a partidos políticos.
Esta realidad palpable desde hace varios años en el país y América Latina mengua el interés de valiosos ciudadanos de involucrarse en los escenarios políticos porque no quieren ser víctimas del lawfare, cuyas denuncias calumniosas no por casualidad se incrementan cuando se aproximan los procesos electorales.
Toda persona con serias aspiraciones políticas, o ya ejerciéndolas en la función pública, puede ser objeto de una denuncia calumniosa en su contra ante las instancias judiciales por cualquier delito que sea socialmente reprochable (ej. hechos de corrupción pública, de carácter sexual, etc.).
Prudencia
La opinión pública debe ser prudente y no caer en conclusiones precipitadas, así como ahondar en las razones reales de una denuncia en la vía penal contra una persona del ámbito político, es decir, no dejarse persuadir por los juicios paralelos que se viralizan por medio de las redes sociales.
Este fenómeno jurídico-político del lawfare queda también condicionado a la sapiencia, probidad e independencia de quienes tienen a cargo la toma de decisiones en los procesos judiciales (fiscales y jueces) para que identifiquen cuándo se trata de un lawfare y cuándo no.
Evitar el lawfare es esencial para la sanidad de nuestra democracia y que no se socave la confianza en nuestro sistema judicial por causa de las contiendas meramente políticas.
El autor es abogado penalista.
