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Las autoridades de la CCSS han incumplido con el deber de informar, de manera oportuna, completa y confiable, sobre los casos de aparentes anomalías en las compras de emergencia durante la pandemia.

Contraloría autoriza compra por $1,6 millones. Entidad afirma que comenzó dos procedimientos pero atrasos lo obligan a buscar contrato directo ante riesgo de desabastecimiento.

Un médico de Limón que habla mandarín descubrió que decían de uso no médico. Empresa Quality Store alegó que empaques tenían la leyenda para acelerar salida de China. Garantiza que son de uso médico

Causa se sigue por el delito de defraudación fiscal aduanera. Denuncia planteada por Unión Médica Nacional el 3 de febrero, señala que calidad de equipos no protegen al personal en la atención de la covid-19.

Según datos publicados al 15 de diciembre, el dinero se destinó principalmente, a equipo médico para pacientes con covid-19 e insumos de protección para el personal de salud. 15 proveedores se repartieron el 62% del monto adjudicado por la Caja.

Ministerio Público también persigue eventual influencia contra la Hacienda pública en compras de emergencia por pandemia; delitos investigados se castigan hasta con ocho años de prisión.

Reclaman explicaciones y mayor transparencia; Sinae considera que Junta Directiva de la entidad debe ordenar investigación contra el jerarca.

Realizó transferencia el 7 de mayo a un banco en Delaware, Estados Unidos, y revisión del producto se hizo hasta el 13 de mayo. En agosto, Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, aseguró que “nada se pagaba” sin fiscalizarse.

A diferencia de adquisiciones de urgencia durante la pandemia, contratos serán gestionados a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y tendrán etapa de apelaciones para facilitar la detección de posibles irregularidades.

Exfuncionaria de la CCSS recibió, en julio, dos contratos para el suministro de más de un millón de tapabocas. Uno de los procedimientos se adjudicó en menos de 24 horas, con un solo oferente en el “concurso” y sin estudio de razonabilidad de precios