Columnistas

Aligerar la carga a los costarricenses

Hay un aspecto negativo en el que nuestro país supera al resto de los miembros de la OCDE

Uno de los más graves problemas nacionales es la manía de resolver los problemas con más trámites, requisitos y condiciones.

La mentalidad burocrática causa que el costo de la legalidad aumente exponencialmente, es decir, encarece —sea en horas de trabajo o dinero— el que las personas puedan mantenerse al día con el cúmulo de exigencias que las autoridades les demandan para operar: permisos, patentes, impuestos, cargas públicas, tasas, multas, honorarios profesionales, tiempos de espera y el resto de gestiones, generalmente menores, que se exigen para trabajar, emprender, sostener una empresa o simplemente vivir en el país.

Mucho de ese costo se difumina en acciones improductivas que no agregan valor ni encadenamiento creativo, ni tienen como resultado la generación de algún bien tangible para la sociedad.

Peor aún, aparte de infecundo, obstaculiza la productividad, lo que es un daño aún mayor que la simple esterilidad, pues, como sostiene Hernando de Soto, las sociedades prósperas son aquellas donde es más fácil cristalizar ideas, anhelos y aspiraciones empresariales.

Las sociedades se empobrecen cuando es difícil materializar lo que sueña. Es una relación proporcionalmente inversa: cuando más fácil resulte ejecutar nuestras quimeras, mayor prosperidad para las sociedades; y cuanto más difícil sea, menor es la prosperidad.

En el caso de Costa Rica, es preocupante. Según una actualización del indicador de regulación del mercado de productos de la OCDE, el nuestro está sujeto a regulaciones más estrictas que el resto de los miembros de la OCDE, al punto que referentes latinoamericanos como Chile, México y Colombia muestran un desempeño significativamente mejor que el nuestro.

Existen múltiples alternativas para disminuir el costo de legalidad. Una de ellas es eliminar miles de leyes obsoletas —alrededor de 4.000—, muchas de las cuales no son eficaces, pues la conducta que regulan ya no tiene vida en el quehacer social y más bien entorpecen la vida productiva.

En materia tributaria, es posible fusionar y simplificar, cuando menos, 31 impuestos, porque sale más cara la recaudación que lo que ingresa al fisco. Hacienda debe determinar el costo de administración de estos y, de ese modo, lograría una mejor gobernanza del sistema tributario, equidad y eficiencia.

El gasto tributario en el 2021, según los últimos estudios, ronda el 4,73% del PIB, por tanto, es indispensable una reforma que elimine las rentas que explican el 12% de los ingresos que alcanzan menos del 0,5% del PIB. Es posible trasladar el monto resultante mediante la fusión o la reforma de pequeños tributos.

En materia financiera, es necesario corregir prácticas que limitan la competitividad, por ejemplo, la absurda práctica de ejecutar una doble supervisión a la hora de recibir fondos que provienen de bancos extranjeros registrados en el catálogo del Banco Central como entidades de primer orden.

Es indispensable modernizar los métodos de recepción de fondos de capital extranjero, para lo cual basta con simplificar los métodos de verificación y registro del origen del dinero, ajustándose a un estándar internacional, en el cual se acepte la confirmación de la legitimidad de los capitales hecha por los bancos internacionales según el registro del Banco Central en el catálogo de primer orden.

Los fondos que provengan de esos bancos serían aceptados por la banca nacional sin exigir la doble supervisión, algo que ni siquiera exige la OCDE y con lo cual se pierde competitividad en atracción de inversiones.

En materia ambiental, es posible establecer mecanismos modernos de gestión, como el permiso integral ambiental, con hojas cartográficas ambientales, constituyendo las categorías regionales, a efectos de facilitar los trámites sin amenazar los ecosistemas.

Otro ejemplo sencillo para bajar el costo de legalidad es reformar el mecanismo de registro de transparencia de accionistas. Es absurdo que cada año se obligue a los ciudadanos a declarar lo mismo si no ha habido cambios en la propiedad de sus acciones.

Ese registro debe hacerse únicamente en dos circunstancias: cuando se constituye la empresa o cuando hay cambios en la propiedad o posesión de las acciones sociales.

Igualmente, está la necesidad de crear una ventanilla única de gestión ciudadana que se extienda hacia otras áreas de gestión y trámites, en lugar de la ventanilla única de inversiones.

También, es necesario un análisis de eficacia y evaluación de las regulaciones, aspecto que incluye la conveniencia de una directriz presidencial para que el Ministerio de Economía, en conjunto con el Mideplán y Hacienda, lleve a cabo un inventario de regulaciones y trámites con el fin de ofrecer acciones concretas en función de tres objetivos: 1) mejorar los procedimientos que ya existen; 2) dar recomendaciones para sustituir esos trámites, regulaciones o procedimientos por mecanismos más ágiles; y 3) o bien, que dichas sugerencias tengan el objetivo de eliminarlos del todo, fundamentando por qué el trámite, la regulación o el procedimiento no es necesario.

En fin, lo señalado en este artículo son solo algunas de las múltiples soluciones para salir del problema de la inflación legal que sufrimos.

fzamora@abogados.or.cr

El autor es abogado constitucionalista.

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