Miss Nicaragua fue coronada, hace unos días, Miss Universo. Centroamérica lo celebró. Regocijados, millares de nicaragüenses lo festejaron tirándose a las calles enarbolando un símbolo que, para la dictadura, resultó amenazante y peligroso: la bandera blanquiazul de la tierra de Darío. Una expresión espontánea de alegría popular atemorizó al régimen por una razón: porque fue masiva.
Como toda tiranía que se respete, la de Ortega y Murillo respondió rápida y fuertemente. Expulsó del país a la directora del concurso Miss Nicaragua, detuvo a su esposo y a su hijo bajo la demencial acusación de “traición a la patria” y envió un claro mensaje a la flamante Miss Universo: mejor no regrese a su tierra porque irá a dar con sus hermosos huesos a la cárcel.
¿Cómo entender semejante locura? Al parecer, la única explicación posible es el hecho de que la ahora Miss Universo participó en las masivas protestas estudiantiles en el 2018 contra el régimen.
Los déspotas y sus secuaces parecen ver ahora en ella una posible figura que mueva a los ciudadanos a la rebelión, aunque hasta el momento ella no ha hecho o dicho nada en esa dirección.
Para evitar que alguna vez ocurra, la tiranía despliega desde el 2018 una intensa acción represiva que, a la fecha, mantiene a centenares encarcelados, ilegalizó a partidos políticos, cerró medios de prensa, expulsó a opositores —varios centenares fueron despojados de su nacionalidad—, ilegalizó ya más de 3.500 organizaciones de la sociedad civil, incluidos grupos para el avistamiento de aves, asociaciones para el cuidado de ancianos, la asociación de neumólogos, organizaciones ambientales, etc.
También, cerró la Universidad Centroamericana (UCA) de los jesuitas y les confiscó todos sus bienes. Y, en algo que resultaría macondiano incluso en Macondo, disolvió la Cruz Roja y le confiscó sus bienes. La lista de arbitrariedades es mucho más amplia, y todo indica que seguirá aumentando.
Ejemplo cercano
¿Por qué menciono lo que está sucediendo en Nicaragua? Para que aquellos costarricenses que piensan que el país requiere “mano dura” vean lo que puede llegar a significar: quedar a merced de un déspota que, en cualquier momento y por cualquier razón —por inocente e inocua que parezca—, les confiscará sus bienes, les quitará su nacionalidad, los expulsará de nuestro país, los arrestará y los meterá a la cárcel… Todo ello sin juicio, sin posibilidad de defensa, sin gozar de derechos ni garantías individuales.
¡Ahí tienen, en todo su esplendor, en casa de nuestros vecinos, el régimen de mano dura que anhelan para nuestro país! ¿Exagero? No lo creo. Solo señalo un caso real, concreto y cercano de lo que puede ocurrir si se quebrara nuestro Estado de derecho.
“¡Eso nunca sucederá aquí!”, dirán algunos, “solo queremos a alguien que ponga orden, que elimine la corrupción, que haga que las cosas sucedan”. El problema es que una vez que empecemos a deslizarnos por esa pendiente nadie nos asegura que no terminemos sufriendo la opresión de un dictador.
No ha sucedido porque desde 1949 nos rige una constitución política concebida expresamente para, mediante leyes, instituciones y contrapesos, impedir que algún día terminemos bajo la bota opresora de un tirano. Gozamos de una institucionalidad que protege nuestros “derechos sagrados”. ¡Qué bendición!
Peligroso proyecto político
A la mayoría de los compatriotas que anhelan “mano dura” les concedo la buena fe. Al igual que yo, están frustrados, decepcionados y enojados porque ven que los principales problemas del país no se resuelven.
Sentimos que el sistema beneficia solo a unos sectores a costa de los demás. Estoy seguro de que casi todos coincidimos en el diagnóstico. La diferencia esencial radica en el remedio.
La mayoría aún creemos que los problemas de la democracia se resuelven mejorándola, no desechándola. Pero el peligro que acecha es que, alimentándose de ese descontento y a la vez alimentándolo, algunos con mala fe están impulsando un proyecto político para ir sembrando en los corazones y en las mentes la pérfida idea de que nuestro Estado de derecho es un obstáculo, un impedimento para resolver problemas y, por ende, están entregados a la tarea de debilitarlo con el torvo propósito de derrumbarlo.
Por ello es necesario que nos preguntemos si en los países latinoamericanos que han estado o están bajo regímenes de mano dura mejoró el bienestar de las mayorías y disminuyó la corrupción. No; con todo y todo, estamos mejor nosotros que ellos.
Ante ese peligroso proyecto político que quiere llevarnos gradualmente a la tiranía, entonando los cantos de sirena de un país ilusoriamente ideal, debemos levantar un proyecto político mejor, es decir, uno que asuma la tarea histórica de renovar lo que el Estado de la Nación llama “nuestra promesa fundacional”.
A mi juicio, implica impulsar un proyecto político en torno a cuatro valores esenciales: democracia, justicia social, derechos humanos y cuidado del planeta.
Nuestro alicaído Estado social de derecho requiere una urgente dosis de bilirrubina ciudadana para el relanzamiento de nuestra democracia, es decir, que vuelva a generar el mayor bienestar para el mayor número.
Nuestra democracia, construida por generaciones de costarricenses con inmenso esfuerzo, solo podrá perdurar si retoma el camino que conduce a más igualdad, a más oportunidades, a menos corrupción y a mejor salud, educación y seguridad, y un entorno natural sostenible.
El rumbo que en definitiva tomemos solo dependerá de lo que cada uno y cada una decida.
miguemartiv@gmail.com
El autor es filósofo.
