Estamos ante una grave situación económica y social, en un mundo muy convulso y sombrío debido a una serie de conflictos abiertos, inestabilidad política y desplazamientos forzosos.
La Unión Europea se prepara de emergencia contra el riesgo de nuevos cortes en el suministro de gas de Rusia y una posible hambruna se vislumbra en caso de que Moscú no permita abrir los puertos de Ucrania para exportar la producción de granos.
Estamos viviendo en un nuevo orden, donde imperan el cambio climático, la inseguridad alimentaria, movimientos en el tablero geopolítico global, una creciente carrera armamentista, desplazamiento de poblaciones e inestabilidad política.
El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia tiende a complicarse. La destrucción física y la pérdida de vidas humanas van en aumento. Los países de la OTAN están planeando subir sus presupuestos militares en un 2% del PIB y China un 7,1%, en un mundo lleno de grandes necesidades y contrastes.
Vivimos en un mundo multipolar, donde Washington no va a tener la hegemonía económica, tecnológica y militar. La guerra de Ucrania y Rusia está teniendo un alto costo en vidas, y también económico y social.
Costos económicos
Con la restricción de la oferta de Rusia y Ucrania de granos, petróleo, metales, aceites, gas y fertilizantes, la inflación mundial está creciendo aceleradamente, y afecta nuestra economía, que venía recuperándose de la crisis de la pandemia, el problema de los contenedores y la ruptura de las cadenas de producción.
La presión inflacionaria significará más precariedad económica y pobreza. El aumento en el precio de los alimentos y combustibles se convierte en una mayor inseguridad alimentaria e inestabilidad política en un mundo que necesita paz, salud y esperanza.
El aumento de los precios del petróleo afecta la inversión, el ingreso disponible, el consumo, la producción y nuestra capacidad de compra. Estamos en medio de una inflación que se acelera, una contracción del circulante, un aumento de los intereses, una reducción en el crecimiento y una inestabilidad social y económica que requiere una política social muy puntual, sacrificios y solidaridad.
Estanflación
Este año, el BCCR prevé entre un 3 y un 3,3% de aumento, cuando lo que necesitamos es crecer por lo menos un 5% anual en los próximos 10 años para revertir nuestra grave situación económica y social.
A 1,4 millones de costarricenses no les alcanzan los ingresos para vivir, y la desigualdad social va a seguir creciendo. Con una inflación que alcanza el 8,7%, la más alta de los últimos 10 años, las presiones de los sindicatos del sector público se exacerbarán, y solo si el gobierno mantiene una posición firme evitaremos una inflación descontrolada, que castigaría mayormente a los más vulnerables.
Todo ajuste en los salarios debe manejarse con lupa para evitar una inflación galopante. El BCCR está recogiendo circulante aumentando el encaje y la tasa de política monetaria, lo que golpea el costo y disponibilidad de recursos para todas las empresas y costarricenses.
Tenemos 770.000 personas que deben $5.000 millones y no generan dólares, que, con la creciente devaluación, están viendo cada vez más reducida su capacidad de pago.
La agenda pendiente
Contra la inflación importada quedan pocas opciones. Debemos reducir el gasto público, mejorar la recaudación de impuestos y conseguir recursos de instituciones multinacionales para dirigir más recursos a los más vulnerables.
Hay que eliminar programas duplicados, aumentar la productividad de las empresas públicas y exigir mayor transparencia y rendición de cuentas. Para reducir costos, debemos lograr mayor competencia en el mercado, con más oferentes en un mercado transparente y ordenado, fortaleciendo la Coprocom con mayores recursos humanos y operativos.
Tenemos que estandarizar las aportaciones a los regímenes de pensiones para evitar los actuales privilegios y regular la presión que están haciendo los operadores de los fondos sobre el valor del dólar.
Urge reforzar las reservas monetarias del BCCR aprobando los créditos externos pendientes en el Congreso, renegociar el acuerdo con el FMI, tener mano firme en la aplicación de la regla fiscal y la ley de empleo público.
Hay que buscar ayuda para refinanciar a los deudores en dólares que tienen ingresos en colones. Debemos aprobar una emisión de eurobonos por $2.000 millones para hacerle frente al vencimiento de una deuda de $1.250 millones el año entrante.
Se deben fortalecer los programas de avales, capital semilla y asistencia técnica a las pymes, que son el 98% del parque empresarial.
El autor es ingeniero.
