EscucharLa CCSS fue valorada en estos meses de pandemia covid-19 como una fortaleza y un mecanismo de cohesión social fundamental para el país. Con una rectoría bien llevada del Ministerio de Salud, la CCSS ofreció respuestas oportunas y eficaces a desafíos inéditos. Es precisamente por ello que debe aclarar los escándalos relacionados con la provisión de insumos que manchan estos logros. Así como la opacidad y las vacilaciones en la detección y sanciones de esos errores y actos presuntamente de fraude y corrupción.
Los medios de comunicación han denunciado irregularidades en la CCSS, relacionadas con compras anómalas de equipo y productos. Al tiempo que se detectaron infiltraciones en las listas de vacunación. Los estándares anticorrupción deben ser más altos en tiempos de pandemia, cuando las consecuencias de estas desviaciones se pueden traducir en tragedias humanas.
La jerarquía de la Caja anunció que se han iniciado los procesos de investigación y sanción, respectivos. Sin embargo, en noticias posteriores se denunció la paralización de esos procesos disciplinarios. Además, el Gerente General de la CCSS confirmó, en su comparecencia en la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, que instruyó al Gerente Administrativo de la institución para que realizara una intervención funcional al Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA), de la CCSS.
Ante esos acontecimientos, la Asociación Costa Rica Íntegra, en cumplimiento de su mandato y su razón de ser, propuso desarrollar una veeduría ciudadana para monitorear los avances y resultados de esos procesos sancionatorios administrativos y así, mantener informada a la opinión pública y generar debates propositivos al respecto.
Veeduría ciudadana. Una veeduría social se define como un mecanismo de participación ciudadana que se orienta al control, vigilancia y evaluación de las políticas, programas, proyectos e iniciativas de gobierno, con el fin de asegurar que estas se desarrollen de acuerdo con lo planeado y con apego a la normativa correspondiente.
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Además de los principios de la Constitución Política, estos ejercicios de control ciudadano se encuentran sustentados en un amplio marco jurídico internacional del cual Costa Rica es parte.
Para la realización de esa veeduría se planteó un mecanismo de seguimiento —tipo panel electrónico—, de los avances de las investigaciones y de los procesos que orienten, en tiempo real, a la opinión pública a saber en cuál etapa se encuentran esos casos tan relevantes. El panel debería ser alimentado con información de los diferentes órganos directores encargados y, que claramente, no estén amparados en la confidencialidad del caso. Ese ejercicio también visibilizaría las áreas de mejora que tiene el actual proceso disciplinario en la CCSS, en particular, en relación con el desempeño del CIPA. Todo ello con el objetivo de exhortar a la sociedad civil, medios de comunicación y ciudadanía en general a involucrarse y exigir la rendición de cuentas de los fondos destinados a la pandemia.
Así se conformó un grupo ciudadano independiente y con credenciales técnicas, que, a manera de voluntariado, monitorearía mensualmente el avance de los procesos disciplinarios. El panel, que incluye al autor de este artículo, está compuesto por cinco personas con experiencia en materia de administración pública, procesos sancionatorios administrativos, acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia en la función pública.
Poca transparencia. En mayo del 2021, el primer paso que tomamos fue informar sobre la creación de la veeduría y solicitar a la Presidencia y Junta Directiva de la CCSS el nombramiento de una contraparte institucional con la que se pudiera tramitar las solicitudes de información. Esa petición fue negada después de una espera de casi tres meses. En segundo lugar, frente a las negativas anteriores, esta veeduría envío una solicitud de acceso a la información sobre las generalidades de los casos: fechas, estado actual, faltas que se acusan, resultados, etc. A casi cinco meses de haberse solicitado, y después de varios oficios de recordatorio, no se ha recibido respuesta alguna.
Es decir, las autoridades de la CCSS han incumplido con el deber de informar, de manera oportuna, completa y confiable, sobre estos casos de alto perfil. No han facilitado el seguimiento que pretendía hacer la veeduría, contrariando el artículo 30 de la Constitución Política que garantiza el libre acceso a los “departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público”.
Este es un derecho fundamental de los administrados que les faculta a ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por los diversos entes públicos (véase opinión jurídica N°. OJ-015-2020 PGR).
Este tipo de negativas arrinconan a las personas que quieren involucrarse en la gestión pública a dos opciones: desertar por el cansancio u optar por procesos judiciales para acceder a información básica, que tienden a consumir muchos recursos y tiempo, con lo que se pierde la oportunidad e impacto de la veeduría.
Importa pues hacer un llamado para fortalecer la transparencia de las autoridades de la CCSS y rendir cuentas sobre los procesos de investigación, por medio de mecanismos que permita la ley, de tal forma que se fortalezca la valoración y la estima de una labor reconocida que ya está en los corazones de nuestro pueblo y que pasará a la historia, con mayor o menor fulgor.
El autor: es economista, asociado de Costa Rica Íntegra y forma parte de la Veeduría, fallida por lo pronto.
