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Rodrigo Chaves, Elian Villegas y Nogui Acosta.
La inclusión de Costa Rica en una “lista negra” de países no cooperantes en materia fiscal causó gran revuelo. No es para menos. Ser considerado un paraíso fiscal traerá mala fama al país, sobre todo, en el momento de atraer inversiones. Eso no le conviene a Costa Rica.
El ingreso de capitales provenientes de Europa, en la forma de préstamos, donaciones o cooperación, se podría detener. También, cabe la posibilidad de que disminuya la inversión extranjera directa, ligada al sector exportador, fuente principal (casi única) del dinamismo económico en estos momentos. La atracción de nómadas digitales, rentistas y pensionados corre el riesgo de verse afectada, ya que las grandes ventajas para los extranjeros que quieran venir a aprovecharlas (seguridad ciudadana y jurídica, clima y paisajes espectaculares, gente “pura vida”) podrían ser borradas debido a la incertidumbre de que Costa Rica esté en la “lista negra”.
Ahora bien, más allá de los dimes y diretes sobre quien sabía sobre esto y quien no, y de tirarse culpas sobre quien debió haber resuelto el asunto, el país debe abocarse a hallar la solución que más le convenga.
Hay que entender que la lista de la Unión Europea tiene dos propósitos. Por un lado, evita que grandes corporaciones se aprovechen de las estructuras fiscales de distintos países para pagar menos impuestos (elusión). Y, por otro lado, busca quitarles a los demás países toda posible ventaja que puedan obtener en la atracción de inversionistas. Los europeos quisieran que todas las inversiones, los trabajos que estas generan y los impuestos que deben pagar se queden en sus arcas siempre.
Por eso, al buscar una solución que nos saque de la “lista negra”, tampoco debemos ser tan ingenuos como para aprobar algo que espante a los inversionistas, tanto, o más, que estar en la lista. El asunto es sumamente técnico. Una mala redacción en cualquier ley fiscal que se apruebe puede tener consecuencias negativas para nuestra sociedad.
Por ejemplo, aprobar un esquema de renta mundial en lugar del territorial actual, sin acompañarlo de los mecanismos adecuados para evitar una doble imposición a inversionistas, sería un disparo directo al pie. Hay que revisar qué hizo Uruguay para evitar ser incluido en la “lista negra”, sin haber pasado a renta mundial y continuar siendo muy atractivo para los inversionistas extranjeros.
El autor es economista.
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