Buenos días: Compra de votos

Abiertamente, para agradar a 320.000 funcionarios (un 13 % de la fuerza laboral) a cambio de sus votos, el 6 de febrero del 2022, ponen pretextos para no votar la ley de empleo público, pues proyectan que mantener el derroche imperante en salarios de burócratas influirá en las urnas.

Quizás. Pero tal manipulación política atentará contra la conveniencia colectiva, la estabilidad de las finanzas públicas y la misma sostenibilidad de esos 320.000 funcionarios a los que engañan con pretextos.

Lo que no dicen los politiqueros es que, si se hunde la ley, el mismo statu quo se encargará de decidir, tarde o temprano, los despidos por falta de dinero para pagar decenas de sobresueldos, como los que llevan a un camionero municipal a ganar ¢3,7 millones, a una profesora universitaria a recibir ¢10 millones o a una secretaria a devengar ¢2,5 millones. Ejemplos abundan.

Mantener el estado de las cosas es ignorar que los ciudadanos son quienes pagan la factura, pues el Estado tendrá que endeudarse —¢6 billones este año— para financiar gastos. Si la deuda crece, es porque el costo de la planilla también. Dejar todo como está es tolerar que el 55 % del presupuesto nacional se financie con crédito.

Lo dijo la OCDE: Costa Rica es el país que más dinero destina a la planilla estatal, un 50 % de los ingresos por impuestos, mientras el promedio en el club es un 25 %.

No hacer nada posiblemente representará la compra de votos para los partidos, diputados en campaña o precandidatos presidenciales. Sin embargo, la consecuencia es gravísima para el ciudadano, porque si se pierde la oportunidad de crear un salario global en el sector público —que genere orden, justicia y ahorro—, la vulnerable estabilidad financiera se irá a pique.

Por eso, es momento de que los electores abramos ojos y oídos para detectar la manipulación y el populismo que venden algunos diputados en su intento por comprar votos.

amayorga@nacion.com